El Consejo Jurídico de la Región emite 468 dictámenes en 2019, el mayor volumen desde sus inicios en 1998

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia emitió 468 dictámenes el pasado año, 80 más que en 2018 y 158 por encima de la media anual de la última década (310 al año de media), y las resoluciones de consultas se sitúan en la actualidad por encima de las entradas que recibe este organismo. Así lo explicó en rueda de prensa el presidente del Consejo, Antonio Gómez Fayrén, tras la reunión que mantuvo en el Palacio de San Esteban de Murcia con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, para presentarle la memoria de la institución del año 2019.

Estaba previsto hacer esa presentación el pasado mes de marzo, pero la entrada en vigor del estado de alarma lo impidió, y finalmente pudo llevarse a cabo este lunes, tras el confinamiento que guardó López Miras por haber estado en contacto con una persona con coronavirus.

Gómez Fayrén señaló que a lo largo del año entraron en el Consejo 363 solicitudes de dictámenes, por lo que se aceleran los trabajos y se resuelven más casos de los que entran, de manera que se han equilibrado los asuntos pendientes y reducido los tiempos de respuesta a particulares y administraciones.

Más del 80% de las consultas que recibe el consejo son reclamaciones patrimoniales interpuestas por particulares contra la administración, de las que la mayor parte están relacionadas con la sanidad, seguidas de la educación y las carreteras. El 20% de asuntos restantes los plantean las administraciones locales y regional para asuntos en los que la intervención del Consejo Jurídico es obligatoria, como resoluciones de contratos públicos o iniciativas legislativas. En lo que va de año, el Consejo Jurídico ha recibido 197 consultas y ha resuelto 225 asuntos, y su trabajo ha continuado incluso durante el estado de alarma de manera telemática.

El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, que también participó en el encuentro, destacó el importante papel de este órgano consultivo como garante de la seguridad jurídica desde la objetividad y la independencia, valores, según dijo, que «están al alza» en un momento preocupante para el país ante la reforma de la ley orgánica del poder judicial planteada por el Gobierno central para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Celdrán mostró su «preocupación e indignación» por los «ataques a la independencia en el ámbito judicial», así como por el toque de atención que Europa ha dado a España, cuya «calidad democrática» se ha puesto en duda con la citada reforma. La imagen de España, insistió, se está «tirando por los suelos» con esa propuesta y pone en cuestión la llegada de fondos europeos, lo que preocupa profundamente al Ejecutivo autonómico, lamentó.