Ciudadanos ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra tres acuerdos de la Mesa de la Asamblea por considerar que atropellan «de manera escandalosa» los derechos fundamentales de sus dos diputados, Juan José Molina y Ana Martínez Vidal, integrados en el Grupo Mixto.
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La formación naranja considera que sus parlamentarios «sufren un trato discriminatorio en la Asamblea desde que pasaron al Grupo Mixto», donde comparten espacio, tiempo y recursos con Podemos. Los dos diputados abandonaron el Grupo Parlamentario de Ciudadanos al quedar arrinconados en el mismo. Los tránsfugas que tumbaron la moción de censura se hicieron con el control del grupo, al ser mayoría (cuatro frente a dos).
Desde la formación liberal subrayan que los servicios jurídicos de la Asamblea Regional elaboraron «una propuesta ecuánime, con un reparto de tiempo y una representación en las comisiones equitativa entre los dos partidos que conforman en la actualidad el Grupo Mixto, Ciudadanos y Podemos. En el recurso al Constitucional, Cs alega que, bajo la presidencia del «expulsado y tránsfuga» Alberto Castillo, «la Mesa de la Asamblea maniobró para que también en este Grupo Mixto se impidiese el desempeño del cargo a los diputados de Ciudadanos».
A tal fin, «Castillo alteró la propuesta de los servicios jurídicos de la Asamblea e incorporó en el reglamento del Grupo Mixto un criterio de ordenación distinto del exigido por el Tribunal Constitucional: el criterio de la proporción de la representación, al que se refiere, también, el artículo 26 del Reglamento de la Cámara». «En la maniobra de los tránsfugas, que el PP apoyó, no se respeta la regla constitucional de la proporción de la representación para el reparto de las iniciativas parlamentarias, la participación en los órganos de la Cámara (comisiones), así como para el reparto de los medios económicos y materiales del grupo», señalaron fuentes de Cs en un comunicado de prensa.
De esta forma, «los diputados de Ciudadanos no tienen derecho a ostentar la portavocía en lo que resta de legislatura, con los perjuicios que ello conlleva, solo pueden formar parte de dos de las ocho comisiones de la Asamblea y no disponen de un espacio adecuado para que los trabajadores del grupo puedan desempeñar su labor», dice el recurso.
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«Modificar una propuesta realizada por los servicios jurídicos de la Cámara de forma imparcial y ecuánime ha sido un atropello democrático de primer orden», dice el diputado Juan José Molina.
Además, en el Grupo Mixto, la relación con los diputados de Podemos, María Marín y Rafael Esteban, es tensa. Les acusan de adoptar «decisiones arbitrarias» e incluso «descalificaciones» a los escritos que presentan.
Ciudadanos alerta en el recurso al Tribunal de la conveniencia de que reaccione «con la contundencia que requiere el caso», pues consideran que se está utilizando una institución, en este caso el órgano de gobierno de la Asamblea, «para la persecución de una minoría», como serían Juan José Molina y Ana Martínez Vidal.
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