La Comunidad blinda el pago a los proveedores recurriendo a pólizas bancarias

El Gobierno regional ha solicitado préstamos a varias entidades financieras para garantizar el pago de las facturas de los proveedores en lo que resta de año. De esta forma pretende cubrir el agujero presupuestario de 234 millones de euros que el Estado le ha ocasionado a las arcas autonómicas, ya que están bloqueadas las entregas a cuenta debido a que el Gobierno central sigue en funciones. El consejero de Hacienda y Presidencia, Javier Celdrán, precisó ayer que el Ejecutivo funcionará con un sistema parecido a las pólizas comerciales, recurriendo cuando sea necesario a ese dinero, que ya está disponible.

En paralelo, el presidente de la patronal Croem, José María Albarracín, denunció ayer que están creciendo las quejas por las demoras en los pagos, y que en algunos casos se llega a duplicar el tiempo máximo de 30 días para que cobren los proveedores. Resurge el peligro de los impagos, cuyas demoras provocaron una etapa negra para la economía entre los años 2011 y 2015.

Celdrán elevó el nivel de preocupación al destacar que crece el estrangulamiento de las arcas autonómicas, que se ven doblemente penalizadas debido a la infrafinanciación que arrastra desde hace años para costear las prestaciones en sanidad, educación y dependencia. «Conforme pasan los días se nos complica la situación por la falta de respuesta del Ministerio de Hacienda». Celdrán mostró las primeras señales de alarma tras el Consejo de Gobierno de la semana pasada, al declarar la «situación de emergencia» por los impagos del Gobierno central. Apuntó que se atenderán las facturas de los proveedores, pero a cambio de que la Comunidad se endeude más.

«Hemos habilitado vías de financiación adicionales para cubrir este tipo de imprevistos», dijo el consejero, recurriendo a varias entidades financieras, que han dispuesto ese dinero para cuando sea necesario. Precisó que no se han producido transferencias directas de capital, sino que funcionará como una póliza para cubrir los pagos hasta el 31 de diciembre. El Gobierno regional sigue contando por otra parte con las aportaciones periódicas del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que tienen como finalidad cubrir el exceso de déficit anual.

Celdrán sostiene que con estas herramientas comerciales tratarán de paliar el desencaje en la tesorería regional, que contaba este año con esos 234 millones que de momento no llegarán. «Garantizamos que no nos vamos a quedar sin pagar más tiempo del debido a los proveedores», recalcó. A su juicio, el problema actual no pone en riesgo los servicios básicos, sino la financiación de los mismos.

«El problema gordo viene después, ya que estos préstamos a corto plazo para evitar el desfase de nuestra tesorería hay que liquidarlos antes del 31 de diciembre. No podemos pasar al año siguiente debiendo dinero a los bancos y generando más déficit», apostilló el titular de Hacienda. «Teníamos dos opciones: no usar las pólizas, lo cual nos obligaría a no poder pagar a tiempo a los proveedores; o tirar de las pólizas y endeudarnos todavía más, incrementando el déficit de este año», explicó. La Consejería ha tomado el segundo camino, recurriendo al mismo tiempo a la ministra de Hacienda para que se haga cargo de la situación. «Además del déficit estructural tenemos que afrontar otro coyuntural, por lo que el Ministerio tendría que arbitrar mecanismos que permitan endeudarnos a cero para solventar este problema». Señaló que las pólizas tienen intereses del 1%, y si se ejecutan de inmediato habría que abonar 2,4 millones de euros, gravando más las arcas autonómicas.

Desde el lado de los empresarios, las alertas también se han encendido y existe mayor inquietud. El presidente de la patronal Croem, José María Albarracín, expresó recientemente al consejero Javier Celdrán el malestar que existe por la demora en los pagos, que se vienen produciendo desde principios de año y que se han acentuado últimamente. «Le transmití la queja del tejido empresarial por estas demoras, al producirse una prórroga de los vencimientos». Señaló que dicho retraso se ha llegado a duplicar en algunos casos, sobrepasando los treinta días establecido en la ley.

Apremió a la Administración para que se ponga el día en el pago a las empresas. Explicó que la patronal Croem está recibiendo estas quejas de los proveedores, que luego traslada a la Consejería, cuyo titular reconoce que hay que agilizar los pagos. «El año 2017 fue malo, el siguiente mejoró, pero en este ejercicio las denuncias han aumentado», señaló Albarracín.

«Es inaceptable que se llegue a esa situación y que las empresas sigan sufriendo y sean castigadas por una Administración irresponsable, aunque reconocemos que se debe al tratamiento injusto que recibe nuestra Región por la infrafinanciación estatal. La reforma del sistema de financiación autonómica no llega, lo cual provoca una injusticia todavía mayor en la Región. Es urgente acometer dicha reforma porque recibimos mucho menos dinero que otras comunidades, sin justificación alguna. Estamos en más de 150 euros menos por habitante que la media nacional, y muy lejos de Cantabria, que es la mejor financiada». Lamentó que el Gobierno en funciones no entregue los anticipos a cuenta.