PSOE, Unidas Podemos y Más País cambiaron finalmente de parecer y aceptaron este martes que cualquier persona física o jurídica esté legitimada para ejercer la acción popular en los tribunales en defensa del Mar Menor ante cualquier agresión que considere que pueda estar sufriendo el ecosistema.
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Durante la reunión de la Ponencia sobre la Proposición de Ley de Reconocimiento de la Personalidad Jurídica del Mar Menor, celebrada este martes en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, los tres grupos parlamentarios presentaron una transaccional a la enmienda que ellos mismos presentaron al artículo 6 de la ILP del Mar Menor, en la que establecían que sería un comité de representantes (formado por las admininistraciones y los promotores de la ILP), el que tendría la potestad de ejercer la acción popular en defensa del ecosistema. A los ciudadanos se les daba la oportunidad de poner en conocimiento de estos órganos de tutela de la personalidad jurídica las posibles agresiones que sufriera la albufera, para que esta decidiera luego si acudir a los tribunales de justicia.
Los impulsores de la ILP, en cambio, eran partidarios de que se respetara la esencia de la iniciativa, es decir, que se permitiera a cualquier ciudadano ejercer la acción popular. Lo mismo opinaba el grupo parlamentario de Ciudadanos, que votó a favor de la transaccional de PSOE, Unidas Podemos y Más País. El PP se abstuvo y Vox votó en contra.
Los socialistas, basándose en informes jurídicos de los letrados del Congreso de los Diputados, consideraban que tenía más lógica que la defensa del interés del Mar Menor corriera a cargo de las entidades que crea la propia Ley de la Personalidad Jurídica, concretamente el comité de representantes y la Tutoría.
Defendían que, con la redacción de la enmienda presentada inicialmente, los particulares que observaran conductas contrarias a los intereses del Mar Menor lo podían poner en conocimiento de las entidades que ostentarán su representación. «De lo contrario, podría darse la circunstancia de que un particular presentase una demanda ante un tribunal en defensa del Mar Menor y resultara ser en una dirección diferente de la que apuntaran los órganos de defensa del Mar Menor creados por esta misma ley», indicaban fuentes socialistas. Finalmente, han cambiado de parecer.
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