El conflicto laboral de los bomberos en la Región de Murcia sigue en llamas a las puertas del verano

Pasan las 13.50 horas del caluroso jueves, 2 de junio, y el teléfono de Emergencias 112 recibe una llamada alertando de un incendio en unos matorrales de la rambla de Benito, en el término municipal de Ricote, que amenaza unas viviendas. Al lugar se desplazan dos brigadas forestales terrestres y un helicóptero con un técnico de extinción y una brigada forestal helitransportada, además de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región. El helicóptero llega en unos veinte minutos tras despegar de la base de la Sierra de la Pila. Los bomberos del CEIS tienen que desplazarse por carretera desde el parque de Cieza, a unos 20 kilómetros del siniestro, pero estos funcionarios aún no habían hecho acto de presencia media hora después del aviso. «Nuestros chicos han logrado detener el fuego que iba hacia la casa», confirman a LA VERDAD fuentes de las brigadas forestales, que seguían esperando la llegada de los efectivos del CEIS pasadas las 14.25 horas.

Los aniversarios suelen suponer un motivo de alegría y celebración. Sin embargo, no parece ser el caso del CEIS de la Región de Murcia, que cubre las necesidades de los ayuntamientos de la Comunidad (salvo Murcia y Cartagena, que tienen sus propios servicios de bomberos) y que este 19 de junio cumple 30 años de vida soportando una de las situaciones más «delicadas y preocupantes» de su historia. Así lo definen al menos todos los representantes de los trabajadores con los que ha contactado LA VERDAD. Bomberos con dilatada experiencia profesional que advierten de que, a las puertas de un verano más cálido de lo normal, y después de una primavera extremadamente lluviosa, la temporada de incendios más inquietante de los últimos años ha llegado a la Región de Murcia con las plantillas de trabajadores «bajo mínimos, sin poder cubrir los servicios con garantías», denuncia el delegado de UGT en el CEIS, Antonio José Jiménez.

«La merma que ha sufrido la plantilla del consorcio en los últimos años ha sido brutal, y este es el principal problema al que nos enfrentamos», coincide Jiménez con el secretario de la Junta de Personal, Sergio Rubén Nicolás, de CC OO: «La Comunidad ha tenido cuatro ocasiones muy claras para solucionar este problema y no ha querido. Esto ha producido un deterioro muy significativo en la prestación del servicio a los ciudadanos y a los 43 ayuntamientos que forman parte del consorcio, pues muchas de las funciones de prevención y divulgación no se realizan en casi ninguno de los municipios». Nicolás tilda de «osada» la decisión tomada por «un cargo político, sin ningún tipo de aval técnico, de cerrar parques de bomberos y de reducir el personal operativo por debajo de los límites marcados como servicios mínimos». Algo que, a juicio del representante de CC OO, «responde a una insensatez pocas veces vista en la Administración regional».

Se refiere Nicolás al anterior gerente del CEIS, Francisco Javier Gil, que fue cesado de manera fulminante el pasado 31 de mayo tras la salida del consejero de Transparencia y la desaparición de la Consejería como tal. Gil decidió «unilateralmente y de forma ilegal», según denuncian los sindicatos, bajar la persiana del parque de bomberos de San Pedro del Pinatar, al que la Comunidad se refiere como «retén». Estas instalaciones llevaban funcionando 18 años sin trabajadores fijos y nutriéndose exclusivamente de las horas extra que realizaban los bomberos desplazados de otros parques. «Nos decían que aguantáramos, que salváramos la primavera, luego el verano... Pero ya hemos dicho 'basta'», explica Nicolás. El de San Pedro suponía el quinto parque de la Región en número de intervenciones, y en esta zona se queda operativo ahora solo el de Los Alcázares, que representa el segundo de la Comunidad por número de intervenciones y donde los trabajadores están «desbordados», lamenta UGT. Ahora, con la mayor afluencia turística que experimentan estas localidades, la situación se vuelve «mucho más preocupante». Porque los bomberos, recuerda Jiménez, «no solo acudimos a los incendios. También estamos en accidentes de tráfico, en siniestros en viviendas, y en otros muchos requerimientos».

