La Sareb suspende el desahucio de ocho familias en La Arboleja

No habrá desalojo, al menos por el momento. La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida como la Sareb o el 'banco malo', solicitó este miércoles al Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Murcia la paralización del desahucio previsto para este jueves de ocho viviendas unifamiliares ubicadas en la carretera de la Ñora, en la pedanía murciana de La Arboleja de las que es titular.

Los lanzamientos quedarán suspendidos, por tanto, durante un plazo inicial de 20 días con el fin de analizar la situación de cada una de las familias residentes en los inmuebles y poder encontrar una solución adaptada a cada caso, según indicaron a LA VERDAD fuentes de la Sareb. Aseguran, de hecho, desde esta sociedad controlada por el estado que ya se trató, en el marco de este proceso de lanzamiento, de aplicar el protocolo previsto para situaciones de vulnerabilidad, según el cual, tras estudiar la situación de cada uno de los afectados, se ofrece un alquiler social aquellos que cumplan con los requisitos establecidos. Defienden desde la Sareb que a tal fin se intentó contactar con los moradores, «algo que no fue posible ante su falta de colaboración».

Residentes consultados niegan este extremo y aseguran que estas visitas se produjeron por las mañanas «en momentos en los que no había nadie en casa». En aquellos casos en los que no se cumpla con los criterios de vulnerabilidad fijados, la Sareb ha venido negociando una venta con los ocupantes de la vivienda.

Sin embargo, este tipo de operaciones se encuentran suspendidas desde el pasado 20 de marzo cuando la junta de accionistas bloqueó toda operación de transmisión en previsión de que todos los activos pasen a la nueva empresa pública de vivienda, con el fin de ordenar su futura gestión en régimen de alquiler. Esto complica una posible compra por los afectados, a los que se da un margen de tiempo ahora, esperando que se clarifique esta situación. Hay que recordar que estas familias han vivido en las citadas viviendas en régimen de alquiler en virtud de un contrato inválido, ya que los inmuebles se encontraban en proceso de embargo por la Sareb.