Llueve sobre mojado. La pandemia ha dado la puntilla a una administración de justicia lastrada. El confinamiento y la paralización de la actividad durante ... meses solo empeoraron los problemas de unos juzgados ya atenazados por una litigiosidad incesante y una falta endémica de medios. El último informe 'Justicia dato a dato', que publica anualmente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), confirma las peores previsiones. La Covid ha agravado unos retrasos cada vez más difíciles de digerir. Los juzgados civiles, por ejemplo, han aumentado la tramitación de sus asuntos en más de un mes y repiten como los más lentos del país.
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Si usted es uno de los muchos murcianos que aguarda, a día de hoy, el devenir de un procedimiento en los juzgados de lo Civil de la Región –de Primera Instancia o de Familia– más vale que se arme de paciencia. Su asunto se hará esperar una media de 11,3 meses, de acuerdo a los datos que maneja el Poder Judicial.
La duración media de los asuntos en estos órganos, por los que pasan desahucios, reclamaciones de deudas, daños y perjuicios ocasionados por accidentes de tráfico, tramitaciones de separaciones y divorcios, establecimiento de pensiones de alimentos para los hijos..., ha ido 'in crescendo' en los últimos años y en 2019 era de 10,1 meses, un mes menos que actualmente.
La espera queda bastante alejada de la que sufren los manchegos (10,3 meses), que ocupan el segundo puesto en esta lista negra, e incluso duplica el tiempo medio de respuesta que estos órganos consiguen en otras regiones, como Asturias (5,1), Navarra (5,3) o La Rioja (5,9). La media nacional es de 8,4 meses, casi dos meses y medio de espera menos que en la Región.
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En segunda instancia la duración media de los asuntos también vivió el pasado año un nuevo repunte impulsado por la pandemia y la paralización de la actividad judicial. De acuerdo con los datos que maneja el Consejo, la espera, en el caso de que se quiera recurrir, aumentó en 2020 en casi dos meses. La Audiencia Provincial tarda una media de 10,2 meses en despachar estos procedimientos. La media nacional es de 9,8 meses.
La jurisdicción civil no es la única en la Región que adolece de una lentitud endémica. Prácticamente todas se ven afectadas por una ecuación marcada por la excesiva litigiosidad y la baja ratio de jueces por habitante. En los órganos de lo Penal, por ejemplo, la situación tampoco es mucho más esperanzadora. La Audiencia tarda de media 3,3 meses en despachar un recurso penal, casi el doble de la media nacional.
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La pandemia, además, dio al traste con la mejoría que llevaba unos años registrando el tribunal en la tramitación de los procedimientos sumarios. A día de hoy estos se hacen esperar una friolera de 22 meses para salir adelante, según los datos del CGPJ. La cifra es la segunda más alta del país –La Rioja encabeza la lista con 30,5 meses– y está a años luz de los 13 meses que se aguardan de media en el territorio nacional.
Los abogados ya advirtieron recientemente de que la saturación de algunos órganos, como la Audiencia Provincial, está originando que se retrasen los señalamientos de los juicios, algunos de los cuales se harán esperar incluso hasta 2023. Este horizonte temporal, a dos años vista, comienza a impactar en los ciudadanos, muchos de los cuales desisten de acudir a los tribunales para resolver sus conflictos ante la perspectiva de una espera tan dilatada. El decano del Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez Escribano, advirtió de que «hay muchísima gente que no viene a los despachos, que consulta y no interpone procedimientos». Los que optan por recurrir al juzgado, subraya, «lo hacen con unas enormes dosis de desesperación e incertidumbre».
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Si hay una jurisdicción sensible a los estragos que la crisis de la Covid está causando en las calles esa es, sin duda, la Social. Estos órganos, unos de los más saturados y lentos del país, ya comienzan a sentir el embate. Al cierre del pasado año, según los datos desgranados por el CGPJ, estos órganos tardaban de media 11,6 meses en despachar un asunto. La tardanza aumentó llamativamente en un año –en 2019 era de 9,8– y es bastante superior a la media nacional, de 10,7.
La paciencia de la que deben armarse los ciudadanos depende, en buena parte, del tipo de asunto que los lleve ante estos órganos. A nivel nacional –no existen datos regionalizados–, los despidos se suelen despachar en siete meses, pero otro tipo de procedimientos tienden a eternizarse en los despachos. Es el caso de las reclamaciones de cantidad, que se hacen esperar 13,1 meses, o de los temas de Seguridad Social, que se prolongan de media algo más de un año.
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La preocupación por qué ocurrirá en estos órganos en los próximos meses es 'vox populi'. El secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Javier Luis Parra, alertó hace unos meses de que los estragos generados por el coronavirus no tardarían en llegar a los tribunales y auguró un «maremoto» de procedimientos judiciales mercantiles y laborales, como producto de la ingente cantidad de concursos, expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y despidos previstos. Un tsunami que, es de prever, supondrá un empeoramiento de los tiempos de respuesta. El presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, dejó patente hace unas semanas la preocupación que existe en los juzgados por el «extraordinario incremento de la litigiosidad» que se espera que se produzca en los próximos meses. En este sentido, alabó las medidas de contención desplegadas por el Ejecutivo central para parar los pies a algunos de los estragos derivados de la Covid –como los ERTE y las moratorias concursales– y reclamó una «desescalada gradual» de estas herramientas para evitar una mayor saturación de una Justicia ya muy congestionada.
El informe del CGPJ también pone de manifiesto que los asuntos de lo Contencioso se dilatan unos 9,5 meses y hasta 17 meses cuando deben ser resueltos por la sala específica del Tribunal Superior de Justicia. La memoria del órgano de gobierno de los jueces desvela que los casos de expropiación forzosa se resuelven en 15,4 meses, los de Extranjería rondan los siete meses y los de urbanismo y ordenación del territorio superan ya los 14 meses de espera.
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El análisis de los tiempos de respuesta de los tribunales murcianos no puede desligarse de la baja ratio de jueces que arrastra la Región. Esta es una reivindicación histórica de la judicatura que, por el momento, no encuentra respuesta. El informe del CGPJ revela que Murcia cuenta con una tasa de 10,7 magistrados y jueces por cada 100.000 habitantes, la tercera más baja del país –junto con País Vasco–. La media nacional está en 11,9 jueces.
Dos de cada diez sentencias de los juzgados de lo Civil de la Región están firmadas por jueces sustitutos –un 22,8% concretamente–, de acuerdo a los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El porcentaje es uno de los más elevados del país. La cantidad de resoluciones que cuentan con la firma de magistrados y jueces de carrera es uno de los indicadores con los que el Consejo mide la calidad de la justicia en un territorio. En la Región, en el caso de la jurisdicción civil, los magistrados titulares están detrás del 69% de las sentencias, uno de los porcentajes más bajos del país. Los jueces de adscripción territorial (JAT) firman el resto.
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