La opción con más posibilidades en estos momentos para recuperar la ruta aérea entre la Región de Murcia con Madrid y Barcelona es a través de una subvención pública que cubra los costes de explotación y permita abaratar el precio del billete. Para ello es necesario que el Ministerio de Fomento considere estas rutas como servicio público obligatorio (a través de la declaración de OSP). El Gobierno regional subraya que hay base para ello y se acoge al Reglamento de la Comisión Europea y, sobre todo, a la consideración de Murcia como una región periférica de la UE que requiere un trato especial como perceptora de los fondos comunitarios.
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Este es el principal argumento de la carta que envió el pasado miércoles el consejero de Fomento, Patricio Valverde, al ministro José Luis Ábalos, en la que le solicita formalmente la declaración de OSP para estas dos rutas, como avanzó ayer 'La Verdad', considerando que falta tiempo para la llegada del AVE. Valverde sostiene asimismo que existe una demanda de más de 85.000 usuarios al año entre Murcia y Madrid, y de 50.000 con Barcelona, según el último balance de Air Nostrum, que dejó de operar en enero de 2017 en el aeropuerto de San Javier tras más de 20 años de servicio ininterrumpido. «Los pasajeros de conexión con el hub de Madrid suponían más del 40% de la demanda y llegó a contar con hasta cuatro vuelos diarios», señala. Por su parte, la ruta con Barcelona llegó a contar con dos vuelos diarios.
«A la vista de los antecedentes de tráfico y circunstancias de ambas rutas, entendemos que se dan las condiciones para establecerlas como una obligación de servicio público, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Comisión Europea sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos», apunta Patricio Valverde, quien recuerda al ministro que, a raíz de la inauguración del nuevo aeropuerto, el Ejecutivo autonómico decidió recuperar las conexiones con Madrid y con Barcelona, «claves para el desarrollo y prosperidad de la Región de Murcia».
Recuerda que Murcia está calificada dentro de la categoría de regiones de transición, ya que su PIB per cápita se sitúa entre el 75% y el 90% del PIB medio de las regiones europeas, «lo que le otorga un tratamiento especial en cuanto a financiación para el desarrollo».
Sostiene asimismo que puede considerarse una región periférica respecto de Madrid y Barcelona, «ya que en ningún caso los servicios ferroviarios alternativos cubren las respectivas rutas en un tiempo inferior a 3 horas. Además, dichos servicios no permiten la conexión directa con otros servicios aéreos de media y larga distancia que sí se tendrían con una ruta aérea directa a los hubs de Madrid y Barcelona, respectivamente».
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Valverde apunta que las obligaciones de servicio público (OSP) responden a la necesidad económica y social de facilitar la movilidad de los ciudadanos residentes en unos territorios segmentados para los que, por su rapidez, el transporte aéreo es un modo de transporte fundamental. «De esta manera se garantizaría un servicio que las compañías aéreas no asumirían si únicamente tuvieran en cuenta su interés comercial, como ocurre en este caso por la baja densidad del tráfico».
Si no se cuenta con una OSP, será difícil establecer rutas con Madrid y Barcelona, ya que pueden resultar deficitarias para las compañías. El coste del billete sería elevado en comparación con los vuelos de bajo coste. El año pasado, el Gobierno regional no era partidario de solicitar la OSP, pero después ha creído que sería la solución óptima. No obstante, aún está pendiente la decisión de Iberia, que se comprometió a estudiar ambas rutas, al igual que las compañías Vueling y Air Europa.
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Una OSP conlleva el pago de una subvención a cargo de las arcas regionales. Para la ruta Almería-Sevilla, la Junta de Andalucía abona 2,5 millones de euros al año. En el caso de Badajoz, el Gobierno extremeño paga 3,5 millones.
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