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La Comunidad Autónoma dará la batalla a la 'ley Celaá', que este jueves se debate en el Congreso. Sus servicios jurídicos no solo estudian el texto por si fuese recurrible, sino que también buscan resquicios legales para reducir el impacto de su aplicación en la ... Región, al menos en sus artículos más cuestionados, como los relativos a los centros concertados.
Así lo avanzó este miércoles el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que calificó la ley como «un ataque a la libertad de las familias para elegir centro educativo y a los centros de educación especial». Se quejó de que el Gobierno la lleva adelante sin diálogo.
En respuesta a una pregunta del portavoz de Vox en la Asamblea, Juan José Liarte, López Miras confirmó que los abogados de la Comunidad preparan las contrarreformas educativas necesarias para no aplicarla. «Por un lado estamos estudiando la presentación de cualquier recurso que sea necesario ante los tribunales y, por otro, ya se ha encargado a los servicios jurídicos de la Consejería de Educación que analicen todas las opciones para que en la Región se aprueben las contrarreformas necesarias para no aplicar esa ley que va contra la libertad». López Miras se mostró convencido de tener a su favor el artículo 27 de la Constitución, que reconoce el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.
El presidente recordó que, en la actualidad, el 90% de las familias murcianas llevan a sus hijos a los colegios elegidos gracias al distrito único. Y que el 80% deciden libremente que sus hijos estudien religión.
En el planteamiento de su pregunta, el portavoz de Vox recordó que otras autonomías, como Madrid, ya se están organizando para impedir la aplicación de dicha norma. Liarte sugirió que Murcia puede ser «línea de contención» a una ley que va «contra la libertad de las familias» y que ponen a estas «al servicio del Estado».
Vox también pidió implantar el 'homeschooling', una alternativa basada en la educación en casa frente a la «voluntad adoctrinadora de los políticos». La Comunidad no lo contempla.
La Consejería de Educación insistió ayer en que la obligación de recuperar los tres días lectivos perdidos por el retraso en el inicio del curso por la pandemia, y contra la que se han manifestado los sindicatos, viene impuesta por el Ministerio de Educación. Según el informe remitido a la Consejería, «las 175 jornadas lectivas deben ser cumplidas como legislación básica en todo el territorio nacional, y será necesario reorganizar el calendario escolar en aquellos municipios en los se haya visto afectado por el retraso del inicio del curso escolar, ajuste enteramente competencia de la administración autonómica».
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