La Comunidad promete hacer el Acceso Oeste de Cartagena e invertir 3 millones en La Manga

El Presupuesto regional de este año incluye un incremento del 12% en los fondos destinados a Cartagena, tal como anunció este jueves el presidente del Gobierno Regional, Fernando López Miras. Hay 3 millones de euros para construir un edificio multiusos cerca del Monte Blanco, entre otras mejoras en la zona, así como dinero suficiente para iniciar el colegio de La Aljorra. Así lo puso de manifiesto López Miras, en una comparecencia con la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón. Fue al término de la celebración del Consejo de Gobierno, que eligió el municipio para retomar sus reuniones fuera de Murcia y para presentar varias iniciativas de inversión centradas en la localidad.

El acuerdo para convertir la carretera RM-332 en un acceso oeste de cuatro carriles es una de las más destacadas. «Es mentira que Cartagena esté relegada en inversiones regionales, como dice el PSOE», aseguró López Miras. Para demostrar su intención de redoblarlas, anunció la conversión de la carretera de Mazarrón (RM-332), que ahora tiene dos carriles, en un vial con cuatro, desde la rotonda de San José Obrero, recién construida, hasta la de Sebastián Feringán, junto al Palacio de Deportes.

«Hemos firmado un protocolo para que el Ayuntamiento se encargue de las expropiaciones de suelo y la Comunidad haga la obra», explicó López Miras. Eso quiere decir que las inversiones no serán este año. Están planteadas a partir del que viene. «Se trata de una primera fase, porque queremos que en el futuro, la carretera sea desdoblada hasta Molinos Marfagones», advirtió Castejón.

Otro protocolo supondrá la cesión de la propiedad del piso superior de la estación de autobuses, que es de la Comunidad, al Ayuntamiento, para que cambie el uso. Es parte del proyecto de remodelación interior que concentraría la terminal de transportes en el piso inferior y permitiría al Ayuntamiento utilizar el nivel superior como centro de iniciativas empresariales y para locales multiusos.

El impulso al turismo tiene ya adjudicados tres milones de euros en diversos proyectos de mejora turística y equipamientos. El principal es un edificio multiusos, sede de diversos servicios para los ciudadanos, que aún están por concretar. Estará en un solar que cederá el Ayuntamiento junto al Monte Blanco.

Castejón agradeció «que el Gobierno regional cumpla con celeridad con gran parte de sus compromisos de inversión». López Miras devolvió el agradecimiento al señalar la «perfecta colaboración» entre administraciones «con cordialidad» y «sin estridencias», en referencia a la etapa anterior de MC en la alcaldía, aunque no nombró a este partido.

Respecto a la candidatura de Cartagena a Patrimonio de la Humanidad, López Miras no mencionó ninguna inversión concreta. Al ser preguntado por el asunto, indicó que es un proyecto que lleva la Consejería de Presidencia y Turismo y que depende del expediente que está preparando, para presentarlo a la Unesco.

Asimismo, el presidente recordó que el año que viene la Comunidad iniciará los centros de salud del Polígono de Santa Ana y del Barrio Peral. También que este año hay fondos para comenzar el colegio de La Aljorra, a finales de este ejercicio o a principios de 2021.

El Consejo de Gobierno también ha autorizado, a propuesta de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, la creación de la Comisión Rectora de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia, con el fin de impulsar la coordinación de los departamentos de la Administración regional competentes en materia de servicios sociales, así como actuaciones que repercutan en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. En la Comisión participarán representantes de la Administración regional, de entidades locales, representadas en la Federación de Municipios de la Región de Murcia, de la Delegación del Gobierno y de la Red de Lucha contra la Pobreza (EAPN).

El objetivo es favorecer la inclusión social, teniendo en cuenta asimismo las acciones que en este mismo ámbito se proyecten o se lleven a cabo tanto por parte de las entidades locales, como de la Administración del Estado en la Región. Entre sus funciones estará analizar y estudiar todas las actuaciones y medidas públicas que, incidiendo en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, se promuevan desde las distintas administraciones, evaluar propuestas estratégicas y de planificación, así como promover el empleo de metodologías, tecnologías y análisis científico-sociales precisos para llevar a cabo las funciones de diagnóstico de la pobreza y la exclusión social.

Asimismo, se evaluará la repercusión del II Pacto de lucha contra la pobreza y la exclusión social en la Región de Murcia y de los Programas Operativos Regionales y Plan de Reconstrucción, Recuperación y Resiliencia, y se informará a la sociedad a través del Portal de Transparencia de los resultados de su labor a través de la redacción y difusión de documentos de análisis, propuestas y evaluación. Para ello, la Comisión Rectora se reunirá en pleno al menos dos veces al año, y de forma extraordinaria si así se determina, y se podrán constituir distintos equipos técnicos.

