El Defensor del Pueblo registra en la Región de Murcia al menos 18 casos de abusos sexuales a menores en el ámbito de la Iglesia católica

La Diócesis de Cartagena aseguró tener constancia tan solo de ocho casos, ocurridos desde 1969 hasta la actualidad. Además, también indicó que de los agresores que reconoce el Obispado, siete eran sacerdotes y uno laico. Pese a no coincidir con los datos que maneja el Defensor del Pueblo, este organismo destacó al Obispado en su informe por «la calidad de sus datos». Del mismo modo, resaltó que la Diócesis se encuentra también entre las pocas que reconocen haber pagado indemnizaciones. Abonó 47.000 euros tras un procedimiento canónico y 25.000 tras un procedimiento penal civil.

Por otro lado, de los casos que ha podido verificar el Defensor del Pueblo, se ha conseguido confirmar el municipio en el que se perpetraron catorce de estos abusos sexuales en la Región de Murcia. Así, el informe refleja un caso en la Basílica de la Asunción, en Cieza; otro en Archena, concretamente en la iglesia de San Juan Bautista de Archena; también hay un caso registrado en la iglesia de San Antonio Abad y otro en la parroquia San Vicente de Paúl, ambas de Cartagena; además hay otro en la parroquia de Abarán.

Del mismo modo, el Defensor del Pueblo tiene conocimiento de un caso ocurrido en un hospicio de una localidad de la Región que no se ha identificado; otro sucedido en la parroquia de El Garrobillo, en Lorca; uno más en la parroquia San Pedro Apóstol de la localidad de San Pedro del Pinatar, así como uno notificado en el seminario Menor San José de Santomera.

Además, del informe se desprende que el municipio de Murcia es en el que más casos registrados de abusos sexuales comprobados hay. Incluye el ocurrido en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Puente Tocinos (Murcia); uno en un centro del Opus Dei; otro en el Colegio de La Fuensanta; también uno en el Colegio Marista La Merced y finalmente otro en el convento de Carmelitas Descalzas.

En mayo de 2020 se constituyó la Oficina de recepción de denuncias y atención a víctimas de abuso sexual en la Diócesis de Cartagena. Dos años después, el obispo José Manuel Lorca Planes pidió «tolerancia cero» ante los abusos a menores y defendió que «si alguien ha cometido un pecado horrible de este tipo, es evidente que eso hay que curarlo y hay que abrirlo a la justicia humana y divina».

La encuesta realizada por GAD3 para el Defensor del Pueblo, institución que ha investigado el problema en cumplimiento del mandato del Parlamento, refleja que entre 236.000 y 445.000 adultos españoles sufrieron abusos sexuales dentro de la Iglesia católica cuando eran menores de edad. Según el informe, un 0,6% de la población interrogada fue agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico, proporción que sube a un 1,13% si los abusos se miden dentro del «ámbito religioso», lo que incluye por ejemplo a catequistas, monitores y profesores que trabajan en entidades dependientes del clero.

«Durante mucho tiempo [las autoridades eclesiásticas] han permanecido inactivas ante la realidad de los abusos sexuales y no han realizado los esfuerzos necesarios para proteger a los menores», argumenta el informe, que recomienda la creación de un fondo estatal para conceder indemnizaciones a las víctimas de abusos, fondo en el que la Iglesia deberá tener un papel «fundamental».

El informe no hace una extrapolación estadística de las conclusiones de la encuesta. Es más, Gabilondo se negó a cuantificar en repetidas ocasiones el número de damnificados, pero del trabajo sociológico se desprende que la magnitud del fenómeno alcanza a cientos de miles de perjudicados. Si se va más allá, se observa que un 11,7% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido abusos sexuales antes de cumplir los 18 años. Y un 3,36% sostiene que esa agresión aconteció en el ámbito familiar. De todos interrogados que admiten haber padecido agresiones, un 5% habrían estado perpetradas por clérigos, si se continúa con las proyecciones.

«Los testimonios recogidos revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en la vida de personas concretas», deploró Gabilondo, quien arguyó que de la Iglesia cabe esperar «ejemplaridad».

En lo que concierne a las entrevistas con los damnificados, los expertos de la Unidad de Atención de Víctimas que creó la institución han recabado «información relevante sobre 487 víctimas». De ellas, tres cuartas partes (el 84%) son hombres. A la luz de esos testimonios, las víctimas confiesan haber tenido problemas emocionales y de conducta. Si se atiende al informe, un tercio de ellas «señaló haber tenido síntomas de estrés postraumático y, algunas de ellas, habían experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza, de estigmatización y de acción suicida».

El Defensor del Pueblo recibió el encargo de investigar los abusos sexuales en la Iglesia en marzo de 2022, de modo que ha tardado 18 meses en presentar el resultado de sus indagaciones. Para Gabilondo, es tiempo suficiente, pues llega un momento en que las investigaciones no aportan información nueva, lo que en términos técnicos se llama «concepto de saturación». «Mentiría si dijera que ha habido una colaboración extraordinaria por parte de jerarquía eclesiástica», dijo Ángel Gabilondo, quien pidió a la cúpula católica la celebración de un acto simbólico de homenaje y reparación a las víctimas. «Espero no quedarme solo», apostilló el titular de la institución.

Hasta ahora, los únicos datos aportados por la Iglesia se basan en el informe 'Para dar luz', que se publicó en junio y en el que los obispos reconocían 728 casos de agresiones, con el resultado de 927 víctimas. Son en todo caso dados incompletos, ya que no contabilizan los supuestos que llegaron desde 2019 a las oficinas de atención a las víctimas, creadas por orden del Vaticano. Este lunes los obispos tendrán la oportunidad de explicarse, toda vez que han convocado una asamblea extraordinaria para estudiar el asunto.

Gabilondo lamentó que la respuesta de la Iglesia haya estado caracterizada durante años por la «negación o «minimización del problema». El documento, de 777 páginas, subraya además que algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la ocultación, sino incluso a «presiones» y reacciones de clérigos que las culpabilizaban de lo ocurrido.

El informe propone una veintena de recomendaciones, entre las que destaca la de «celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020». Gabilondo consideró «insuficiente y dilatoria» la respuesta de la Iglesia a las víctimas y censuró decisiones adoptados por el clero como el traslado de personas abusadoras a otras parroquias, centros docentes e incluso su envío al extranjero. Gabilondo alegó que ha intentado contactar con todos los prelados, pero no todos se han mostrado dispuestos a colaborar. «Alguno nos ha reñido, aunque también otros lo han hecho bien».

Las críticas del Defensor trascienden la jurisdicción eclesial. Denuncia que los poderes públicos no fueron lo suficientemente diligentes a la hora prevenir, detectar y reaccionar frente a los abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia. No en balde, solo a partir de 2021 se introdujeron mecanismos de prevención y detección.

Para la institución, la Iglesia debe arbitrar los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, con el fin de procurar tratamiento a las víctimas o familiares si así lo piden. Y que es la aplicación del derecho canónico se ha mostrado ineficaz y ha «conducido no pocas veces a la soledad, el silenciamiento, el secreto o la indefensión».