Pedro Rivera y José Ramón Carrasco, consejero de Presidencia y director de Emergencias, respectivamente, cuando se produjeron los hechos denunciados por el Tribunal de Cuentas, en una foto de 2019. V. VICÉNS / AGM

La Comunidad desoyó los avisos sobre la presunta irregularidad de las horas extra de los bomberos

El Tribunal de Cuentas insistía en su informe de 2019 en recomendar al consorcio de bomberos que debía «redimensionar su plantilla y planificar las guardias»

Sábado, 2 de abril 2022, 07:20

La Comunidad Autónoma desoyó reiteradamente las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas sobre la presunta irregularidad que estaría cometiendo al abonar al ... personal del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) un número de horas extra por encima del límite legal.

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De hecho, en el informe de fiscalización del ejercicio de 2019, último realizado hasta ahora, el Tribunal de Cuentas daba por incumplida la recomendación sobre este asunto planteada en el informe sobre las cuentas regionales de 2018. En esta recomendación se pedía al CEIS «redimensionar su plantilla para adecuarse a las necesidades reales, creando plazas de nuevo ingreso o autorizando el nombramiento de personal interino. Adicionalmente debería realizar una planificación de las guardias, analizando y ajustando las desviaciones registradas».

El consorcio, lejos de seguir esta recomendación, y a pesar de que en 2019 convocó 15 plazas de bombero, siguió en 2020 incrementando el pago de horas extras, cuyo montante total alcanzó al final de año los 3,1 millones de euros, un 1% más que las abonadas el ejercicio anterior.

El pago excesivo de horas extra a los bomberos se inicia en 2017, y como consecuencia de ello el Tribunal de Cuentas ha dictado un acta de liquidación provisional contra los miembros que integraban en dicho año la junta de gobierno del CEIS por presunto perjuicio contable a las arcas de la Comunidad, según adelantó ayer LA VERDAD.

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El procedimiento afecta al entonces consejero de Presidencia del Gobierno regional, Pedro Rivera, y a unos cincuenta altos cargos de la Administración autonómica, alcaldes y concejales de los municipios que integraban el consorcio y pertenecientes en su mayoría al PP, pero también al PSOE e incluso a Podemos. El acta del Tribunal de Cuentas se envía al fiscal, que decidirá si archiva la causa o abre juicio. Mientras tanto, el órgano fiscalizador de las cuentas públicas ha solicitado a los implicados que presenten avales para asegurar la restitución a la Comunidad de los más de 2,3 millones de euros en horas extra pagados en 2017 de forma presuntamente irregular.

En las alegaciones presentadas por la secretaria-interventora del consorcio, Ana María García Asensio, al informe de fiscalización del ejercicio 2019 insistía en que «sigue siendo imposible la compensación de horas extraordinarias con descansos dominicales, porque dichos descansos de un funcionario conllevan su sustitución mediante nuevas horas».

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El mismo problema detectado por el Tribunal de Cuentas en 2017 con las horas extra de los bomberos se reprodujo en 2018, por lo que es probable que el órgano fiscalizador termine ampliando el procedimiento abierto a dicho ejercicio y aumente el número de cargos políticos afectados.

Con el fin de intentar evitar la presunta ilegalidad, el Gobierno regional incluyó una disposición adicional en la ley de Presupuestos de 2019 en la que a la prohibición expresa de retribuir horas extra se le añadía una excepción a favor del CEIS. Sin embargo, la secretaria-interventora reconocía en sus alegaciones que «dicha fórmula puede conducir a un mayor número de horas, prueba de ello es que el número de horas realizadas en 2019» volvió a aumentar con respecto el año precedente.

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Entre los cargos incluidos en el procedimiento figura el abogado Pedro Rivera, quiera era consejero de Presidencia y presidente de la junta de gobierno del CEIS en 2017. Rivera sostiene que actuaron «conforme a derecho, con el aval de los técnicos y sin disponer de otra alternativa». Así lo explica en las alegaciones que ha presentado al acta de liquidación provisional, a las que también se han sumado los ex directores generales José Ramón Carrasco de la Sierra y Juan José Almela.

