La Comunidad lanza un plan contra las mafias de la ocupación ilegal de casas

El Gobierno regional quiere atajar el fenómeno de la ocupación de viviendas y erradicar las mafias que se benefician de esta práctica ilegal. El primer paso para esa labor se dio este lunes con el anuncio de la elaboración de un protocolo que servirá para detectar los casos, analizar la situación de la ocupación y diseñar un procedimiento que impida el establecimiento de estas redes en la Región de Murcia. El documento, que será difundido entre todos los colectivos y entidades locales, contará con las aportaciones de los profesionales del sector de la vivienda.

La problemática no ha dejado de crecer en la Comunidad, donde la ocupación ilegal de inmuebles aumentó un 20% en lo que va de año hasta alcanzar los 176 casos, casi una denuncia al día, frente a los 147 del año 2019, de acuerdo con los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) del Ministerio del Interior.

Ante ese crecimiento de casos, el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, puso de manifiesto que el Ejecutivo regional quiere priorizar las políticas de hogar y articular medidas para la prevención de esta práctica ilícita.

«El movimiento okupa como lo conocíamos hasta la fecha se ha convertido en una red perfectamente organizada que hay que erradicar y nuestra misión es que esas mafias no se instalen en la Región de Murcia», advirtió Díez de Revenga, tras la reunión que mantuvo con el presidente del Colegio de Administradores de Fincas, Carlos Antón, a quien solicitó colaboración para la redacción del citado protocolo. «Será un reglamento que servirá para acercar a las partes implicadas a la Administración y nuestra función será trasladar a la entidad pública esa situación», expuso Antón.

El consejero, por su parte, destacó que esta institución colegial «conoce de primera mano la problemática de la usurpación de viviendas, y han comprobado el incremento de los casos de ocupación, así como las molestias que causan en los vecindarios afectados». A la ocupación de viviendas de familias sin recursos se ha sumado en los últimos años la apropiación de inmuebles por parte de organizaciones profesionalizadas que hacen negocio con esta práctica ilegal, ya sean viviendas de ciudadanos particulares o propiedad de bancos o de otras sociedades. En la Región, el problema se incrementa principalmente en las localidades costeras, donde solo un 15% de las viviendas están habitadas. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado advierten de que las mafias no solo se instalan ilegalmente en las casas, sino que también las alquilan o las venden a personas que se encuentran en situación de necesidad. «Otra de las práctica de las bandas, una vez que se produce la apropiación, es ofertar al legitimo dueño del inmueble la devolución de su vivienda», indican fuentes policiales.