Manos a la obra ante el «abandono del Ayuntamiento de Murcia»

Deterioro considerable de la jardinería y el arbolado; viales y acerado con un mantenimiento deficiente; existencia de mucha suciedad y maleza, incluso con presencia de roedores y cucarachas en la zona de la rambla; parques infantiles que se asemejan a junglas; iluminación nocturna deficiente...». El listado de quejas remitidas al Consistorio por los vecinos de la urbanización Mirador de Agridulce I parece no tener fin.

Los propietarios de estas 800 viviendas ubicadas junto al campus de Espinardo llevan años solicitando al Ayuntamiento que disuelva la entidad de conservación y recepcione la urbanización, «tal y como establecía el Plan Parcial de la zona», según explica su presidente, Antonio González-Amaliach. Esta circunstancia permitiría que el Ayuntamiento se hiciera cargo de la limpieza y mantenimiento de las zonas comunes, que pasarían así al dominio público.

Esto tenía que haber ocurrido en 2015, una década después de la conclusión de esta actuación urbanística. Pero las discrepancias con el Consistorio sobre la liquidación económica de los trabajos necesarios para entregarla –por una parte– y recibirla –por otra– en perfectas condiciones mantienen paralizado el proceso. «La entidad urbanística se ha convertido en un obstáculo para el bienestar de los vecinos», reconoce González-Amaliach, ya que, además, el deterioro de la zona se ha agudizado en los últimos años ante la pasividad de una entidad cansada de pagar «lo que no nos corresponde».

Por ello, un grupo de vecinos, apoyados por el pedáneo de Guadalupe, José Joaquín Arias, decidió ayer juntarse para realizar diversas tareas de mantenimiento necesarias como la recogida de basura o la poda de ramas, «que no nos dejan ni pasar por las aceras», según explica el presidente de la asociación vecinal, Antonio Asensio. «Para recepcionarnos, nos empezaron pidiendo 200.000 euros, para pasar a 400.000 euros y ya hemos rebasado el millón, según los informes de los técnicos, un disparate que nos ha llevado a interponer un recurso en el contencioso-administrativo», apostilla, añadiendo que no entienden este «abandono», ya que «pagamos nuestros impuestos, como todos».

El edil de Desarrollo Sostenible y Huerta, Antonio Navarro, reconoce que los cálculos de los técnicos de Parques y Jardines parten de un error de base, ya que se ha mezclado el coste de adecuación de la zona que la promotora Fadesa dejó sin urbanizar –y donde faltan por plantar, por ejemplo, un millar de árboles–, con el del área que depende efectivamente de la entidad de conservación. «Hemos elaborado un nuevo informe, aún por remitir, que contempla una cuantía mucho más ajustada y creo que podremos llegar a un acuerdo pronto», concluye.