La Región fue escenario hace unos años de una lucha sin cuartel contra la corrupción que ahora aguarda justicia. Esta batalla colocó sobre la mesa alrededor de medio centenar de casos por presunta desviación de poder, más que ayuntamientos tiene esta comunidad. Tras años – ... en algunos casos muchos– de intensa instrucción, decenas de estos procedimientos están ya listos para sentarse en el banquillo o a un paso de colocarse en la línea de salida.
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Manuel Hurtado, el que fuera alcalde socialista de Ceutí durante tres décadas, está siendo juzgado estos días acusado de haber adjudicado verbalmente las obras del polideportivo José Antonio Camacho sin haber seguido ni uno solo de los trámites a los que obliga la ley sobre contratos públicos. Es el llamado 'caso Polideportivo', un asunto que quedará listo para sentencia el 5 de mayo y al que le seguirán otra buena retahíla de vistas. Una de ellas afecta al propio Hurtado, que previsiblemente tendrá que volver al banquillo en un futuro no muy lejano para responder por la presunta malversación de cerca de 400.000 euros en la compra de obras de arte en Ceutí.
La Audiencia Provincial afronta en este momento el reto de encontrar hueco en su agenda para una larga lista de causas vinculadas a la corrupción, en las que están imputados muchas decenas de quienes son o han sido cargos públicos y altos funcionarios de las tres administraciones públicas, aunque con especial incidencia de los ayuntamientos.
La saturación, agravada por el estallido de la pandemia y la paralización de la actividad judicial, llegó a obligar a este tribunal a señalar vistas con hasta dos años y medio de espera. Fuentes judiciales subrayan, sin embargo, que el desdoblamiento de este órgano, que sumó dos nuevas subsecciones penales, ha comenzado a dar sus frutos y a ofrecer huecos en los que poder acoplar estas macrocausas, que normalmente cuentan con numerosas sesiones. La previsión es que algunas de estas vistas puedan adelantarse con la buena marcha de esta medida, por lo que 2023 será previsiblemente un año clave.
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Así las cosas, en la agenda judicial está marcado ahora en rojo el 27 de septiembre, cuando previsiblemente arrancará el próximo de estos juicios, el esperado 'caso Auditorio'. El expresidente de la Comunidad Autónoma Pedro Antonio Sánchez se sentará en el banquillo por este asunto, uno de los grandes procedimientos sobre supuesta corrupción de cuantos se han instruido en los tribunales murcianos y que provocó la retirada de la vida política del dirigente del Partido Popular. La Audiencia ha reservado una veintena de sesiones que se prolongarán hasta el 29 de noviembre.
Tras él le tocará el turno al 'caso Novo Carthago', que llegará a estrados 17 años después de que comenzaran las investigaciones. El 27 de febrero dará el pistoletazo de salida el juicio que sienta en el banquillo a dos exconsejeros de los gobiernos de Ramón Luis Valcárcel (Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana) y a otros cinco ex altos cargos y asesores (José María Ródeñas Cañada, Luis Manuel Romera Agulló, María Antonieta Fernández Cano, Antonio Alvarado Pérez y Manuel Alfonso Guerrero Zamora). Serán una quincena de sesiones.
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'Caso Auditorio' Será previsiblemente el próximo macrojuicio. Se iniciará el 27 de septiembre. El expresidente Pedro Antonio Sánchez se enfrenta a una petición del fiscal de cuatro años y seis meses de prisión, además de inhabilitación especial para empleo y cargo público durante 19 años.
'Caso Novo Carthago' Sienta en el banquillo a dos exconsejeros de los gobiernos de Valcárcel (Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana) y a otros 5 ex altos cargos y asesores (José María Ródenas, Luis Manuel Romera, María Antonieta Fernández, Antonio Alvarado y Manuel Alfonso Guerrero). Arranca en febrero de 2023.
'Caso Valley' El principal encausado es el exalcalde del PP en Villanueva del Segura y expresidente de la Mancomunidad del Valle de Ricote, José Luis López Ayala. El fiscal le acusa, entre otras cuestiones, de adjudicarse a sí mismo un contrato municipal y de abonar con dinero público servicios no prestados.
