Murcia es la segunda capital española (de provincia o comunidad) con la tarifa de agua más cara en 2022. Solo Valencia está por encima. Así lo desvela el informe anual de la Facua, que ha analizado el suministro domiciliario de 57 ciudades mediante dos perfiles de consumo (9 y 13 metros cúbicos mensuales) y dos calibres de contador (13 y 15 milímetros).
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Según recoge el informe, el consumo mensual con un contador de 13mm en Murcia es de 26,27 euros (para 9m3) y de 34,40 € (para 13m3). Y con un contador de 15 mm, el fasto es, respectivamente, de 26,27 € y 34,40 €. Las cifras no han variado con respecto a 2021 y están ligeramente por debajo de Valencia, mientras que Ceuta se sitúa por encima o por debajo según los metros cúbicos de consumo y el contador.
Sin embargo, pese a que las tres localidades del podio están igualadas, la factura del agua cambia drásticamente en función de la residencia. Un murciano gasta de media alrededor de cuatro veces más que un leonés. Las diferencias alcanzan hasta el 364% en calibres de 13 milímetros y hasta el 434% en los de 15 milímetros. De media, todas las tarifas han aumentado en el último año más de un 1%.
El análisis de Facua toma como referencia dos modelos para una vivienda de tres residentes, pero la asociación cuestiona la existencia de esta diferenciación de precios sobre la base del calibre del contador, «dado que no existen razones técnicas para hacerlo». «Así lo recogen las especificaciones de los propios fabricantes de contadores», afirma.
Facua reclama a los ayuntamientos que adopten «un sistema progresivo de tarificación que refleje mejor el consumo de los hogares» porque «un precio unitario» que no valore el número de residentes no releja el ahorro. De esta manera, según apunta la organización se penalizarán «los consumos excesivos de una manera más realista y justa». Este sistema sería «más equitativo» porque castigaría el «despilfarro» en casas con pocas personas y gasto elevado.
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La organización también considera «imprescindible una regulación garantista frente al corte o suspensión del servicio, que defina y regule la situación de personas vulnerables de especial protección y que asegure un mínimo vital como un derecho de los usuarios». Y reclama que los ayuntamientos y entidades gestoras involucren a las asociaciones de consumidores en el diseño de las tarifas. Facua insiste en demandar una norma marco que regule aspectos del servicio como estructuras tarifarias, procedimientos de aprobación, condiciones del servicio, reclamaciones, contratación y participación.
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