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes, a la concesión directa de subvenciones a los ayuntamientos de la Región de Murcia para la prestación de los servicios de información, orientación, activación y acompañamiento a la población joven no ocupada y no integrada en los sistemas de educación o formación, que cumple los criterios de Garantía Juvenil, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 del Fondo Social Europeo (FSE). La finalidad es tender un puente hacia el empleo de personas de entre 16 y 30 años para lograr su incorporación al mercado laboral, a la educación o a la formación.

Con este decreto, junto con el aprobado en la anterior sesión del Consejo de Gobierno de ayudas a los ayuntamientos con población igual o superior a 15.000 habitantes, para la prestación de servicios de orientación y acompañamiento a la población joven que no cumple los requisitos de Garantía Juvenil, se consolida un sistema complementario de apoyo a las personas jóvenes en las estrategias para integrarse en el mercado de trabajo o en la mejora de su cualificación. La prestación de los servicios de información, orientación y acompañamiento se dirigirá también a la población joven que corre el riesgo de sufrir exclusión social y los procedentes de comunidades marginadas a través de la aplicación de la Garantía Juvenil.

La cuantía total máxima prevista en este nuevo decreto tiene carácter estimado, dado que las ayudas quedan condicionadas a la cantidad que requiera cada ayuntamiento. En cualquier caso, la dotación para las actuaciones que se financian por el Programa Operativo de Empleo Juvenil es de 945.859 euros, de los cuales el 80 por ciento están cofinanciados por el FSE. Las subvenciones, de carácter singular, se destinarán a financiar los gastos del personal técnico de orientación laboral que preste servicios de información, orientación, activación y acompañamiento para la integración en el mercado de trabajo de las personas jóvenes que sean beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

La concesión de esta subvención pretende reducir las tasas de desempleo juvenil y ayudar a mitigar el impacto de la actual crisis, reforzando la red regional de técnicos, informadores y orientadores que atienden desde el ámbito local al colectivo de jóvenes que puede sufrir una fuerte desconexión del mercado de trabajo y la exclusión social a largo plazo, ya que para muchos de ellos esta es la segunda recesión económica de su vida.

Se prevé la subvención de los costes laborales de dos tipos de trabajadores: orientadores laborales e informadores juveniles, en función del número de habitantes jóvenes en los diferentes municipios.

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes, a la aprobación del Convenio marco de colaboración con la Fundación de Víctimas del Terrorismo para la realización de actividades conjuntas en beneficio de las víctimas del terrorismo de la Región de Murcia. Esta cooperación activa por parte de la Administración regional se mantiene desde hace años, dada la relevancia y la importancia de las actividades que realiza la Fundación, además de compartir su profunda preocupación por la situación sufrida por las víctimas del terrorismo y sus familiares. La finalidad es velar por su memoria, recuerdo y reconocimiento.

En esta ocasión, se aprueba un acuerdo marco en torno al cual se concretarán las actuaciones conjuntas que se lleven a cabo a través de convenios específicos, en cumplimiento de tres compromisos iniciales: colaborar en el ámbito asistencial con las víctimas del terrorismo y sus familias; trabajar conjuntamente para una mejor comprensión de la situación del colectivo de víctimas del terrorismo, así como sobre los efectos de la violencia terrorista; y ejecutar actividades dirigidas a recordar y homenajear a las víctimas del terrorismo, así como a promover los valores de convivencia, pluralidad y libertad de los ciudadanos.

El acuerdo se enmarca en la Ley de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuyo objetivo es rendir testimonio de honor y reconocimiento a quienes han sufrido directa o indirectamente los actos terroristas y que establece un conjunto de ayudas en materia de función pública, de tipo asistencial y económico. Asimismo, esta norma legal prevé la posibilidad de conceder subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que representen y defiendan a las víctimas del terrorismo, y el otorgamiento de distinciones honoríficas a cuantos se hayan distinguido por su lucha y sacrificio contra el terrorismo.

La creación de la Fundación Víctimas del Terrorismo fue consecuencia del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, conocido como 'Pacto Antiterrorista', cuya finalidad es promover y divulgar los valores democráticos, la defensa de los derechos humanos, la pluralidad y la libertad de los ciudadanos, prestar la ayuda necesaria en su vertiente asistencial a las víctimas del terrorismo y sus familias, fomentar en todos los ámbitos una mejor comprensión de la situación del colectivo de víctimas del terrorismo, así como colaborar con otras fundaciones y asociaciones análogas.