Educación sortea la 'ley Celaá' y no define zonas escolares en el decreto de admisión

El borrador de decreto establece que la Consejería «oídas las administraciones locales, establecerá y delimitará, para los procesos de admisión convocados cada curso, las áreas o zonas de escolarización en la Región, a fin de garantizar la aplicación de los criterios prioritarios de proximidad al domicilio, cubriendo en lo posible una población socialmente heterogénea». Sin embargo, no marca esas zonas, y la voluntad del Gobierno regional es mantener una zona por municipio como hasta ahora, para los padres puedan seguir eligiendo centro libremente idependientemente de la zona en la que vivan.

Las aportaciones supuestamente voluntarias que las familias de muchos de los colegios concertadas realizan quedan expresamente prohibidas en el borrador. En realidad, esas aportaciones nunca han estado permitidas por la ley, pero los centros suelen camuflarlas como aportaciones voluntarias, en muchos casos a fundaciones y asociaciones vinculadas a los centros, y la Administración no realiza ningún control. Con todo, el decreto es más explícito por primera vez sobre la práctica (también prohibida por la Lomloe), y establece que «en ningún caso los centros públicos o privados concertados podrán percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos». Con ese artículo, el Gobierno regional estrecha el cerco sobre las aportaciones, ya que prohíbe las fórmulas que se utilizan para camuflarlas y por primera vez las censura de forma explícita.

El decreto establece además nuevos criterios para el reparto de plazas de Bachillerato en los centros que lo tienen concertado. La distribución de esas plazas genera problemas, ya que algunos colegios tienen más líneas de cuarto de la ESO subvencionadas que en Bachillerato. El borrador marca que las plazas tendrán que repartirse de acuerdo a los criterios de admisión. «Los centros cuyo número de plazas concertadas en primer curso de Bachillerato sea inferior al número de puestos ocupados en cuarto de ESO deberán comunicar por escrito a las familias de los alumnos sobre esta circunstancia, solicitando la confirmación por escrito de su intención respecto a la escolarización el curso siguiente de sus hijos. En el caso de que superen las plazas concertadas disponibles, se establecerá un orden de prelación en función del baremo para la admisión a los centros con fondos públicos».