«Las zonas de ocio son cambiantes, algunas dejaron de estar de moda»

La revisión de las zonas de ocio fue una promesa electoral de Ballesta, en cumplimiento de la legislación, y para ello se creó un órgano colegiado consultivo con participación de empresarios, colegios profesionales, asociaciones de vecinos y partidos políticos. El concejal de Medio Ambiente, Antonio Navarro, explicó que al Consejo sectorial del Ruido se dio cuenta del avance del mapa de ruido de ocio y cuando se finalizó se dio un plazo de un mes para que aportaran alegaciones antes de su tramitación para la aprobación inicial -13 de marzo-. Los hosteleros aseguran que no se ha respetado al Consejo y que el estudio del mapa de ruidos está plagado de errores. «En este momento estamos en proceso de diálogo y de análisis de las alegaciones presentadas antes de dar la aprobación definitiva», anota Navarro, que insiste en que la elección de las tres zonas delimitadas por exceso de contaminación acústica no es un capricho de la Corporación, sino que se realizó un censo de locales en zonas residenciales y estos polos (Universidad-Alfonso X; San Lorenzo, Santa Eulalia y San Juan; y San Pedro, Santa Catalina y plaza de las Flores) son los que tienen más conflicto y por ello se van a regular. «Las zonas de ocio son cambiantes, y con la anterior ordenanza del año 2000 se regularon como zonas de especial protección del medio ambiente entornos de ocio nocturno que ya no están de moda», dice Navarro, como Captesa y Juan Ramón Jiménez (Infante Juan Manuel). Otros siguen, como el entorno de la plaza de Romea, Enrique Villar, plaza de la Universidad y Jacobo de las Leyes, y Doctor Fleming y Saavedra Fajardo. En todos ellos se superaban entonces los niveles de ruido permitidos. El Consistorio incide en que hay otras zonas industriales donde hay actividad, como Atalayas y Mariano Rojas, y cree que no se crearán más zonas de ocio en zonas residenciales con la ley.

El edil socialista Enrique Ayuso se quejó ayer de que esta situación de conflicto con la hostelería es fruto de la «permisividad anterior, que debe atajarse definitivamente con normas claras que eviten arbitrariedad». Pide un consenso sólido y duradero. Ahora Murcia y Podemos acusaron al PP de crear el problema por saltarse las normas durante años.