La cúpula de la Comunidad de Regantes de San Felipe Neri ignora cómo se pagó su sede

«Yo no entendía de dónde iba a salir el dinero». La frase corresponde a Emiliano Riquelme, presidente de la Comunidad de Regantes de San Felipe Neri, en la Vega Baja del Segura, que no pudo hacer otra cosa que encogerse de hombros cuando este lunes prestó declaración, en calidad de imputado, en el caso del presunto fraude multimillonario de las obras del AVE a Murcia. Y es que no fue capaz de explicar de dónde salieron los fondos para que esa entidad construyera un edificio que fue presupuestado en casi 380.000 euros y que, tal y como ahora se sospecha, procedieron del descomunal saqueo a los fondos de la alta velocidad que se investigan en el llamado 'caso César'.

Según confirmaron fuentes próximas a estas diligencias, Emiliano Riquelme aseguró, a preguntas de una fiscal anticorrupción desplazada desde Madrid, que había sido el ingeniero José Manuel Fernández Pujante -investigado como presunto cerebro de la malversación multimillonaria- quien se había encargado de todo lo relativo a la contratación y ejecución de los trabajos de reposición de acequias y azarbes afectadas por las obras del AVE. A cambio de ese control absoluto sobre esas tareas, que en apariencia le permitió enriquecerse personalmente, Fernández Pujante se habría preocupado de tener satisfechos a los directivos de la Comunidad de Regantes de San Felipe Neri y de «callarles la boca», a juicio de los investigadores, con la construcción de una nueva sede y otros «regalos», como el talón de 50.000 euros que entregó a la institución.

«El ingeniero Pujante es el que se encargó de todo», llegó a manifestar Riquelme, según las fuentes citadas, y reconoció que «no sabía de dónde iba a salir el dinero. Dijo que iba a ahorrar dinero para hacer esa obra». Por último, el máximo representante de estos regantes de la Vega Baja habría esbozado una especie de disculpa al señalar que «no sabía que el dinero era de las obras de la alta velocidad».

En similares términos se pronunció su secretario, José Luis Salcedo, quien también declaró en calidad de imputado y confirmó que la propuesta de construir un nuevo edificio para la comunidad de riegos fue de Fernández Pujante. «Pensamos que la iba a pagar su empresa, Liberitas», aseguró, aunque no explicó por qué motivo iba a hacer tal cosa el ingeniero. Tampoco supo dar alguna razón sobre el talón de 50.000 euros que igualmente le regaló a la entidad.

«Le dimos vía libre porque había confianza», habría llegado a admitir en un intento de excusarse.

Este mismo lunes también prestó declaración como investigado el ex director general de Grandes Proyectos de Adif, Luis María Pérez Fabregat, que viene a ampliar la ya muy amplia nómina de antiguos responsables del ente público de Fomento encausados por su presunta inacción, cuando menos, frente al tremendo desfalco que se produjo en las obras del AVE a la Región. Los investigadores de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera, coordinados por la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, Olga Reverte, han recabado múltiples pruebas que apuntan a que parte de la cúpula de Adif en los años 2013 y 2014 pudieron recibir datos que apuntaban a que los trabajos de la alta velocidad estaban preñados de irregularidades, sin que supuestamente se tomaran medidas para atajar esa situación.

Las estimaciones de los investigadores apuntan a que la trama montada en torno a la línea del AVE Crevillente-Murcia podría haber servido para desviar por encima de 60 millones de euros.