Los coordinadores parentales intervienen en 80 divorcios conflictivos en la Región de Murcia en cuatro años

De los mismos datos se desprende que en 2024 se ha producido también un aumento de las demandas de modificación de medidas matrimoniales sin acuerdo entre las partes, con 656 casos en los primeros seis meses del año, un 37,8% más que en el mismo periodo de 2023.

Para abordar la alta litigiosidad en los divorcios y separaciones, especialmente en los casos de alta conflictividad, es decir, aquellos donde los progenitores con hijos han perdido la capacidad de llegar a acuerdos, de comunicarse adecuadamente e incluso, en ocasiones, de cumplir las resoluciones judiciales, la intervención del coordinador parental ha ido ganando peso en la Región de Murcia en los últimos años a pesar de no contar con regulación específica. Esta figura, con apenas una década de historia en España, tiene como objetivo solucionar las controversias entre los progenitores cuando los demás instrumentos del juzgado no han surtido efecto.

En los últimos cuatro años se han realizado alrededor 80 intervenciones de este tipo en la Región, según los cálculos de este colectivo profesional, que cuenta con cerca de una quincena de efectivos. «El crecimiento de las peticiones a través de los juzgados desde la pandemia ha sido exponencial», señala Eugenia Piñero, psicóloga sanitaria y forense, y coordinadora de parentalidad en la Región.

Los casos que estos profesionales abordan cuentan con una especial complejidad. Por ello su trabajo «combina técnicas individuales con otras grupales, a veces con toda la familia, para que haya una posibilidad de negociar o de hablar entre todos», explica la psicóloga. «Es una intervención muy complicada donde hay que tocar muchas cuestiones relacionadas con la comunicación, con el trato a los hijos, con conflictos emocionales, e incluso hay veces en que hay que valorar si una persona necesita un tratamiento psicológico más específico o si requiere derivación a algún otro servicio».

A diferencia de la Unidad de Mediación Intrajudicial, que busca que las familias puedan llegar a un acuerdo antes de que tenga que ser un juez quien resuelva el conflicto dictando una sentencia, los coordinadores de parentalidad pueden ser reclamados para actuar después de una resolución judicial para solucionar los conflictos que puedan surgir en su aplicación, e incluso años después de la misma. «Hay ocasiones también en que, aunque los progenitores han llegado a un acuerdo, luego lo incumplen o surgen nuevos enfrentamientos que requieren una intervención a medida que va pasando el tiempo, los hijos van creciendo y aparecen nuevas situaciones vitales», afirma la psicóloga.

Por otra parte, los coordinadores de parentalidad colaboran con los juzgados entregándoles informes periódicos sobre la evolución de la familia, qué problemas se han resuelto y cuáles quedan por resolver. «En ocasiones también se nos requiere para que hagamos una recomendación acerca de si el sistema que se ha establecido es adecuado para los hijos o no», explica Piñero, que el próximo 13 de diciembre participará en la 'I Jornada de intervención psicológica en divorcios de alta conflictividad', que se celebra en el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia. El evento reunirá a lo largo de todo el día a un amplio plantel de expertos, tanto del ámbito de la psicología como de la Justicia, para analizar el papel de estos profesionales, y será inaugurado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en la Región de Murcia, Miguel Alfonso Pasqual del Riquelme.

El TSJ está llevando a cabo una investigación para determinar el impacto de la incorporación del coordinador de parentalidad a los procesos de la Región. Lo hace a través de un proyecto donde colabora con el Colegio Oficial de Psicología para derivar a la coordinación parental, de forma gratuita, a diez parejas desde los juzgados de Familia de Murcia y Cartagena, y a cuatro más desde los de violencia de género. Dentro del proyecto se está trabajando ya con dos familias.