El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) ha desestimado en una reciente sentencia la demanda de la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia contra la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de las acequias mayores de la Aljufía y la Alquibla o Barreras. Esta protección la aprobó la Comunidad Autónoma con categoría de lugar de interés etnográfico en diciembre de 2022.
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La Junta de Hacendados, que anuncia que recurrirá el reciente fallo judicial, defendió al presentar el recurso en febrero de 2023 que esta protección suponía una «injerencia en la gestión del riego» en un entorno productivo, generando «problemas» en su día a día. El secretario general de la Junta, Juan Jesús Sánchez, añadió entonces que «para mantener los cauces no hace falta llegar a ese grado de protección, que tiene más bien un componente político».
Asimismo, señaló que los huertanos acuden a los tribunales con la intención de «clarificar esta situación conforme a derecho».
La sentencia del TSJ confirma la plena validez del decreto aprobado aquel año por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. Desde la Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur) explican que el tribunal «rechaza las pretensiones de los hacendados, reconociendo que el proceso administrativo cumplió con la legalidad vigente». Añade, tras celebrar esta resolución, que, en particular, el TSJ desestima «la supuesta caducidad del procedimiento, señalando que los plazos se ajustaron a la normativa tras la suspensión administrativa provocada por el estado de alarma por la pandemia en 2020». La sentencia también condena a la Junta a pagar las costas del proceso judicial.
Desde Huerta Viva, asociación responsable del inicio del expediente BIC para las acequias mayores, se mostraron ayer muy satisfechos de la resolución judicial. «Nos ha costado varios años y mucho trabajo, pero al final se ha conseguido ese reconocimiento a unas acequias de los siglos IX-XII de gran valor histórico, cultural, ambiental y paisajístico», explicó su portavoz, José Antonio Moreno Micol. Esta protección supone una garantía jurídica para que ambas acequias se mantengan a cielo abierto en aquellos tramos que no han sido ya entubados o cimbrados (unos trece kilómetros).
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