En el corazón de los centros de internamiento de menores: «Las situaciones violentas no suelen ocurrir de cero a cien»

La palabra 'empatía' preside en mayúsculas el corcho de la habitación compartida, casi indistinguible de la de cualquier piso de estudiantes salvo por un detalle: el lector de tarjetas, similar al de los hoteles, que activa la cerradura y que espera iluminado en rojo en el marco de la puerta. Hay otras cinco entradas en el pasillo, donde luce un 'collage' fotográfico hecho a mano con decenas de rostros sonrientes de adolescentes. También hay un mensaje: «Para las mejores personas que he podido encontrar». Lo firma una joven que ya hace tiempo que abandonó las instalaciones, y que quiso dejar una luz a la vista del resto de menores que cada año siguen pasando por el pasillo donde ella cumplió las medidas impuestas por un juzgado de menores.

En la Región de Murcia hay cuatro centros de internamiento de este tipo, donde actualmente cumplen medidas privativas de libertad por sentencias firmes y autos cautelares un total de 93 menores. Chicos y chicas que perdieron el camino y que el sistema trata de reorientar. A lo largo de 2024, 738 ingresaron en alguno de estos recursos, que en la Región de Murcia funcionan bajo el modelo de gestión privada por concierto social con la Administración. Allí trabajan, de forma directa con los jóvenes, un total de 232 profesionales, con quienes estrechan lazos personales y que cuentan con un objetivo prioritario: que no vuelvan a reincidir.

Todos los que forman parte de esta lucha diaria se vieron sacudidos esta semana por una noticia: el trágico asesinato en Badajoz de una mujer que ejercía como Auxiliar Técnico Educativo (ATE) cuando trabajaba en las instalaciones de una vivienda para menores tutelados con medidas judiciales, donde estaba sola.

El suceso ha puesto el foco en la situación de estos menores y los profesionales en todo el país. LA VERDAD ha podido adentrarse en uno de estos centros y conocer cómo se trabaja en la Región, en un encuentro con altos responsables de la entidad que gestiona estos recursos en la Comunidad.

Uno de los principales objetivos, inciden, es la prevención del riesgo. «Las situaciones violentas no suelen pasar de cero a cien», defiende un alto cargo del Gobierno regional. Para detectarlas, se trabaja en crear un vínculo estrecho que posibilite alertas tempranas. «A los recién llegados se les asigna un tutor de referencia, que es un educador social, y un menor referente, ya perfectamente integrado, que le sirve de ayuda en su adaptación y de enlace con el centro», explican los responsables de la entidad gestora de los centros.

«Desde el primer momento, los menores conocen a su psicólogo, su trabajador social, al personal de dirección y a todas las personas que van a estar implicadas en el proceso de cumplimiento de esa medida judicial». Además, hay reuniones semanales de la comisión socioeducativa para evaluar cada caso, y en cada cambio de turno –mañana, tarde, noche y fin de semana–, el equipo saliente analiza con el que entra las situaciones concretas que pueden requerir especial atención.«Ante la más mínima percepción de riesgo, nadie se queda solo», subrayan desde el equipo directivo. «Ni un auxiliar educativo, ni un educador». «Estos centros son espacios muy estructurados y protocolizados para que todos los niños estén muy protegidos, incluso de sus propias acciones. E igual con los trabajadores».

Respecto a las condiciones de los empleados, que este viernes cristalizaron en concentraciones en varias comunidades, entre ellas Murcia, para reclamar medidas contra la precariedad en el sector, la entidad destaca algunas cifras: «En el caso concreto del sistema en la Región de Murcia, cerca del 80% de personal tiene contrato indefinido, y la antigüedad media es de 6,6 años», subrayan. En cuanto a la plantilla, la gestora se remite al cumplimiento de los pliegos, «que establecen con precisión los trabajadores que hay que tener y sus perfiles», y contesta a otra de las sombras que deslizan los representantes sindicales: la cobertura de bajas. «Nosotros cubrimos las bajas inmediatamente. Puede faltarte una persona en un momento puntual, pero tenemos la responsabilidad de mantener la calidad del servicio».

De los cuatro centros existentes en la Región de Murcia, dos están destinados a la denominada convivencia de grupos educativos, donde se interna a los responsables de delitos de menor gravedad, en su mayoría relacionados con la violencia filioparental. Los otros dos, que disponen de medidas de seguridad y control mucho más estrictas, acogen a los menores con delitos más graves. Los hay en régimen cerrado, que no pueden salir a la calle, semiabierto, abierto, terapéutico o en internamiento de fin de semana.

Pero todos comparten zonas comunes y hasta unidad de convivencia. «Lo hacemos así para que los que tienen comportamientos más desestructurados vean adónde pueden ir», explican los responsables. Ese lugar es una reevaluación de las medidas judiciales, que pueden solicitar los centros en función de la evolución de los internos y que tendrá que determinar el juez, una herramienta clave para evitar que el menor permanezca en un régimen inadecuado. «Siempre se prioriza su bien y que no vuelvan a delinquir», recuerdan desde la Comunidad Autónoma. Según sus estadísticas, el 60% de ellos no volverán a hacerlo, un 20% cometerán entre dos y tres delitos antes de encontrar el camino, y un 15% serán multirreincidentes. Solo el 5% serán irrecuperables. «Por mucho que hagamos».

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