Las explotaciones ganaderas ubicadas en la cuenca vertiente al Mar Menor afrontan desde este sábado un nuevo plan de inspecciones para comprobar que cumplen con la ley autonómica que protege a la laguna. La Consejería de Agricultura y Ganadería revisará 360 granjas, en su mayoría porcinas, entre 2024, 2025 y 2026 para certificar que los purines y estiércoles no contaminan el ecosistema marino ni los acuíferos de la comarca del Campo de Cartagena. Esta medida trianual recogida en la legislación ambiental ha permitido abrir expedientes sancionadores a 90 explotaciones en los dos últimos años por irregularidades, lo que ha supuesto hasta ahora una multa global de 50.000 euros.
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Las inspecciones correrán a cargo tanto de los técnicos de Ganadería como de las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) y se centrará, sobre todo, en el municipio de Fuente Álamo, donde se visitarán 240 granjas. En menor medida, Cartagena contará con 54 controles, Torre Pacheco con 32, Murcia con 30 y Mazarrón con cuatro. Junto a las inspecciones oficiales, los técnicos podrán realizar revisiones extraordinarias motivadas por denuncias de particulares u organizaciones, o por indicación de otras instituciones como la Confederación Hidrográfica del Segura, que también controla este tipo de actividad en la cuenca.
Las visitas se centrarán en controlar, en primer lugar, aquellas granjas que no se hayan inspeccionado hasta ahora o cuyos titulares no han presentado la documentación que pruebe que han impermeabilizado las balsas de purines, esencial para evitar la infiltración de nitratos ganaderos en el subsuelo. Otra línea de investigación se centrará en comprobar si los ganaderos han registrado el volumen de deyecciones que han movido hasta un centro autorizado de tratamiento. Las granjas que guarden más animales de los permitidos o que fueron expedientadas en años anteriores por no cumplir la ley también serán visitadas.
Los técnicos de la Subdirección General de Producción Ganadera Sostenible serán los encargados de participar en estas labores de control, pero, como novedad, la Consejería incluye en la vigilancia a los inspectores veterinarios de las OCA, que podrán levantar actas para abrir posteriormente un expediente sancionador en caso de irregularidades, según la orden publicada este sábado en el Boletín Oficial de la Región (BORM).
Entre las infracciones más comunes halladas hasta ahora están la de no comunicar los movimientos de purines al registro electrónico de movimientos de deyecciones ganaderas (Remodega) o no informar y no acreditar, mediante estudio del subsuelo, la impermeabilidad natural de los sistemas de almacenamiento de deyecciones en explotaciones ganaderas.
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