El déficit de personal sanitario en las residencias de la Región de Murcia se agrava en verano

El problema, en cualquier caso, no se circunscribe a los médicos. «Tenemos muchas dificultades para cubrir Enfermería, porque las bosas de trabajo se agotan. Los profesionales prefieren irse al Servicio Murciano de Salud (SMS), donde tienen menos carga de trabajo y mejores retribuciones, aunque las hemos ido igualando», admite José Miguel Marín, presidente de la Asociación de la Dependencia de la Región de Murcia (Adermur), que representa a las residencias privadas y concertadas. Lo mismo ocurre con los auxiliares de Enfermería (TCAE). En los centros residenciales para mayores, muchos TCAE son contratados como gerocultores, «pero les llaman del SMS y se van, y eso nos genera un quebranto tremendo», confiesa Marín.

Aunque es en verano cuando más problemas se generan por la necesidad de cubrir las vacaciones, las dificultades para encontrar personal cualificado son estructurales. «Es una de las cuestiones que hemos planteado a la Consejería de Política Social en la comisión técnica sociosanitaria», explica el presidente de Adermur. Uno de los principales incentivos para irse a la sanidad pública es la puntuación de cara a las bolsas de trabajo, y contra eso es difícil competir, lamenta Marín.

Pero también en algunas residencias públicas del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) hay dificultades este verano. «En Lorca se ha cubierto solo a una de las seis enfermeras a las que había que sustituir», advierte Mercedes García Herrero, secretaria de Organización de Satse. Mientras, en el centro para personas con discapacidad de Cieza hay dos puestos sin cubrir, explica. Herrero denuncia que se ha quedado además sin sustituir el fisioterapeuta, que está de baja.

Política Social señala que el IMAS ha realizado «contratos de refuerzo» para poder aplicar la nueva jornada de 35 horas, y «en estos momentos continúa realizando los llamamientos correspondientes para cubrir las plazas vacantes». «Incluso se ha realizado una reorganización de turnos para garantizar la prestación del servicio», añaden desde la Consejería.

Miguel Ángel López, secretario general de la Federación de Sanidad de CC OO, advierte de que precisamente la contratación de enfermeros y TCAE en el sistema público tras la reducción de la jornada a 35 horas ha mermado las plantillas de algunas residencias privadas y concertadas. «Hay profesionales que se han pasado en julio a la sanidad pública después de años en las residencias», señala. Reemplazar a estos sanitarios no está siendo fácil.

Para algunos expertos, todos estos problemas que resurgen en verano ponen en evidencia las lagunas del actual modelo residencial. El decreto que fija en la Región de Murcia los requisitos mínimos de las residencias en materia de personal obliga, en el caso de la atención médica, a ofrecer «una prestación mínima de una hora» cuando haya hasta 40 plazas para mayores dependientes. Conforme se incrementa el número de usuarios, el tiempo de prestación también debe ser mayor. «Se considera que las residencias no son centros sanitarios, y por tanto el médico solo tiene una labor de control de la medicación y supervisión. Se asume que la atención sanitaria directa es responsabilidad del sistema público», subraya Abel Novoa, quien dirigió durante la pandemia el grupo de Coordinación Regional Estratégica para la Cronicidad (Corecaas).

La mayoría de residencias privadas ofrecen horarios de atención médica más amplios de los previstos en los requisitos mínimos. «Las familias lo exigen, y se oferta como un servicio más», señala Novoa. Pero no hay ninguna ley que les obligue a ello y además se mantiene un modelo en el que la atención recae en última instancia en el sistema de salud. «Un médico no tiene capacidad para atender a 50 personas con demencia avanzada. Hay una contradicción entre el perfil de personas que están en una residencia, que son muy dependientes y enfermas, y lo que exige la normativa», resume el exresponsable del Corecaas, que actualmente preside la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública (ADSP).

En cuanto a Enfermería, el personal con más experiencia y cualificado termina muchas veces marchándose a la sanidad pública. «Las condiciones económicas en las residencias son peores, y puntúa menos el tiempo trabajado. Las bolsas de trabajo llevan a que, de manera natural, las enfermeras se vayan al sistema público», explica Novoa.

Más allá de los distintos puntos de vista, todos coinciden en la necesidad de avanzar en una auténtica coordinación sociosanitaria. «Si los profesionales de la Atención Primaria no se implican en las residencias, vamos a tener un problema», advierte José Miguel Marín, presidente de Adermur. Hay en marcha algunas experiencias piloto en centros de salud y residencias que buscan «paliar en la medida de lo posible el déficit y la falta de coordinación que históricamente ha habido». No va a ser fácil, y menos en verano, cuando «tampoco hay médicos para cubrir Primaria», admite Marín.

La Consejería de Política Social destaca «el trabajo coordinado con Salud», y defiende que «los más de 5.000 mayores que forman parte de la red de centros de atención residencial de la Comunidad tienen asegurada una asistencia integral individualizada en materia socio-sanitaria, y disponen de un médico adscrito al centro de salud de referencia que proporciona asistencia sanitaria si así se requiere». Las residencias también pueden contar con ambulancias medicalizadas cuando «sea necesario».