Murcia y el marchamo de la corrupción

Eran tiempos en que un concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, no tenía empacho en disfrutar de un fin de semana de marajá junto a ese mismo promotor -a quien el día antes le había aprobado el Consistorio miles de viviendas-, junto a un relevante intermediario del sector inmobiliario y al jefe de Planificación Urbanística del Consistorio, Joaquín Peñalver, esta vez en Denia y a bordo de un megayate. Y, por supuesto, junto a sus respectivas señoras, que... Bueno, lo mismo de antes.

Tiempos eran en que concejales y altos responsables de la Gerencia de Urbanismo, con su director a la cabeza, Alberto Guerra, compartían con constructores y abogados de constructores algunos buenos lances cinegéticos por toda España y por remotos países del África negra, con la misma tranquilidad que si al día siguiente, como habían hecho hasta el día de antes, no tuvieran que seguir informando y decidiendo sobre sus multimillonarios intereses urbanísticos.

Eran tiempos en los que ese mismo director de Urbanismo y su señora esposa -también alta funcionaria municipal- adquirían por un supuesto precio de ganga una parcela de terreno urbanizable de una promotora que, ya es casualidad, tenía relevantes planes parciales en plena tramitación en ese momento.

Tiempos en los que el edil de Urbanismo trapicheaba con relojes de lujo con algunos de esos mismos promotores o intermediarios de promotores, o se veía agasajado con obras de arte si llegaba el caso, pues el gusto por lo bueno y por lo caro, que tantas veces son pareja de hecho, se les presumía a casi todos ellos como se le presume el valor al soldado.

Tiempos, aquellos sí, en que los expedientes urbanísticos volaban a velocidad supersónica, sorteando obstáculos con la ciega destreza de un murciélago, siempre y cuando llegaran envueltos en carpetas de color naranja -'Los Naranjitos', se les llamaba- que los identificaban sin género de duda como gestionados -y debidamente cobrados en lo que valían- por el despacho urbanístico del que formaban parte el padre, el hermano y la propia esposa del jefe de Planificación Urbanística.

Tiempos en que la empresa de la mujer del concejal de Limpieza Urbana y Gestión de Residuos, José Ros, sumaba desde una firma sin sede, ni personal, ni gasto alguno, facturaciones de hasta 200.000 euros por labores de asesoramiento a compañías relacionadas con esa misma concejalía.

Tiempos en los que altos funcionarios del Consistorio, como Carlos Joaquín García Calvo y Juan Pedro Collado, el primero jefe de Proyectos y el otro, director de la Oficina Técnica de la Concejalía de Infraestructuras, percibían a través de despachos privados relevantes ingresos económicos del mismo promotor ilicitano que gestionaba grandes urbanizaciones en Murcia, sobre las que ellos, vaya por Dios, tenían muchas cosas que decir y algunos posibles reparos que plantear.

Tiempos en los que tres empresarios copaban durante años hasta el 90% de las obras menores en las pedanías, sumando contratos de más de nueve millones de euros, con la particularidad de que al menos uno de ellos mantenía estrechos vínculos políticos y de amistad con quien era el concejal de Descentralización, Cristóbal Herrero.

Tiempos, al cabo, en que un alcalde como Cámara podía pasarse años enteros sin sacar un solo euro de sus cuentas bancarias, ni por cajero ni por ventanilla, y era capaz de amasar hasta 750.000 euros en cuentas corrientes, valores financieros, fondos de inversión y planes de pensiones; de convertirse en propietario de cuatro viviendas en algunas de las principales avenidas de Murcia, Campoamor, Torrevieja y Orihuela, y de disfrutar de tres vehículos y de cuatro plazas de aparcamiento en Murcia. Y, todo ello, a pesar de haber tenido unos ingresos netos globales, correspondientes a toda la unidad familiar, de unos 800.000 euros a lo largo de una década -véase que es casi la misma cantidad ahorrada- y encima sin deber un solo euro a los bancos. Un prodigioso ejercicio de administración del patrimonio particular que, de haberse reproducido en similares términos en la esfera de la administración de la 'res publica', habrían situado sin duda a Murcia por delante de Londres, Luxemburgo y Bruselas en el 'ranking' de las regiones más ricas de Europa.