Pese a todo, técnicos especializados en la extinción de incendios forestales de la Región de Murcia consultados por este periódico explican que el conflicto en el CEIS «no afecta en absoluto» a la lucha contra el fuego, «ya que sus actuaciones en este tipo de incendios son mínimas». Otra cosa es que el consorcio, según estas fuentes, «sepa gestionar correctamente los recursos con los que cuenta». Aunque sean mínimos.

Por su parte, Sergio Rubén Nicolás muestra su repulsa por la «criminalización» que ha sufrido este colectivo por parte de los propios responsables políticos del CEIS «a la hora de pagar la nóminas con las correspondientes horas extra trabajadas». Compañeros, según Nicolás, «que han sacrificado vacaciones completas con la familia y después son crucificados por esos responsables porque hacen muchas horas extra». Unas horas que, de hecho, son otra de las causas del tremendo galimatías que se ha formado en los últimos años en el CEIS.

Al no disponer de suficientes efectivos en la plantilla, los diferentes gestores no han tenido más remedio que tirar de las horas extra para cubrir los servicios, aunque haya sido por encima de lo fijado legalmente en el Estatuto de los Trabajadores. Al menos este es el argumento que ofrecieron los servicios jurídicos de la Comunidad a preguntas del Tribunal de Cuentas, que a principios de año emitió un demoledor informe en el que apreciaba irregularidades en el pago de esas horas extra y pedía explicaciones a decenas de cargos públicos por un presunto perjuicio contable a las arcas públicas. Solo en 2017, año al que se refiere el acta de liquidación provisional dictada por el Tribunal contra los miembros de la Junta de Gobierno del CEIS, los bomberos desarrollaron 113.432 horas fuera de la jornada ordinaria, lo que supuso un desembolso de más de 2,3 millones de euros percibidos por 333 empleados del consorcio. Más de 7.000 euros al año en horas extra, de media, por cada bombero. En la actualidad, y según los datos de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, de la que depende ahora la gestión del CEIS, el Consorcio cuenta con 311 profesionales (12 sargentos, 77 cabos y 202 bomberos), mientras el resto son personal administrativo o técnico).

Sin embargo, semejante desembolso de horas extraordinarias para parchear este déficit estructural de trabajadores no ha supuesto en los últimos años una mejora de los tiempos de respuesta de los bomberos del consorcio, y tampoco ha redundado en la calidad del servicio ni de los recursos materiales. Incluso se han reducido las horas disponibles y el personal de almacén y también de talleres, lo que supone menos posibilidades para que los vehículos puedan ser reparados en tiempo y forma cuando sufren un problema mecánico. «Y a los camiones les exigimos mucho en las intervenciones».

Fuentes de la Consejería de Emergencias explican a LA VERDAD que el tiempo medio de respuesta de los bomberos del CEIS fue de 21 minutos y 15 segundos el año pasado. Es decir, desde que reciben la llamada hasta que llegan al lugar del siniestro. Ese tiempo de respuesta ha ido creciendo desde 2018, que es el primer año con datos que facilita la Consejería.

Antonio José Jiménez recuerda que los bomberos deben desplazarse al lugar del siniestro, como mucho, en menos de 20 minutos. «Pero hay núcleos urbanos como Calasparra o Fuente Álamo a los que, en condiciones normales, no llegamos en menos de 40 minutos», explica. «No es lo mismo para las consecuencias de un fuego llegar a los cinco minutos que a los quince», resume. En este sentido, Sergio Rubén Nicolás pone como ejemplo la actuación que tuvieron que realizar en un «gran incendio» ocurrido en una conocida empresa cárnica murciana, que duró 36 horas hasta su extinción por completo. «Solo pudieron atenderlo tres bomberos en los primeros 25 minutos. Solo tres bomberos para hacer frente durante a los primeros y decisivos minutos», recalca.

