El Constitucional estudiará la viabilidad del recurso de la Región contra la amnistía

El Tribunal Constitucional (TC) encargará un estudio para determinar la viabilidad de los recursos presentados por comunidades autónomas, entre ellas el Gobierno de la Región de Murcia, 15 gobernadas por el PP y una por el socialista Emiliano García-Page, contra la Ley de Amnistía con el fin de decidir si los territorios tienen legitimación para impugnar la norma.

Un grupo de letrados del Constitucional elaborará un estudio previo para analizar la legitimación que se plantea en todos los recursos de las comunidades, aprovechando el primero que se presentó para resolver un problema que afecta al resto de las 15 impugnaciones de la medida de gracia para los encausados por el proceso independentista catalán.

El recurso cabecera será el presentado por Aragón –fue la primera comunidad en impugnar la Ley de Amnistía– y la persona encargada de dicho procedimiento es la magistrada Laura Díez, por lo que será la primera que lleve en su día al Pleno su propuesta de admisión o no de estos recursos.

Fuentes del TC han aclarado que la elaboración del estudio no conlleva que los recursos de las comunidades estén suspendidos, porque «ya se está trabajando sobre ellos». En cambio, defienden que «resolver conjuntamente» un asunto que afecta a todas las impugnaciones ahorra tiempo de estudio. También han expresado su voluntad de resolver los recursos autonómicos sin prisas, porque se trata de asuntos complejos que necesitan tiempo estudio.

El plazo legal fijado para que las comunidades autónomas instasen acciones de inconstitucionalidad ante el TC cerró el pasado miércoles con un total de 16 recursos planteados contra la amnistía. Entre ellos, está el procedimiento abierto por Castilla-La Mancha, así como el resto de las 15 regiones gobernadas por el PP.

El presidente murciano, Fernando López Miras, señaló ayer no tener conocimiento de la decisión del Constitucional, pero sí remarcó que la amnistía «nos afecta porque genera desigualdad entre ciudadanos y territorios». Esta circunstancia, defiende, impacta de forma directa en la Región, por lo que la Comunidad tendría derecho a recurrir.

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