Los abogados de la Región tramitaron en 2018 un 6% más de solicitudes de asistencia gratuita

El Colegio de Abogados de Murcia, con motivo del Día de la Justicia y el Turno de Oficio, hizo balance este viernes de la situación en la que se encuentra este servicio público. Los datos expuestos indican que en 2018 se tramitaron 19.935 solicitudes de asistencia gratuita, lo que supone un 6,4% más que el año anterior. De enero a junio de este año, la cifra alcanza las 8.896 solicitudes.

Además, en los servicios de guardia -asistencia al detenido, violencia de género y extranjería- fueron atendidas el año pasado 13.333 personas, mientras que por el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados pasaron 12.600 personas. En los primeros seis meses de 2019 estas cifras se sitúan en 5.773 y 2.520 personas, respectivamente. Todos estos datos, junto con los del servicio de asistencia jurídica penitenciaria, fueron presentados por parte del decano del Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez-Escribano, y el consejero de Presidencia en funciones, Pedro Rivera.

Del total de expedientes tramitados en 2018, 7.279 fueron derivadas de asistencia al detenido, 1.014 de extranjería, 2.112 solicitudes fueron de víctimas de violencia de género, de la delegación del Colegio en Yecla llegaron 239 solicitudes, 1466 fueron designaciones directas de juzgados o tribunales, mientras que 287 fueron presentadas directamente por letrados.

Además de presentar estos datos, el Colegio de Abogados de Murcia izó este viernes la bandera del Turno de Oficio en su sede y entregó un diploma, en reconocimiento a la labor desarrollada a los abogados que llevan 20 años de ejercicio en el Turno de Oficio.

Como cada año, el comité de expertos del observatorio nacional de la Justicia Gratuita que elabora el Consejo General de la Abogacía y en el que participa el Colegio de Abogados de Murcia, ofreció una serie de recomendaciones con el objetivo de alcanzar un Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita más eficiente, que cuente con una mayor sostenibilidad económica, que se oriente hacia una mayor calidad y que garantice los derechos de las personas más desfavorecidas.

Entre ellas, consideran necesario la intervención preceptiva letrada en los casos de asilo y protección internacional, más allá de la asistencia en fronteras; asesoría letrada a víctimas de Violencia de Género previa a la denuncia y a su intervención en la comparecencia de la orden de protección, que en ambos casos será preceptiva; necesidad de acompasar los requisitos económicos de acceso al beneficio de Justicia Gratuita con el actual importe del Salario Mínimo Interprofesional; y crear un organismo de seguimiento y observación del sistema propiciando la homogeneización de los criterios de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.