El exalcalde de Molina de Segura, el popular Eduardo Contreras, descartó este miércoles que los contratos que la trama Púnica firmó en la Región fuesen realmente destinados a mejorar la reputación de Juan Carlos Ruiz, exconsejero de Industria y Turismo del Gobierno regional, en ... su carrera hacia San Esteban. Contreras, que estuvo investigado en esta causa y finalmente quedó exculpado, fue el primero de los cinco testigos que comparecieron en esta cuarta sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra la rama murciana de la 'Operación Púnica'. Este caso sienta en el banquillo a Ruiz; a tres de sus antiguos colaboradores en ese departamento y a varios supuestos conseguidores aventajados de contratos públicos, encabezados por quien fue alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso.
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En su declaración por videoconferencia, el exalcalde de Molina fue interrogado sobre una reunión que mantuvo en el verano de 2014 con, entre otros, la entonces directora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez -una de las acusadas- y el empresario Alejandro De Pedro, uno de los supuestos cabecillas de la trama. Contreras explicó que la iniciativa surgió desde el Instituto de Turismo y que el objetivo del contrato, que incluía la creación de un diario digital en el municipio, era publicitar los «productos» que se estaban desarrollando en el ámbito turístico. «A un alcalde siempre le da gusto que se fijen en su municipio para hacer inversiones», recalcó. El primer edil negó que se le pidiera aportación económica para el contrato. «Si es un proyecto del Instituto de Turismo lo tiene que financiar él», remarcó.
La fiscal insistió al testigo sobre la motivación de cubrir un servicio que, sostuvo, ya se prestaba a través del gabinete de comunicación del propio Ayuntamiento. «La verdad es que mandábamos seis notas todos los días y en la prensa veíamos muy pocas», explicó. Este miércoles también declaró la entonces jefa de prensa de la Consejería y el jefe de innovación turística, entre otros.
En el banquillo, además de Ruiz, se sienta quien era su jefe de gabinete, José Fidel Saura; la entonces directora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez; y su secretario general, Jesús Norberto Galindo, además del empresario Alejandro de Pedro y el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, su hermano Agustín y algunos trabajadores de la empresa de De Pedro. Todos ellos se enfrentan a peticiones de cárcel y de inhabilitación por supuestos delitos de fraude y prevaricación y, en algunos casos, de tráfico de influencias, aunque el mayor castigo, de cuatro años de prisión, se reclama para Ruiz
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