Dos semanas. Es el plazo de tiempo que los funcionarios de los servicios sociales del Ayuntamiento de Murcia han podido negociar con el juzgado para que Mariana encuentre un piso y abandone la casa en la que vive ahora, situada en la pedanía murciana de Aljucer, y sobre la que existe una orden de desahucio. «A partir de ahora le vamos a ayudar a que encuentre otra vivienda para evitar el desahucio», aclaró un trabajador social. La presión ejercida por vecinos, miembros de los Yayoflautas y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, con el cura Joaquín Sánchez a la cabeza, logró este viernes paralizar el mandamiento de desalojo de un juzgado de Murcia que pesaba sobre la inquilina. La mujer, que vive con sus dos hijos, de 18 y 16 años, el más pequeño, sufre parálisis cerebral, agradeció la presencia de la veintena de las personas que se reunieron en la puerta de su vivienda para protestar y ayudarle a detener la ejecución del lanzamiento.
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«Mis vecinos son únicos. No existen vecinos como los míos. No quieren que me vaya e incluso han llegado a ofrecer dinero para pagar lo que se debía», afirmó Mariana.
Por su parte, el cura Joaquín Sánchez explicó que la protesta tenía dos objetivos. «El primero era paralizar el desahucio y se ha conseguido. Y el segundo propósito ahora es conseguir una casa y lo tienen que hacer desde servicios sociales. No se puede decir a la familia que tienen 15 días para buscarse ellos la vivienda porque tienen muchas dificultades. Tiene que ser el propio Ayuntamiento quien se ponga al frente de conseguir la semana que viene una vivienda para salir de este inmenso sufrimiento. Vamos a presionar para lograrlo», afirmó el sacerdote.
La mujer, por su parte, hizo un llamamiento para encontrar una vivienda, la cual tiene que tener la característica de ser un bajo, debido a la nula movilidad del menor afectado por la discapacidad. «Pido encontrar vivienda, pagando un alquiler, no queremos vivir gratis». Mariana explicó que entró a vivir en esa hace cinco años en ese casa pagando una mensualidad, pero tuvo dificultades y se empezó a retrasar en los pagos. Cuando pudo recuperarse, el casero le dijo que no quería el dinero y que debían marcharse porque tenía otros inquilinos esperando para entrar a vivir allí. «Desde entonces he estado buscando casa, pero me piden un aval de 1.800 euros de nómina y no lo tengo. Trabajo por horas, porque tengo que cuidar a mi hijo».
La mujer aclaró que ella no culpa al propietario de la vivienda, «porque no es responsable de que yo me haya retrasado con los pagos. Él alquila para cobrar, pero yo tengo un nene con problemas y tampoco es mi culpa», concluyó la afectada por el desahucio.
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