Profusa también lleva al Ayuntamiento a juicio por los convenios incumplidos de la zona norte
La empresa promotora del Grupo Fuertes reclama ante el TSJ el lucro cesante durante 16 años más los intereses
No hay dos sin tres, según el popular dicho español. Eso, o que la empresa Promociones Fuertes SA (Profusa) ya se ha cansado de ... esperar y quiere recuperar algo de lo invertido a cambio de poder edificar en la zona norte de Murcia, gracias a un convenio urbanístico firmado hace 16 años con el Ayuntamiento de Murcia y que nunca llegó a desarrollarse.
Profusa presentó la semana pasada una demanda ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia por el incumplimiento del convenio urbanístico firmado el 3 de mayo de 2006 con el Ayuntamiento y por considerar que la Administración local ha desestimado todos los requerimientos que la promotora ha presentado hasta ahora para que se resolviera por incumplimiento por parte del Consistorio. Una presunta desestimación por silencio administrativo, ya que, en ningún caso, la empresa ha obtenido respuesta del Ayuntamiento a sus peticiones; la última, realizada el pasado mes de febrero de 2021. Por ello, apela al juez para que resuelva el convenio que nunca se desarrolló.
En su escrito, Profusa, perteneciente al Grupo Fuertes, reclama como indemnización la restitución en equivalente económico más los intereses por el convenio no cumplido, así como los daños y perjuicios derivados. Aunque la empresa no especifica cantidades en su denuncia, fuentes consultadas por LA VERDAD apuntan a que se puede estar hablando de entre 10 y 15 millones de euros. Una cantidad, que, si se estima, se sumaría a los 21 millones de euros de la reciente sentencia de lo Contencioso a favor de la empresa promotora Mamusa SL, en el que la sala acordó la resolución del convenio no desarrollado en la zona norte de expansión urbanística, más allá de la Nueva Condomina. El tribunal condenó al Ayuntamiento a devolver lo invertido por esa promotora, aunque la sentencia está recurrida por los servicios jurídicos municipales.
Lo cierto es que, a día de hoy, aunque el Ayuntamiento quisiera reactivar estos convenios, sería prácticamente imposible que los pudiera cumplir.
Rehabilitar el Teatro Circo
La denuncia de Profusa se corresponde a un plan parcial (CT-13, pintado de azul en la imagen que ilustra esta información) que estaba dividido en tres unidades de acción. A esta promotora le correspondía el desarrollo urbanístico de la unidad I. Este convenio lo suscribieron, además de Profusa, Mirallevant SL, Actividades e Inversiones Futuras 3000 SL y Lo Navarro de Murcia SL. Las dos primeras sociedades ya han desaparecido. Estas empresas se comprometían a abonar al Ayuntamiento 35,8 millones de euros (bien en metálico, bien en 'especie'), que era la cantidad en la que el Ayuntamiento valoró los terrenos a edificar incluidos en el convenio.
Profusa y Mirallevant se comprometieron a rehabilitar el Teatro Circo de Murcia y a abonar la cantidad en metálico que resultara tras descontar el coste de la compra y restauración del inmueble. Asimismo, donaron como contraprestación otros terrenos forestales al Ayuntamiento (es lo que se ha venido denominando 'teletransporte').
Como Mirallevant era la propietaria del Teatro Circo desde 2008 (inmueble valorado en unos 6 millones de euros), hubo un acuerdo con Profusa para que esta se hiciera cargo de la rehabilitación. El inmueble, inaugurado el 5 de noviembre de 1892, se encontraba en un grave estado de abandono desde que fuera cerrado en la década de los 70.
La empresa cumplió lo pactado y, según las mismas fuentes, las obras costaron alrededor de dos millones de euros. El edificio rehabilitado se inauguró en 2011, pero no pasó a inscribirse en el registro de la propiedad a nombre del Ayuntamiento de Murcia hasta tres años después.
Este periódico intentó recabar la opinión de Profusa, sin que fuera posible.
Otras reclamaciones
Además de la sentencia del Contencioso favorable a Mamusa, que se dio a conocer hace un mes, el Ayuntamiento de Murcia también se enfrenta a la reclamación (por ahora fuera de los tribunales) de 15,5 millones de euros, cantidad que un grupo de promotores invirtió en la rehabilitación de otro edificio emblemático, el Casino de Murcia.
La Entidad Urbanística Casino de Murcia, integrada por Agrumexport SL, Agaeco SL, Euroland SL e Inveralrahu SL, llevó a cabo estos trabajos a cambio del desarrollo de otro convenio urbanístico que las empresas firmaron con el Consistorio murciano en 2005. El objetivo era también ejecutar desarrollos urbanísticos en la zona norte del municipio, tal y como publicó LA VERDAD. Además, esta entidad abonó en metálico casi 4 millones de euros, de los 7,3 millones a los que se comprometió a pagar.
millones de euros era la cantidad recogida en el convenio firmado por cuatro promotoras, entre ellas Profusa, en la que el Ayuntamiento valoró los terrenos edificables.
Teletransporte, ¿un 'chollo' para los promotores?
En los años del 'boom' del ladrillo se puso de moda una práctica, no siempre reconocida, en la que administraciones públicas como los ayuntamientos permitían a los promotores la adscripción o permuta de suelos forestales a cambio de un incremento en la edificabilidad de los sectores donde iban a urbanizar. Es decir, que las empresas promotoras compraban terrenos de monte muy baratos para regalárselos al Ayuntamiento como contraprestación. Llevados al extremo, hubo sentencias contra estas prácticas, como la que dictaminó el TSJ de la Región en 2011, advirtiendo de que la práctica era ilegal, como recogía el PGOU de Murcia, si entraban en el juego terrenos no urbanizables con Protección Específica.
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