El sindicato CSIF también manifiesta su «absoluta disconformidad» con la gestión llevada a cabo por el Gobierno regional en los últimos 12 años. «No es de justicia que los bomberos del consorcio hayan dado el do de pecho para evitar el desastre que hubiera supuesto la falta de personal, y asegurar la seguridad de los ciudadanos, y que ahora se cierren parques, se dejen de pagar las horas extraordinarias realizadas y se pretendan recortes y abusos sobre un colectivo que presta un servicio público tan importante», sostiene la organización en una nota de prensa.

De la misma opinión que el resto de sus compañeros es el delegado de CGT en el CEIS, José Antonio Caravaca, con 18 años de experiencia a sus espaldas. «Cuando yo entré, en 2004, teníamos parques con cinco personas que después pasaron a tener cuatro, y luego tres. Esto es una muestra clara de que el Gobierno regional no ha invertido nada en personal en los últimos años. No ha habido una apuesta clara por este servicio público». Caravaca cree que «hay que ver cómo solucionamos el verano» con los efectivos disponibles. Sin embargo, «esa solución no puede ser otra vez un parche, una solución temporal». Como el resto de sindicatos, CGT también reclama una Oferta Pública de Empleo para cubrir las 120 plazas necesarias, según CC OO. Una cuarta parte de lo que sería la plantilla total del CEIS. Según Caravaca, «llevamos más de diez años pidiendo esto, pero no se ha hecho nada», denuncia. «Es solo una cuestión de voluntad política».

Pero, ¿cómo es posible que los diferentes gobernantes de la Comunidad hayan permitido la degradación de un servicio público tan importante a lo largo de los últimos años y sin poner las soluciones adecuadas? «Esa pregunta nos la hacemos muchos, pero quizá habría que hacerla en otra ventanilla», reconoce Antonio José Jiménez, quien sí admite que «este es el peor momento» del consorcio. «Entre los compañeros no se recuerda una situación igual».

La pregunta se la traslada LA VERDAD a la actual responsable del CEIS, Verónica López, quien sustituye a Francisco Javier Gil desde el pasado martes. Pero ella tampoco tiene respuesta: «No sé lo que ha podido pasar estos años, porque yo acabo de llegar». Eso sí, López ha mantenido tres reuniones con los sindicatos en menos de una semana y, al parecer, ya tiene una solución sobre la mesa. También es verdad, según las fuentes consultadas por este periódico, que los diferentes responsables del CEIS han llegado en los últimos años con «propuestas y soluciones» para tratar de arreglar el problema que, al poco tiempo, han quedado en agua de borrajas.

Sergio Rubén Nicolás cree directamente que el Gobierno regional «ha estado engañando» a los funcionarios del CEIS durante los últimos años con reiteradas promesas que posteriormente se incumplían de forma sistemática. Promesas que, parafraseando a Los Piratas, «no valían nada». La última ha sido este mismo año, cuando el exconsejero de Transparencia, Antonio Sánchez Lorente, firmó de su puño y letra un papel en el que se comprometía a crear nuevas plazas de bombero en el consorcio. Un documento que acabó siendo papel mojado para mayor indignación de los trabajadores, que ya habían vivido unos años antes otra «traición mayúscula». La que perpetró contra los funcionarios del CEIS, a juicio de Nicolás, el ex director general de Emergencias Manuel Durán: «Los problemas que generó como responsable del consorcio los quiso solucionar después desde la empresa privada», denuncia.

