El consejero cita a tres consistorios por las dudas sobre la moratoria del Mar Menor

El Ejecutivo autónomo reaccionó así a las manifestaciones realizadas en los últimos días desde los consistorios respecto a los efectos del decreto ley que prolonga, desde el 3 de agosto, el veto a nuevos desarrollos urbanísticos en zonas próximas al mar. En concreto, el Ayuntamiento de Cartagena considera que las modificaciones introducidas por la Comunidad Autónoma en el articulado de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor, para solventar las dudas respecto al texto previo, desbloquean en la práctica la tramitación de dos proyectos. Se trata de la ampliación del centro comercial Las Dunas, en Cabo de Palos, y la del Plan Parcial Los Belones Este, que prevé la construcción de 700 viviendas.

En cuanto a San Javier, la administración local entiende que los promotores pueden solicitar los permisos para urbanizar, en su caso, parcelas de uso residencial y hotelero al norte de La Manga, entre el puerto deportivo Tomás Maestre y Veneziola. Y en San Pedro del Pinatar, el Consistorio analiza si los cambios en el nuevo texto dan vía libre a tramitar cuatro planes parciales que supondrían levantar 2.493 viviendas. «El Gobierno regional niega que se puedan abordar nuevas construcciones en el Mar Menor y recuerda que mantiene los mismos condicionantes que estableció la Ley 3/2020, de 27 de julio, de Protección y Recuperación del Mar Menor. Así, la prórroga de la moratoria urbanística sigue imponiendo severas limitaciones para continuar protegiendo el Mar Menor, ya que impide la construcción de nuevos desarrollos que conurben (cierren) el anillo del Mar Menor y exige la aplicación de medidas sostenibles en todos los desarrollos», indicó Díez de Revenga.

Asimismo, señaló que la Comunidad «hará valer sus competencias para que ninguna interpretación jurídica de la aplicación del decreto ley vulnere el espíritu de su aprobación». Esta, dijo, es «impedir nuevos desarrollos urbanísticos en el entorno del Mar Menor hasta que se apruebe [de forma inicial] el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor». La ausencia de este plan, que sigue sin fecha, ha obligado a prorrogar la moratoria.

«El decreto ley aprobado la semana pasada no permite nada nuevo que antes no se pudiera hacer; la normativa sigue siendo la misma; se puede o no se puede hacer lo mismo que antes del decreto ley», recalcó el titular de Fomento. Y aseguró que el decreto «lo que posibilita es la prórroga urbanística inicial, con los mismos límites y exclusiones, y aclara las dudas jurídicas suscitadas por el anterior texto legal».

Respecto a los proyectos concretos, Díez de Revenga aseguró a LA VERDAD que la nueva moratoria «mantiene bloqueado el proyecto de Los Belones, porque no se trata de un ensanche o crecimiento vegetativo de esta localidad, sino que supondría duplicarla» y contribuiría a «cerrar el anillo» urbano en torno a la laguna. Y respecto a la ampliación de Las Dunas afirmó no poder concretar si se podrá ejecutar, lo que pasaría por considerar que se trata de un ensanche. En cuanto a las parcelas de La Manga, dijo que la moratoria solo afecta a «los suelos no urbanizables y a los suelos urbanizables sin sectorizar».

Díez de Revenga afirmó que, si bien no es su tarea, los servicios jurídicos de la Consejería se volcarán en «aclarar todas las dudas a los ayuntamientos». PSOE y Podemos exigirán en la Asamblea Regional, que debe convalidar el decreto, corregir el decreto para prohibir expresamente cualquier nuevo desarrollo.

El problema de interpretación respecto al nuevo texto legal, impulsado por el Ejecutivo de Fernando López Miras tres días después de que PP y Vox rechazaran en la Asamblea Regional debatir una propuesta del PSOE para prorrogar la moratoria, se refiere al artículo 16 de la ley. El apartado 1 establece que el área de exclusión temporal rige para «nuevos desarrollos que no hayan sido aprobados inicialmente antes de la fecha de entrada en vigor de esta ley», aprobada en julio de 2020. En el texto anterior, se hablaba solo de «nuevos desarrollos urbanísticos que no hayan sido aprobados». Además, se incorpora un cambio respecto a la construcción en los ensanches de los suelos urbanos consolidados: se suprime el requisito de que las promociones contaran con el proyecto de urbanización antes de que hubiera ley.

La incógnita es pues, ahora, si los ayuntamientos podrán acogerse a estos cambios para desarrollar proyectos que se hallen en una de esas dos situaciones: con carácter general, haber sido aprobados de forma inicial antes de julio de 2020; o plantear la urbanización de terrenos ubicados en el ensanche de cascos urbanos consolidados, aunque no tuvieran aprobado el proyecto de urbanización en la citada fecha.

Según ha insistido el Ejecutivo, la moratoria cambia en la forma, al «clarificar dudas interpretativas», pero no el fondo. Y asegura que ha aplicado las recomendaciones expuestas en enero de 2022 por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en un dictamen solicitado por el Ayuntamiento de Cartagena. Este le preguntó si la moratoria afectaba a cinco actuaciones, entre ellas Las Dunas y Los Belones.

A pesar de ese dictamen, no ha sido hasta ahora, tras el decreto ley, cuando los ayuntamientos de Cartagena y de San Javier han entendido que se desbloqueaban ciertos desarrollos.

Mientras, fuentes jurídicas de toda solvencia vinculadas a la Comunidad señalaron a LA VERDAD que el referido dictamen aclaró que la moratoria inicial permitía el Plan Parcial Sector CP-2 Cabo de Palos o ampliación del área comercial Las Dunas (que incluye un pequeño desarrollo residencial) y también el Plan Parcial Los Belones Este. Añadieron que así se entendió en el Consistorio cartagenero.