Mutismo oficial

El consejero de Transparencia, Seguridad y Emergencias, Antonio Sánchez Lorente, actual responsable del Consorcio de Extinción de Incendios, eludió ayer pronunciarse sobre este caso. «Somos una Administración que está dentro de ese proceso, así que por lealtad y respeto al Tribunal y a la propia Administración autonómica, lo que procede en este momento es no hacer ninguna valoración», indicó ayer tras firmar un convenio de colaboración con Cruz Roja.

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Sánchez Lorente sí se comprometió a poner en marcha medidas para solucionar el exceso de horas extra. El consejero precisó que el presupuesto del consorcio de este año incluye una partida de 1,5 millones de euros para hacer «la mayor oferta pública de empleo del CEIS en toda su historia», que supondrá la convocatoria de 70 nuevas plazas de bomberos.

«Esa es la solución, sin duda alguna, para solventar todos los problemas de déficit de efectivos», recalcó el consejero. Aunque también reconoció que existen otras cuestiones que preocupan, como es el de las instalaciones, «ya que algunas son muy antiguas», por lo que se requiere emprender su renovación.

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Al respecto anunció que habrá una partida de tres millones de euros para «la edificación de nuevos parques y la modificación de otros», como puede ser la actuación que se lleva a cabo en el parque de Mula, así como las obras terminadas recientemente en Cieza. También está pendiente el futuro parque de San Pedro del Pinatar.

«Había informes favorables; el pago estaba justificado debido a la escasa plantilla»

«No hubo inconveniente de ningún tipo. Si no, hubiéramos votado en contra. Existían informes favorables porque estaba justificado el pago por la falta de personal y la necesidad de aquellas horas extra», defendió ayer el alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, uno de los tres regidores que estuvieron presentes en las reuniones de la junta de gobierno del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento celebradas en 2017. «En la junta de junio se dijo que había que pagar horas extraordinarias, que estaban justificadas, y no hubo reparos», remarcó el primer edil muleño, que aseguró que ya ha presentado alegaciones. «Hay que entender que si no hay bomberos, no se pueden apagar los fuegos», añadió.

«Ahora, el Tribunal de Cuentas nos pide un aval de garantía. No sé si este asunto lo cubrirá el seguro, pero llegado el momento tendremos que poner un aval personal para garantizar los más de dos millones de euros», sostuvo el regidor muleño. «Insisto en que se pagaron las horas extra por la falta de personal».

Por su parte, el alcalde de Moratalla, Jesús Amo, que también asistió a aquellas reuniones del Consorcio, aseguró a LA VERDAD que «yo no tengo absolutamente nada que ver con este tema; no tengo ni idea». Sin embargo, añadió que «las decisiones para el pago de las horas extraordinarias fueron tomadas por la Comunidad Autónoma y por el Consorcio. Yo he ido a alguna reunión, en la que votamos a favor o nos abstuvimos, pero la última decisión siempre la tuvo la Comunidad». Este diario intentó ponerse en contacto en repetidas ocasiones con el primer edil de Torre Pacheco, Antonio León, pero no lo consiguió.

La Junta de Gobierno del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento en 2017 estaba presidida por Pedro Rivera, en calidad de consejero de Presidencia, y contaba con dos vicepresidentes: el entonces director general de Emergencias, José Ramón Carrasco de la Sierra, y el concejal del PP en el Ayuntamiento de Lorca Juan Miguel Bayonas. También figuraban el gerente del Consorcio, Alfonso Ramón García López, y, como vocales, los entonces directores generales Manuel Durán (Administración Local), Juan José Almela (Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones) y Roque Martínez Escandell (Asistencia Sanitaria). Asimismo, había funcionarios de la Dirección General de Medio Natural. Los 43 ayuntamientos estaban representados por el alcalde o ediles del equipo de gobierno municipal. Entre los asistentes a las reuniones de 2017 en las que se aprobó el pago de las horas extras y por lo tanto implicados en el proceso del Tribunal de Cuentas se encuentran los actuales alcaldes de Mula, Moratalla, y Torre Pacheco.

Por Juan Ruiz Palacios.

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