La Comunidad solo concede el 9% de los bonos estatales al alquiler para jóvenes

Esta cifra representa solo el 8,8% de los 17,6 millones de euros transferidos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con el fin de financiar este programa de apoyo al arrendamiento de viviendas para ayudar a los jóvenes de 18 a 35 años a independizarse. La Administración denegó 408 demandas por incumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa estatal y tiene todavía 1.000 pendientes de aportación de documentación establecida por la normativa estatal, mientras que el resto (1.169) todavía está en proceso de revisión.

Las mismas fuentes aclaran que «las ayudas tienen que cumplir los requisitos marcados por la normativa estatal que las regula, que fue diseñada unilateralmente por el Gobierno central, sin consultar a las comunidades que tienen que tramitarlo». También señalaron que la obligación de presentar un contrato de trabajo hace aún más «complejo» el acceso a estos fondos. Pese a esto, «las concesiones se van produciendo de manera continua», prosiguen y reiteran que «la Comunidad Autónoma tuvo que adelantar los fondos para poder publicar la convocatoria de Bono Joven. «A pesar de que el Gobierno central anunció este bono en octubre de 2021, en julio de 2022 aún no había hecho efectiva la transferencia a la Región».

En marzo, aseguraron que dos de cada tres peticiones ya tramitadas habían sido denegadas por el incumplimiento de alguna de esas exigencias por Madrid. Cada ayuda supone 250 euros mensuales durante dos años.

«Los requisitos del Bono impuestos por el Gobierno central son difíciles de cumplir por los jóvenes, y el diseño de las ayudas conlleva una excesiva burocracia para los posibles beneficiarios; la problemática de la tramitación del Bono es compartida por todas las comunidades autónomas», afirmaron. Uno de los requisitos pasa por que los ingresos anuales sean, con carácter general, inferiores a tres veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), por lo que no debe ser superior a los 24.318 euros.

Desde el departamento que dirige José Ramón Díez de Revenga remarcaron que los eventuales beneficiarios han tenido que aportar nuevos documentos, lo que ha dilatado el proceso. Sin embargo, el sindicato UGT lleva tiempo denunciando que más de mil personas ni siquiera han recibido una notificación que indique si van a obtener los fondos, lo que está causando el desasogiego de muchos jóvenes que contaban con esa ayuda para subsanar sus gastos.

Miguel García, de 26 años, pidió la ayuda en agosto del pasado año y todavía no ha logrado saber si le van a conceder el dinero. Desde hace meses, como representante de Juventud de UGT, ha conocido decenas de casos de personas en la misma situación, que han tramitado la demanda del bono con la esperanza de obtener una cantidad máxima de 250 euros que les permita vivir con dignidad sin la ayuda de sus padres. «De los más de 30 solicitantes que me han contactado para gestionar su caso, solamente uno recibió una respuesta y fue negativa», lamenta García, que está siendo la voz del descontento de muchísimos afectados. «No es cierto cuando las autoridades dicen que no se la han concedido a la gente porque la burocracia impuesta era muy difícil. Por ejemplo, en la ayuda autonómica que acaban de lanzar piden la misma documentación: contrato de alquiler firmado, justificante de la transferencia de lo que llevas pagado, volante de empadronamiento y una nota simple del registro de la propiedad», señala García, al tiempo que enseña el formulario por el que ha interpuesto una queja al Defensor del Pueblo.

Mari Carmen Fernández aún ignora si ingresará la ayuda. La solicitó en octubre y asegura que solo tiene constancia de una persona que haya recibido contestación. También negativa. Esta administrativa, de 33 años, cree que el Ejecutivo deja pasar el tiempo para que luego se produzca silencio administrativo. Para ella, los fondos resultan vitales, ya que el alquiler engulle casi el 40% de su salario. «Alguna respuesta deben de dar y conceder el bono con efecto retroactivo», confía Fernández.

Desde UGT creen que hay más de mil solicitantes en la misma situación, justo un año después de que se abriera el plazo para solicitarlo. «El Gobierno no está interesado en dar ese dinero, no ha destinado recursos para que se trámite rápido, ni ha dedicado publicidad para que los jóvenes se enteren y la pidan», denuncia García, quien cree que «se está perjudicando a un grupo vulnerable, gente joven precaria, que ha empezado a trabajar y que gana menos de tres Iprem».