Todos esos comportamientos, cuando menos deshonestos, reprobables e indefendibles desde un punto de vista ético; todo eso y mucho, mucho más, que ocurrió fehacientemente, que está respaldado documental y hasta fotográficamente y que nadie se ha preocupado siquiera de intentar desmentir, acabó siendo pasto de juzgados, aunque es muy cierto que con suerte desigual. Que es como decir con escasa suerte. Y es que una cosa es que el asunto repugne a la moral y hasta al buen gusto y otro, muy distinto, es que constituya materia delictiva, que para decidirlo solo están los jueces con todas sus limitaciones. Porque aún en el caso de que el asunto apunte claramente a un posible delito, lo cierto es que la justicia, ante estos trances, siempre se ha asemejado a un paquidermo tratando de atrapar liebres a pisotones: a veces, como por pura casualidad, logra aplastar alguna, pero son mil las ocasiones en que acaba burlado, agotado y frustrado.

En 1999, las negociaciones entre el Consistorio murciano y el entonces presidente del Real Murcia CF, Jesús Samper, quien con la excusa de reflotar el club se benefició del mayor pelotazo urbanístico de la historia del municipio, acabó convirtiéndose en la madre de todos los chanchullos que habrían de llegar. La recalificación de unos dos millones de metros cuadrados en la zona norte del municipio, forzando la norma urbanística hasta límites insospechados para permitirle una edificabilidad de 0,64 m2/m2, muy por encima del máximo legal del 0,40 m2/m2 que contemplaba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), provocó que numerosas compañías inmobiliarias con intereses en la zona pidieran -y por supuesto acabaran obteniendo- una ración de lo mismo.

La posterior apertura de unas diligencias judiciales sobre esa operación urbanística, bautizadas como 'caso Umbra', acabaron destapando la caja de los truenos de lo que parecía una inagotable serie de corruptelas, chanchullos, desviaciones de poder de todo tipo y de confusión entre lo público y lo privado, que, en apariencia, habían germinado y echado profundas raíces en las dependencias municipales: 'caso Teatro Circo', 'caso Granjas Porcinas', 'caso Relojes de Berberena', 'caso Casino', 'caso Jet Privado', 'caso Rotondas', 'caso Corvera'...

Por aquel entonces, los denodados esfuerzos de la Fiscalía y de algunos jueces de Instrucción, que con más empeño que medios y apoyos trataban de encauzar procesalmente aquel imparable desbordamiento de lodos y detritos, todavía se tomaban con cierta condescendencia, cuando no con abierto cachondeo, por los crecidos ocupantes de las poltronas políticas de La Glorieta. Una actitud que quedó fielmente reflejaba en la fotografía de Fernando Berberena haciendo el gesto de la victoria, con semblante risueño y triunfador, mientras abandonaba el Palacio de Justicia después de haber declarado como imputado por el 'caso Umbra'. Era octubre de 2010 y, aunque muchos de ellos aún no se hubieran dado cuenta, era el principio del fin de una época en el Ayuntamiento de Murcia.

Miguel Ángel Cámara aún volvería a ganar unas elecciones, las de 2011, en aquellos tiempos en los que, como bien recordaba un dirigente popular estos días en los foros del partido, «el PP ganaba las elecciones sin bajarse del autobús». Pero su proyecto político estaba herido de muerte por la proliferación de unos procedimientos penales que, al margen de que concluyeran con el sobreseimiento o la sentencia absolutoria por falta de pruebas, el archivo por prescripción de los delitos o el procesamiento de los sospechosos y la apertura de juicio, evidenciaban que se habían superado todos los límites admisibles en la administración pública.

Ya sea por miedo, infalible guardián de lo ajeno, o por convicción personal, lo cierto es que con la llegada del equipo del también popular José Ballesta al gobierno de Murcia esta ciudad dejó de encabezar el listado de municipios españoles -y probablemente europeos- con más asuntos judiciales en trámite por presunta corrupción. Hasta el momento, que haya trascendido al menos, no existe constancia de que ninguna investigación sobre el Ayuntamiento se haya judicializado, aunque hay diligencias informativas abiertas en la Fiscalía Superior, a instancias del portavoz de Ciudadanos Mario Gómez, por presuntas irregularidades en la adjudicación de unos 200 contratos menores.

También se está investigando por el Ministerio Público la adjudicación de un megacontrato de Parques y Jardines, valorado en 70 millones de euros, y una denuncia del abogado Diego de Ramón sobre la adjudicación de las luces de Navidad. Nada que ver, de cualquier modo, con la sensación de corrupción prácticamente generalizada que se transmitía desde La Glorieta en años precedentes, hoy, por fortuna, ya casi olvidados.