'Caso Casino' El 'caso Casino', una de las piezas que se desgajaron de la 'Operación Umbra' sobre supuesta corrupción en los servicios urbanísticos municipales de Murcia, será otra de las vistas a enjuiciar próximamente. El principal encausado es Alberto Guerra, el que fuera director de la Gerencia de Urbanismo.
'Caso Camelot' Aún no hay fecha para este procedimiento en el que están acusados el exalcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid; y la exregidora de Fuente Álamo, María Antonia Conesa. Las investigaciones sobre este caso comenzaron en el verano de 2007, con los registros de ambos ayuntamientos.
'Caso obras de arte' El socialista Manuel Hurtado, exacalde de Ceutí, volverá a sentarse en el banquillo en los próximos meses (tras el 'caso Polideportivo') acusado de malversar 400.000 euros. El caso del presunto fraude cometido con la compra de obras de arte ya está listo para ser enjuiciado tras una década de investigación.
La Audiencia también abordará previsiblemente el año próximo el 'caso Valley, que sentará en el banquillo a quien durante largos años fue alcalde del PP en Villanueva del Segura y expresidente de la Mancomunidad del Valle de Ricote, José Luis López Ayala. El 'caso Camelot', más popularmente conocido como el 'caso de la pagamenta', podría asimismo llegar a juicio en 2023, inciden fuentes judiciales. En este asunto están procesados la exalcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, y el exalcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid.
El resto de las diligencias pasan por distintos estados de tramitación, desde aquellas en las que ya se ha formulado escrito de acusación por parte del fiscal y están a la espera de juicio (una decena) hasta las que tienen un recorrido aún más extenso. Si la hoja de ruta es la prevista, decenas de ellas, sin embargo, deberían tener sentencia en los próximos dos años.
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'Caso Ninette': Fue una de las primeras grandes operaciones contra la corrupción en la Región. La Fiscalía reclama a una quincena de acusados condenas que suman 75 años de prisión como presuntos autores, entre otros muchos delitos, de la malversación de 3,7 millones de euros.
'Caso Desaladora': Este caso destapó una supuesta trama delictiva en torno a la construcción y adquisición de la planta de Escombreras por parte de la Comunidad. El más relevante de sus encausados es el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá.
'Caso Consejerías': Indaga en la presunta adjudicación ilegal de contratos de obra para municipios desde los departamentos de Presidencia y de Sanidad. Acumula grandes retrasos.
'Caso Biblioteca': Una quincena de procesados se sentarán en el banquillo por la presunta adjudicación a dedo de contratos de obras por el Ayuntamiento de Librilla.
'Caso Líber': Están aún por concentrar las penas a las que podrían enfrentarse los encausados por su supuesta participación en una trama dedicada a amañar concurso públicos, tanto en el Ayuntamiento de Aledo como en las consejerías de Presidencia y Sanidad.
'Caso César': La juez del también conocido como 'caso AVE' ya ha abierto juicio contra 79 acusados por un presunto fraude multimillonario en las obras para traer la alta velocidad a Murcia.
'Caso Valhalla': Otra supuesta trama que implica al exalcalde de San Javier José Hernández.
El 'caso Desaladora', que investiga una supuesta trama delictiva en torno a la construcción y adquisición de la planta de Escombreras por parte de la Comunidad, es uno de los asuntos que ya está listo a la espera de una fecha en el calendario. Una situación que se repite en algunas de las piezas separadas del 'caso Umbra', como el 'caso Casino'; en el 'caso César' –por un presunto fraude millonario en las obras del AVE– o en algunas de las piezas del denominado 'caso Valhalla'.
El 'caso Barraca', que ya dio el paso esta semana de transformarse en procedimiento de jurado, es otro de los que figura en la lista de la Audiencia con la intención de que cojan vuelo en los próximos meses. Este asunto, junto al 'caso Ninette', era uno de los más enquistados tras años y años de instrucción. La Fiscalía, en este sentido, está tratando de dar impulso a muchas de estas causas dirigiendo escritos a los jueces instructores en los que hilvana un resumen de los hechos que están encima de la mesa e insta al magistrado a seguir adelante con el asunto –dictando auto de procedimiento abreviado–. Tras aliviar el golpe que supuso la pandemia, los juzgados tratan ahora de sacar músculo para terminar una lucha contra las corruptelas que se inició hace ya demasiados años.
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