La crisis climática obligará a hacer fijas las medidas especiales contra la sequía en la cuenca del Segura
El catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Ángel Menéndez, reclama que el Plan Hidrológico Nacional dé respuesta al déficit hídrico
La cuenca del Segura se enfrenta a un futuro de periodos de sequía más prolongados en el tiempo y una reducción de los recursos hídricos ... propios de la demarcación de entre el 20 y el 30%. Esa menor disponibilidad de volúmenes de agua en el río y sus afluentes a causa del cambio climático podría conllevar la puesta en marcha de forma permanente de medidas restrictivas o de compensación que hoy en día están pensadas para cuando se deba activar el Plan Especial de Sequía ante una caída drástica de las reservas. Esto es, «convertir en ordinarias las medidas que hasta ahora estaban reservadas para periodos de sequía».
Este fue uno de los apuntes que el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Ángel Menéndez Rexach, ofreció durante su ponencia inaugural en el II Congreso Internacional sobre Derecho de la Biodiversidad, organizado por el Instituto Universitario de Investigación en Bioderecho (IUIB-CEBES) de la Universidad de Murcia. «Si los recursos a utilizar en situaciones de sequía ahora se usan en situaciones de normalidad, que son más secas, quiere decir que en periodos críticos habrá menor disponibilidad», alertó el experto, 'padre' de leyes como la de aguas, la de costas o la reforma del régimen del suelo en el siglo pasado.
Menéndez Rexach hizo un repaso a la diversa normativa actual en materia de cambio climático y agua en España, donde incidió en la necesidad de que la planificación hidrológica de cada cuenca preste cada vez más atención e integre medidas de adaptación frente a la crisis climática.
El catedrático abrió el debate sobre por qué el texto refundido de la ley de Aguas en España no refleja una regulación específica para las sequías y las inundaciones: «El Plan Nacional de Cambio Climático solo prevé pequeños ajustes en el reglamento y en la instrucción de planificación hidrológica en el texto refundido para dar una cobertura a la regulación de la sequía. Tampoco se ha avanzado más. Hace unos años hubo un intento de modificar el texto refundido en relación con el régimen concesional (autorizaciones para el uso privativo de recursos hídricos), donde yo sí creo que es necesaria una modificación no sustancial».
Déficit estructural
El déficit hídrico en la cuenca del Segura fue otro tema de la ponencia, un asunto en el que Menéndez recordó que el actual plan hidrológico «dice claramente que la situación de escasez estructural de la cuenca del Segura no se puede resolver desde la propia cuenca, es decir, que no tiene recursos suficientes». Apuntó que esa falta de agua imposibilita «la explotación a largo plazo de las zonas de regadío» en la Región de Murcia y provincias vecinas. El catedrático añadió que no hay demarcación en España que no le ocurra lo mismo: «Esto es una llamada clarísima al Plan Hidrológico Nacional, para que dé una respuesta».
Sin embargo, desde las administraciones se ha establecido, respecto a ese documento, un «silencio», opinó, ante las demandas de distintas demarcaciones por resolver el viejo déficit. «Ya sabemos lo que supone cualquier previsión de transferencia; es un problema político que hay que resolver (como ocurre con el Trasvase Tajo-Segura), no se le puede dar la espalda», enfatizó el también miembro de la Cátedra del Agua de la UMU.
«El trasfondo lo conocemos todos. Las cuencas cedentes se quejan porque no quieren ceder agua al estar menos favorecidas y más despobladas», al tiempo que argumentan que «se vive mejor en el Mediterráneo, donde hay más posibilidades» para obtener recursos adicionales como la desalación. «Es un problema global muy serio», subrayó Menéndez, quien pide no dejar «en el aire el interrogante de si el cambio climático modificará este escenario».
La adaptación de la planificación y gestión del agua al cambio climático «no es sólo una opción», es un mandato legal». Los planes hidrológicos de demarcación tienen que «identificar los riesgos y proponer las medidas para reducir su impacto», explicó. «La hoja de ruta está marcada en la legislación y en las directrices políticas y administrativas. Algunas son vagas, demasiado abstractas, pero están marcadas. Hay que seguirlas, sabemos lo que tenemos que hacer en la tarea cotidiana de las administraciones públicas y de los ciudadanos, porque todos también somos responsables», pidió el catedrático.
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