Los deberes educativos de la legislatura

«Es el momento de abordar la elaboración de una nueva Ley de Universidades, y lo vamos a hacer con la participación de todos los agentes implicados», dijo el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en septiembre de 2017, durante el acto de apertura del curso universitario. Sus declaraciones ese día trataban además de disculpar el retraso de sus predecesores en el Gobierno regional y la Consejería de Universidades, que no han sido capaces de encontrar en estos cuatro años de legislatura el momento adecuado para sacar adelante la Ley Regional de Universidades, una de las asignaturas relacionadas con la educación media y superior que han quedado pendientes de superar estos cuatro años.

La ley, esbozada y guardada en el cajón en varios momentos de la legislatura que ya termina (y de la anterior) llegó a ser un bosquejo e impulsó varias reuniones entre los representantes de las dos universidades públicas de la Región -la de Murcia (UMU) y la Politécnica de Cartagena (UPCT) -y la privada UCAM, pero este curso ya se dio por sentado -de hecho así lo admitió el propio presidente de la Comunidad en la apertura de este año académico, dos años exactos después de su primer compromiso, que no quedaba margen para sacarla adelante.

La redacción de la ley estaba llamada a provocar el enfrentamiento, al encarar una cuestión tan polémica como demandada: la elaboración del mapa de títulos y la duplicidad entre las universidades públicas y privadas. Un clima crispado que se ha evitado al 'archivar' la ley, que debía actualizar la de 2005, desfasada por los cambios de la normativa nacional, y que ahora el Gobierno ha planteado reformar también, lo que de alguna manera ampara el retraso regional. La ley murciana pretendía cargar las tintas en la creación de nuevos mecanismos de control y supervisión de la gestión económica de las instituciones, la creación de nuevos centros y titulaciones y la potenciación del Consejo Interuniversitario como órgano mediador de las tres universidades. La estabilidad financiera de las dos universidades públicas, de momento garantizada con el plan plurianual de financiación un año más, también quedará resuelta con la norma, que tendrá que esperar al nuevo gobierno.

La legislatura termina también sin el corte de cinta del Campus de Ciencias de la Salud en El Palmar, que acumula un retraso de lustros a pesar de la velocidad de crucero que ha cogido en los últimos meses, superados ya los obstáculos iniciales. El traslado definitivo de los alumnos de Medicina a los nuevos aularios de El Palmar, fijado en un principio para 2014, también tendrá que esperar pues a la próxima etapa.

En enseñanza no universitaria, la publicación del último registro sobre abandono escolar hace solo unas semanas ha tirado por tierra los discretos avances de los últimos cuatro años. Según esa última estadística publicada por el INE, uno de cada cuatro jóvenes murcianos abandona el sistema educativo sin alcanzar los niveles de formación mínimos que la Unión Europea y la OCDE consideran necesarios para afrontar con garantías su inserción en el mercado laboral. Después de todos los esfuerzos realizados en los cuatro últimos años (clases de apoyo, empuje a la FP, programas de repesca de alumnos que lo han dejado...) la legislatura termina como empezó, con un holgado 24,1% de chicos de entre 18 y 24 años que dejan el instituto sin completar la Educación Secundaria de segunda etapa y que no siguen ningún tipo de formación. El porcentaje está muy por encima del 17,9% de media nacional (el registro más bajo de la década), y del 11% europeo.

El enquistamiento del déficit formativo de los jóvenes murcianos preocupa a las autoridades educativas, a los padres de alumnos y a los docentes, y aleja hasta casi el imposible a la Región del objetivo de la Estrategia Europea 2020, que pasa por bajar hasta el 15% el abandono prematuro de los estudios sin la formación necesaria para enfrentar el mercado laboral. El problema, muy vinculado al modelo económico regional, se ha convertido en una cuestión de gobierno que no solo atañe a la Consejería de Educación, que no ha sido capaz de crear un clima favorable para empezar siquiera a negociar el pacto regional por la educación, prometido al comienzo de la legislatura y olvidado por imposible. Las relaciones entre los partidos para sacarlo adelante se rompieron en la etapa de la anterior consejera, Isabel Sánchez-Mora.

La marcha atrás de los recortes impuestos a la enseñanza en 2012 por el exministro Wert tampoco se ha completado, con el argumento de la deficitaria financiación autonómica. Entre tanto, docentes y familias siguen descontentos por las ratios elevadas (aunque en los cursos de Infantil y Primaria llevan tres cursos bajando) y las jornadas docentes que otras comunidades ya han reducido. En el haber, las abultadas convocatorias de plazas publicadas en los tres últimos años han dado cierta estabilidad al sector y han comenzado a rebajar la tasa de interinidad en colegios e institutos. La atención a la diversidad también quedó tocada por los recortes, y según las familias, en pie de guerra desde hace dos años, aún no se han repuesto sus recursos.

Renovar y enlucir el avejentado parque de colegios e institutos, castigados por el paso de los años, el uso intensivo al que los someten niños y adolescentes y el recorte en el presupuesto para gastos de mantenimiento, no es tarea de cuatro años, pero los avances, evalúan los sindicato y familias, han sido mínimos. Con todo, la Consejería de Educación preveía invertir este curso veinte millones de euros en adecentar 116 centros educativos y ampliar o someter a reformas integrales cinco colegios y dos institutos.

El ambicioso plan de climatización de centros presentado por el Gobierno regional en junio de 2017, que contemplaba la inversión de 18,5 millones de euros, sigue pendiente de que se completen las auditorías energéticas que deben realizar la Consejería de Educación y la de Industria. Hasta la fecha, se han realizado una treintena de auditorías, y han comenzado a elaborarse los pliegos para las redacciones de proyectos. Entre tanto, se han invertido 400.000 euros para mejorar la climatización de 70 centros con toldos, aparatos de climatización y ventiladores. La retirada de las cubiertas de amianto en 138 centros educativos quedará también pendiente para el el nuevo gobierno que, desde el 28 de abril, tome la riendas de la educación primaria, media y universitaria en la Región.