El déficit de personal y la pandemia disparan la espera para la dependencia a 16 meses

La falta de personal, especialmente de evaluadores, y las limitaciones derivadas de la pandemia de la Covid, que complicaron las visitas a los domicilios durante meses, están detrás de esas demoras, que desesperan a usuarios y a los propios técnicos y profesionales. La Consejería de Política Social, que limita las demoras en la dependencia a un año, se ha comprometido a rebajar esos retrasos con la contratación de un equipo de 25 evaluadores que refuercen el servicio. «Ya se han incorporado nueve profesionales de un equipo de hasta 25 que tiene previsto contratar el IMAS hasta finales de año, lo que va a permitir reducir en unas 4.000 personas las listas de espera de aquí al 31 de diciembre».

Las personas en situación de dependencia esperan en la Región de Murcia, de media, 485 días para empezar a recibir las ayudas y servicios previstos en el sistema, pese a que la ley fija en 180 días (seis meses) el plazo máximo para la resolución de los expedientes. Se trata de una demora superior al promedio nacional (situado en 430 días).

La Región es la séptima comunidad con mayores demoras en el acceso a la dependencia, de acuerdo a los datos facilitados por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Las estadísticas han sido recopiladas por dicho colectivo, que lamenta en su informe que «el impacto de la Covid, el complejo procedimiento y el hecho de que el Ministerio no incremente el presupuesto han hecho retroceder la resolución de expedientes. Hace solo un año, la espera media en la Región era de 479 días, según el mismo estudio.

«La demora media se ha disparado, son muchos los usuarios que tienen que aguardar un año y medio, y lo mismo ocurre en el caso de la discapacidad, con demoras de un año», explican varios trabajadores sociales. Los mismos plazos calcula Juan Guirado, secretario general de Política Social de UGT, quien achaca la demora a la falta de personal. También a los propios procedimientos, ya que las valoraciones deben hacerse a domicilio (en el caso de la dependencia) y con un equipo multidisciplinar cuando se trata de discapacidad. En el primer caso, la pandemia ha complicado esas visitas.

La consejera Isabel Franco, quien hace unos días denunció que el incremento de los fondos estatales para dependencia es, «a todas luces insuficiente», reclamó en el Consejo Territorial de Dependencia que «se procure un modo más eficiente de trabajar, como las valoraciones no solo a través de las visitas, que retrasan el proceso, sino por informes y teleconferencias, revisando los tiempos de valoración, además del fomento del uso de nuevas tecnologías en el trabajo diario de los equipos».