Vecinos de Torreagüera claman por el retraso en unas «obras urgentes»

Cada vez que truena, los vecinos del barrio de San Antonio de Torreagüera miran con temor al cielo para, a continuación, bajar inmediatamente la vista a ras de suelo, ese que temen que acabe cediendo bajo sus pies con una nueva DANA. Porque el episodio de fuertes lluvias del mes de noviembre del pasado año se llevó por delante parte del talud ubicado sobre la calle Rambla de la pedanía murciana, dañando tres viviendas situadas en esta vía y obligando a su desalojo. El derrumbe no solo afectó a sus ocupantes, que siguen fuera de sus domicilios, sino que mantiene en vilo a los de las casas de las calles Palomas y Ñoña, situadas unos diez metros por encima. No en vano, fue parte del sustrato de estas vías el que se vino abajo.

Tal situación llevó a que se prometiera en aquel momento una obra de emergencia para la construcción de un muro que asegurara el terreno. Pero diez meses después, una decena de familias siguen viendo cómo se agrieta el firme, lo que acaba por poner en peligro sus propios hogares. Cansada de la situación, la alcaldesa pedánea, Silvia Almarcha González, se plantó ayer en el Ayuntamiento de Murcia junto a una docena de afectados para reunirse con el concejal de Fomento, Mario Gómez, y con su equipo técnico. Almarcha asegura que llevaban meses detrás del edil, pero que no fue hasta ayer cuando lograron que les diera audiencia. «No se ha hecho nada; nos presentaron el proyecto en marzo, pero la obra sigue aún sin licitar, y nos dicen que todavía falta un permiso de la Confederación Hidrográfica del Segura», clamaba antes del encuentro.

Junto a ella, José Antonio, residente en la calle Noña decía sentirse «engañado». «Gómez lleva meses sin cogernos el teléfono y la cosa amenaza con demorarse otro año», aseguraba, denunciando no solo el riesgo de derrumbe de sus viviendas ante nuevas avenidas, sino también los inconvenientes que siguen sufriendo en su día a día. «No podemos meter nuestros vehículos a nuestra calle, no puede entrar el camión del butano, pero tampoco las ambulancias, y aquí viven ancianos y gente impedida a la que hay que desplazar en silla de rueda para que los trasladen a los centros sanitarios», lamentaba. «Mi suegra y su hermana se encuentran en esa situación», confirma Fernando, que se ha encontrado con este problema tras pasar toda una vida en su vivienda. Por su parte, María tiene que vigilar que su hijo, que sufre una discapacidad intelectual, no salga solo a la calle. De hecho, incluso teme sacarlo bajo supervisión, ya que podría precipitarse por el desnivel existente en esta zona de huerta, asegurado con una precaria valla.

Una inversión de 170.000 euros y 90 días de trabajo es lo único que se precisa para acabar con estor problemas, según el proyecto elaborado por la Concejalía. Pero tras dejar pasar la oportunidad de acometerlo por el procedimiento de emergencia, los plazos pueden demorarse meses y meses a través de un proceso ordinario. El edil Gómez echa balones fuera respecto a por qué no se acometió la obra en su momento. «Yo di orden de palabra para que se tramitara de urgencia, pero debió haber un fallo dentro del caos de esos días, bien en el servicio o con la empresa que acometió entonces los trabajos», asegura.

Ahora, la aparición de nuevas grietas y los movimientos de tierra denunciados por los vecinos podrían justificar la elaboración del decreto necesario para una actuación urgente, que eliminaría ciertos requisitos y acortaría plazos, según puntualiza Gómez. Silvia Almarcha estará pendiente de que este procedimiento se concrete para que las obras arranquen en tres semanas. Si no, promete un otoño tormentoso para el edil.