El Constitucional se inclina por rechazar el recurso de Vox contra la personalidad jurídica del Mar Menor

Al este respecto, el alto tribunal se inclina por rechazar la impugnación contra la entidad jurídica de la laguna, ya que la ponencia de María Luisa Segoviano es partidaria de mantener la ley como está. La deliberación y votación, prevista para el miércoles, se espera que salga adelante con un acuerdo unánime. Aunque, hasta ese día, puede haber algún cambio de algún magistrado conservador.

Esta vía jurídica de Vox iba destinada contra la Ley 19/2022 aprobada en el Congreso a la que se opuso en todo momento y desde que inició su tramitación como Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en 2021. Presentado por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario en el Congreso, el recurso fue admitido a trámite en febrero de 2023. La formación alegó en su escrito que la norma podría vulnerar, entre otras cuestiones, las competencias autonómicas en materia de protección del medio ambiente. También apuntaba que la norma «no especifica qué conductas concretas infringen los 'derechos del Mar Menor' generando así una situación de incertidumbre».

En el momento de presentarlo, el líder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, llegó a calificar esta iniciativa como «una ley comunista que atenta contra la libertad de empresa, contra aquellos que nos pagan el sueldo», en referencia al sector agroalimentario. Para Antelo, la identidad jurídica del Mar Menor «acaba con la propiedad privada en el entorno» de la laguna.

La inminente resolución del TC favorable a mantener los derechos de la laguna llegaría apenas unas semanas después de que la Fiscalía archivara otra denuncia que atribuía su degradación ambiental a los vertidos de aguas residuales de origen urbano. Si bien ésta fue realizada por AgroIngenieros, en ella se recogían algunos de los argumentos en los que insiste el partido de José Ángel Antelo de forma recurrente a propósito de los vertidos. Mientras, continúa abierta en los juzgados de Cartagena la denuncia que presentó Vox con este mismo trasfondo.

En cuanto a la ley regional 3/2020, tras fracasar el pasado mes de abril en un primer intento para reformarla con una proposición propia y en solitario, Vox ha decidido volver a registrarla sin acabar el periodo de comparecencias que están teniendo lugar en la Asamblea Regional para consensuar una posible modificación.

Sobre la ley que dota de identidad jurídica al Mar Menor, entró en vigor el 3 de octubre de 2022 tras su aprobación por el Congreso de los Diputados y el Senado. Fue impulsada por una histórica Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que recogió casi 640.000 firmas, a través del grupo promotor de la ILP, impulsado por la catedrática de Derecho de la UMU, Teresa Vicente.

Dos años después, sin embargo, aún no se ha aprobado el reglamento para su aplicación. El Ministerio de Transición Ecológica se encontraba hace unos meses aún solventando algunos detalles del mismo a tener del informe elaborado por el Consejo de Estado y cuyo contenido adelantó LA VERDAD.

En ese informe, el órgano consultivo advertía de un «vacío normativo» que podría «poner en peligro el principio de seguridad jurídica constitucionalmente consagrado y la propia eficacia de esta novedosa técnica de protección de la naturaleza».