La Comunidad rechaza los 11,4 millones de indemnización que reclama Puerto Mayor

El Consejo hizo en diciembre un dictamen previo en el mismo sentido, considerando «prematura» la reclamación de Puerto Mayor. En un nuevo dictamen que acaba de emitir, este organismo respalda la última resolución que adoptó la Consejería el pasado 15 de febrero desestimando las pretensiones de la empresa. Fomento argumentó que «no puede pedir responsabilidad patrimonial a la Administración regional quien no ha cumplido con la ley».

La caducidad de la concesión para construir la dársena deportiva fue acordada por el Gobierno regional en agosto del año pasado, basándose en que la empresa había incumplido los plazos para construir dichas instalaciones, después de solicitar sucesivas prórrogas a partir del año 1979, a las que se sumaron modificaciones del proyecto, que en su diseño original incluía una pista de aterrizaje y una urbanización. La concesión establecía un plazo de ejecución de cuatro años. El Ejecutivo regional también requirió a la empresa para que retirara las instalaciones, la parte construida, en el plazo de dos meses, sin derecho a recibir indemnización.

Puerto Mayor recurrió esta decisión ante al Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, aunque previamente ya había reclamado por daños. En este sentido, la resolución del Ejecutivo no es firme, por lo que el supuesto daño no es efectivo.

El Ministerio para la Transición Ecológica reclamó en otoño la devolución al Estado de los terrenos del fallido puerto, al haber quedado anulada la concesión que se otorgó 45 años antes al promotor Tomás Maestre. Recalcó que había que devolver la zona a su estado natural, para lo cual era necesario desmontar las infraestructuras a medio construir. Censuró que Puerto Mayor aún no hubiera demolido los pantalanes que degradan el entorno marino. El Ministerio anunció que lo hará, repercutiendo los gastos a la empresa.

El último dictamen del Consejo Jurídico señala que de acreditarse judicialmente que el incumplimiento de la concesión es responsabilidad de la promotora, los daños que reclama como resarcimiento «difícilmente podrían ser considerados como causados por la Administración». Puntualiza que los perjuicios reclamados tendrían su origen, al menos en parte, «en la propia iniciativa del concesionario, que con su actuación habría puesto los fundamentos para la generación del daño y se habría colocado en situación de tener que soportarlo».

Antes de que el Consejo de Gobierno diera carpetazo al proyecto, Puerto Mayor ya había presentado en el año 2018 la reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños que dijo haber sufrido por una declaración previa de caducidad dictada por el Ejecutivo autonómico en 1988, gobernando el socialista Carlos Collado; una decisión que fue anulada después por el TSJ.

Puerto Mayor hizo una primera valoración de supuesto perjuicio de 12.001.541 euros, que correspondía a obras ejecutadas entre los años 1988 y 2005. Luego lo fijó en 11.488.027 euros.