Política Social acumula destituciones y cambios de altos cargos desde la llegada de Isabel Franco

Mellado llegó a la Consejería para asumir la labor que realizaba la subdirectora de Personas Mayores, Pilar Cazorla, que fue destituida de forma fulminante en mayo de 2020 por discrepancias en la desescalada en los geriátricos y tras «una gran labor realizada» en los primeros meses de la pandemia. Así al menos lo explicaban varios funcionarios del IMAS en una carta dirigida a la propia Cazorla y en la que plasmaban su «estupor» por la decisión de la Consejería. También los sindicatos mostraron en su día su sorpresa por un cese que tildaron de «totalmente injustificado» y destacaron la «profesionalidad» y el «trabajo excepcional» desarrollado por Cazorla. Por su parte, fuentes de la Consejería justificaron el cese aludiendo a «ajustes del equipo», sin ofrecer más explicaciones.

Otro de los ceses más sonados en estos últimos meses se produjo en septiembre del año pasado con la salida de la responsable del Servicio de Inspección, Registro y Régimen Sancionador de la Consejería, María Luisa Cola, que llevaba unos cuatro años desempeñando el cargo. En este caso, Cola ocupaba un «puesto de confianza que se ha decidido renovar», según explicaron fuentes de la Consejería. Otras fuentes consultadas por LA VERDAD señalaron que las razones de esta decisión había que encontrarlas en el empeño de María Luisa Cola «por hacer las cosas bien y no someterse a los dictados de sus superiores». De hecho, este puesto sigue vacante a día de hoy tras la renuncia expresada por la persona que iba a sustituirla.

A los ceses de estos puestos de vital importancia hay que sumar los de varios funcionarios más, como los de la jefa de los Servicios Jurídicos de la Consejería, Ana Fernández, y el subdirector de Discapacidad, Leopoldo Olmo. A ellos se unen la exdirectora gerente del IMAS, Verónica López, y el exsubdirector general de Pensiones, Valoraciones y Programas de Inclusión, José Ríos, cargos del PP heredados de la etapa de Violante Tomás y que fueron destituidos por Isabel Franco en enero de 2020.

Más polémica causó en el sector y entre los propios funcionarios de la Consejería y del IMAS el cese del director de la residencia para personas con discapacidad Julio López Ambit, Ramón Murcia, un funcionario condecorado en dos ocasiones por la Comunidad Autónoma y que vivió su salida del centro como «una purga».

De hecho, los familiares de los usuarios del centro protestaron airadamente contra esta salida y llegaron a escribir una carta a Franco en la que pedían que reconsiderara su postura, aunque no tuvieron éxito. El cese de Murcia fue enmarcado por la Consejería en «un plan de reestructuración de las direcciones de los centros residenciales dependientes del IMAS», que incluía una «selección de perfiles más adecuados a los nuevos modelos de gestión que se van a implantar en estos centros». Un «plan de reestructuración» que, en principio, solo afectó a Murcia y a la directora de la residencia Los Olivos, en Cieza, Piedad Albarracín.

Además, la moción de censura que cumple ahora un año obligó a Franco a realizar varios cambios tras la salida del que fuera secretario general, Antonio Sánchez Lorente, a raíz de su nombramiento como consejero de Transparencia. Su puesto fue ocupado por Raquel Cancela, hasta entonces directora del IMAS, que fue sustituida por Raúl Nortes, quien ocupaba la Dirección General del Menor. Una responsabilidad que fue asumida entonces por Silvia Muñoz.