Aunque también es verdad que Nicolás no ha conocido «ningún gerente bueno del consorcio» en los 20 años que lleva trabajando como bombero. En la mitad de ese tiempo, los trabajadores se han embarcado en tres huelgas diferentes. Y uno de los denominadores comunes a esas protestas es que el trabajo se saca adelante «en base al tiempo libre de los compañeros». Algo que, según Nicolás, «es totalmente insostenible». Los bomberos, que ni siquiera tienen un catálogo de enfermedades profesionales, «ya se han cansado».

Sin embargo, todo puede cambiar con Verónica López, que en menos de una semana ha conseguido aprobar la partida para la convocatoria de plazas correspondientes a 2022, que quedará refrendada en la Junta de Gobierno del consorcio del próximo 13 de junio. Esta era la principal exigencia de los trabajadores, ya que con esta convocatoria se permitirá crear 79 nuevas plazas. A ello se suma la presentación de las bases de la convocatoria de 2021, que será publicada en el Boletín Oficial de la Región en los próximos días. Esta convocatoria cuenta con tres plazas de bombero-conductor especialista, a las que se sumará la reposición de aquellas que queden vacantes. Además, el Borm publicó el pasado 28 de mayo la oferta extraordinaria de estabilización de 22 plazas de bomberos que actualmente están en situación de interinidad, y se repondrán todas aquellas que queden vacantes.

Verónica López, que también se ha comprometido a «restablecer el servicio en los parques cerrados, incluido el de San Pedro del Pinatar», pidió «un margen de confianza» a los sindicatos. Aunque es lógico, según José Antonio Caravaca, «que no nos fiemos de un Gobierno que ha incumplido las promesas de forma continua». Sergio Rubén Nicolás, por su parte, cree que el compromiso alcanzado por los nuevos responsables del CEIS tan solo «sienta la posibilidad de comenzar a hablar de los problemas del consorcio», aunque reconoce que «es un paso importante que se haya aprobado en Comisión Permanente». Eso sí, también recuerda que aún quedan muchos meses (oposiciones, academia, etc) para que los profesionales que salgan de esta nueva convocatoria formen parte activa de la plantilla. Según Verónica López, el CEIS tendrá que seguir tirando hasta entonces de las horas extra, aunque «de una forma ordenada». Es decir, sin varapalos posteriores del Tribunal de Cuentas por supuestos perjuicios contables a las arcas públicas.

Los problemas relacionados con la escasez de plantilla en el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) se replican en cierta manera en los bomberos de Murcia, que dependen exclusivamente del Ayuntamiento de la capital. En las últimas dos décadas y en base a las cifras en bruto, este cuerpo ha perdido al menos un 17% de su plantilla. El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Murcia contaba en 2004 con 220 empleados públicos, frente a los 183 actuales. Los trabajadores denuncian, además, que «solo hay 25 conductores cuando debería haber 48, lo que provoca que los funcionarios del Ayuntamiento hagan continuamente horas extra».

El equipo de gobierno municipal anunció el mes pasado la creación de 20 nuevas plazas de conductor y otras cinco de bombero, que se suman a las 16 de la oferta de empleo de este año.Por otro lado, la plantilla en el parque de bomberos de Cartagena está formada por 95 efectivos entre suboficiales, sargentos y cabos, de los que 81 son bomberos base. A ellos se sumarán 15 más en la oferta de empleo público ya convocada, más las vacantes que saldrán de la promoción de dos suboficiales, siete sargentos y cinco cabos, que finalizará la próxima semana. «De este modo se prevé incrementar la plantilla con otros 29», explicaron fuentes municipales. Así, añadieron, «se refuerza la estructura del cuerpo jerárquico y se amplía la plantilla base. Los que salgan de esta promoción comenzarán su periodo de prácticas durante un tiempo determinado, antes de ser bomberos de pleno». En cuanto a planes de futuro, el gobierno local de Cartagena, «quiere seguir reforzando la estructura y la plantilla cubriendo las jubilaciones y manteniendo el mínimo de los servicios básicos para actuar en caso de emergencia».

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