Cuando Alberto Ruiz cerró la puerta de su vivienda, junto a la plaza Circular de Murcia, y puso rumbo a su Santiago de la Ribera natal no tenía ni idea de cuándo podría regresar. Tampoco lo sabían los tres compañeros con los que vivía, ni ... el resto de universitarios que en marzo emprendieron un éxodo masivo para volver a sus domicilios familiares, el destino predilecto para pasar el confinamiento. No obstante, todos ellos podían tener una certeza: ese mes no se iban a librar de pagar el alquiler.
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Tuvo que llegar abril y el anuncio oficial del final de las clases presenciales para que este estudiante de Medicina lograra alcanzar un acuerdo amistoso con su casero. A partir de esa fecha, los cuatro inquilinos pasaron a pagar 400 euros en total, la mitad de la mensualidad. Una prerrogativa que ahora queda fijada a modo de 'cláusula Covid' en el nuevo contrato que firmaron a principios de septiembre.
Estos acuerdos, destinados a aclarar en qué situación quedaría cada parte en caso de un nuevo encierro o la cancelación de las clases presenciales, comienzan a extenderse, según la última encuesta del Colegio Oficial y Asociaciones de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la Región (Coapi), en colaboración con otras dos entidades del sector. El informe refleja que uno de cada cuatro intermediarios dedicados al alquiler de viviendas ha incluido alguna 'cláusula Covid' en contratos de temporada, como los que firman los estudiantes; mientras que otro 26% de los agentes preguntados reconoce que han hecho un uso «esporádico» de estas disposiciones, solo en caso de que el inquilino lo pida y el propietario no ponga pegas. La encuesta también apunta a que un 26% de los caseros son «reacios» a redactar un epígrafe de este tipo.
En esta situación se encuentra Francisco Javier Torres, un joven de 25 años que en octubre empezará el Máster en Abogacía de la UMU. El piso que comparte junto a tres compañeros, en pleno corazón de Murcia, cuenta con una renta mensual de 680 euros que abonaron religiosamente durante el confinamiento, aunque solo él permaneció en la vivienda. «Intentamos hablar con la casera, pero su respuesta fue tajante: 'Es el dinero que es y no cambia'», explica. La delicada situación económica y la segunda ola de una pandemia que tiñe de negro el horizonte no ha variado la posición de la propietaria, que en el nuevo contrato se ha negado a incluir una 'cláusula Covid' ante la impotencia de los inquilinos.
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La experiencia de los meses de encierro también ha hecho mella en José Antonio Fernández, estudiante de la UPCT, a la hora de renovar el alquiler de su piso en Cartagena. «Una de mis tres compañeras se marchó durante el confinamiento y se negó a pagar. El resto tuvimos que hacernos cargo de su parte hasta que hablamos con la casera y nos redujo el precio a la mitad», relata. El mes que viene, cuando tenga que firmar el nuevo contrato, este aspirante a arquitecto espera incluir una cláusula que les garantice este descuento si se da una situación similar.
Al margen de los acuerdos entre particulares, algunos universitarios como la almeriense Susana Escudero, de 17 años, recurren a otras opciones de hospedaje como el colegio mayor Azarbe, perteneciente a la UMU. El plan de contingencia de este centro ante la Covid garantiza que las instalaciones seguirán abiertas en caso de un nuevo confinamiento. Eso sí, también advierte de que si un estudiante desea abandonar su habitación por esta circunstancia, no tendrá derecho a una «devolución, reducción o a un ajuste de precio», que en el caso de esta alumna de Publicidad y Relaciones Públicas asciende a casi 6.000 euros en total. En cambio, las dos residencias de la UPCT sí contemplan la posibilidad de cerrar sus puertas ante la declaración de un nuevo estado de alarma, aunque en ese caso se aplicaría una reducción de tarifas.
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La joven andaluza firmó el contrato de su habitación el pasado 14 de septiembre y no se instaló en ella hasta el pasado domingo, 24 horas antes de que comenzaran las clases. No se trata de un caso aislado de procastinación, es la tónica que han seguido la mayoría de novatos por el «retraso de la EBAU» y la «incertidumbre» que despierta la semipresencialidad, según apuntan desde Coapi. Las dudas de los jóvenes han dilatado hasta este mes las operaciones que otros años se cerraban a principios de agosto. No obstante, el mercado ha resistido las embestidas del virus y, como en anteriores campañas, se ha «agotado el stock de viviendas para estudiantes», subrayan desde esta asociación de agentes inmobiliarios.
Unos alquileres que, impasibles ante la pandemia, han mantenido sus precios y han protagonizado más de un dolor de cabeza. Y es que, ¿merece la pena arrendar una habitación para ir dos días a la semana a clase? Estudiantes como Susana ni siquiera han tenido la posibilidad de elegir. Sus padres regentan dos comercios en Almería y no pueden permitirse cerrar sus establecimientos para recorrer los más de 200 kilómetros que separan el municipio andaluz del campus de Espinardo. «Es complicado por el dinero que cuesta, y más si te lo pagan tus padres, pero tenía que estar en Murcia», asume la joven.
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«Para mí no era una opción tener un piso en Murcia, sino que lo necesitaba sí o sí», recalca tajante Alberto. Su carrera de Medicina cuenta con hasta cuatro prácticas presenciales cada semana que le obligan a vivir en la capital de la Región, aunque puede recibir las clases teóricas de forma 'online'. No obstante, los criterios académicos pueden resultar secundarios a la hora de alquilar una habitación en tiempos de pandemia. En el caso del estudiante de Arquitectura José Antonio, la perspectiva de tener que desplazarse en autobús de Murcia a Cartagena resultaba aterradora: «Coger el transporte público es un riesgo y en casa tengo a mi hermana, que es asmática. Si me contagio en mi piso, puedo quedarme aislado y no pegárselo a nadie», reconoce.
Para otros jóvenes, los interrogantes que despierta la formación híbrida se han impuesto a las mieles de la emancipación y han inclinado la balanza a favor de seguir en el nido familiar. Impulsada también por el ERTE que sufrió su padre, la estudiante de Traducción e Interpretación María García decidió en agosto que era «absurdo gastar tanto dinero» en un nuevo alquiler y ha optado por no moverse de su casa, en San Javier. Si bien espera tener el carné de conducir dentro de poco, reconoce que no está dispuesta a cruzar el Puerto de la Cadena para dar dos horas de clase en Murcia, como marca su horario algunos días, y las seguirá de forma 'online'.
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Los escasos kilómetros que separan Cartagena de algunas zonas del Mar Menor han ayudado a algunos universitarios como Javier Alfocea, que ha sacado provecho del domicilio vacacional de su familia. Con las clases presenciales reducidas a la mitad, su abuela le ofreció la vivienda que posee en Los Urrutias, a 18 kilómetros del campus. «Ella cubriría mis gastos y yo podría mantener limpia la casa porque durante el año está vacía», explica este estudiante de segundo de Ingeniería Mecánica.
De una forma u otra, ya sea bajo el mismo techo que sus padres, en pisos de estudiantes o en residencias universitarias, este pedregoso curso ya ha comenzado para toda un generación de jóvenes dispuesta a capear el temporal de incertidumbre que se cierne sobre los dos próximos cuatrimestres.
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Sin distinción entre universidades y carreras, todos estos jóvenes comparten una pesada mochila de dudas sobre el desarrollo de este curso. Malas experiencias con los exámenes telemáticos, incertidumbre entre los novatos por no saber manejar las herramientas virtuales y docentes que no terminan de adaptarse a la enseñanza 'online' son algunas de las piezas que integran este puzzle de temores.
En el caso de la UMU, además, estudiantes como María, Susana y Alberto lamentan que, a escasos días del inicio de las clases, todavía no habían recibido información concreta sobre su horario, qué días tendrían clases presenciales o cómo se desarrollarían las prácticas. La universidad, en cambio, asegura que todos estos datos aparecen en los planes de contingencia frente a la pandemia de cada facultad, publicados y ratificados por el Consejo de Gobierno en julio.
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