Un año de luces y sombras en el Ayuntamiento de Murcia

Esta moción de censura llegó de la mano de un partido, Ciudadanos, que, más allá de las acusaciones de corrupción lanzadas contra los gobiernos del PP –y a las que la Fiscalía no ha dado trascendencia penal–, apeló al «ninguneo» del equipo de José Ballesta (PP) para romper el pacto de gobierno que los unía. Es cierto que la relación entre los dos socios actuales no ha alcanzado el carácter de guerra abierta que existía en la coalición anterior, y que habría acabado con Mario Gómez fuera de la portavocía naranja –en virtud de una negociación a dos bandas– si no hubiera cuajado el relevo en La Glorieta. Pero sí se han dejado entrever discrepancias de fondo en cuestiones como la licitación del enquistado macrocontrato de gestión de tributos o la aprobación de los presupuestos de la Urbanizadora Municipal (Urbamusa), que no han contado con el apoyo de los liberales y que dieron lugar, incluso, en el primer caso, a la avocación de competencias de Contratación en favor del alcalde socialista.

«Nos acusaban de no sacar las cuentas municipales en tiempo y forma, pero ahora se están topando con el freno que teníamos para hacerlo: Mario Gómez», advirtió a los socialistas, en más de una ocasión, el responsable económico del Consistorio durante la época del popular José Ballesta, Eduardo Martínez-Oliva. De hecho, y pese a los anuncios del nuevo edil de Gestión Económica, el socialista Enrique Lorca, de que los Presupuestos de 2021 estarían listos antes de finales del verano, estos se aprobaron definitivamente más tarde que nunca, casi al filo de las campanadas de fin de año. Esto hizo que el equipo de gobierno no llegara, por segundo curso consecutivo, a presentar a tiempo la correspondiente solicitud de autorización de crédito al Ministerio de Hacienda. Las inversiones contempladas en las cuentas del año pasado quedan por tanto condicionadas a la reasignación de los remanentes dejados por el PP para otros proyectos y cuya existencia puso en duda inicialmente el propio Lorca.

En las alteraciones sobre el calendario presupuestario que Lorca tenía en mente se cruzaron cuestiones como el retraso en la aprobación de las cuentas del Patronato Ramón Gaya, dependiente de la Concejalía de Cultura y, por tanto, del secretario de organización naranja, Pedro García Rex. Este trámite, necesario para dar luz verde al proyecto, se vio frenado, sin motivo aparente, en un momento en el que se rumoreaba además que el titular de Cultura estaba descontento con el peso económico que su departamento tiene en la asignación de fondos municipales. Esta misma situación podría estar repitiéndose nuevamente, motivada por un tira y afloja cifrado en unos dos millones de euros. García Rex ha señalado a 'La Verdad', sin embargo, que las Cuentas de la fundación no serán un obstáculo real para cerrar la previsión de ingresos y gastos para el erario público municipal 2022. Así, el edil apunta que hace apenas unos días que se dio el visto bueno al inicio de la tramitación del presupuesto del Gaya y qué únicamente hay que buscarle fecha a la preceptiva reunión del Patronato para su cierre formal. Asimismo, defendió que las demoras del año pasado estuvieron motivadas «por cuestiones técnicas», y no de fondo.

Más allá de supuestas medidas de presión, lo que queda claro es que el Presupuesto municipal volverá a retrasarse nuevamente este curso, ya que el edil de Gestión Económica apostaba por darle luz verde en el mes de diciembre pasado y, en las circunstancias actuales, su aprobación inicial no llegará al menos hasta mediados del mes de abril. Pese a las loas públicas de los dos socios a la concordia existente, flota en el ambiente la idea de que, una vez aprobadas las cuentas, cualquier choque de calado podría mandar la coalición al traste, ante la opción de gobernar desde los Presupuestos y la imposibilidad de adelantar elecciones en el ámbito municipal.

En el Presupuesto de 2022 tendrá un peso importante la lluvia de millones que el gobierno municipal ha logrado que llegue desde Europa, como adelantó el nuevo ejecutivo municipal el pasado verano en la presentación del que sería su programa de gobierno. Apenas dos años de mandato no dan mucho margen de maniobra, y la mayor baza para presentar antes de las elecciones logros tangibles, de los que tienen tres dimensiones y pueden palparse, son los proyectos financiados por los fondos 'Next Generation', a los que se está concurriendo disciplinadamente y con éxito, gracias a la colaboración entre las concejalías involucradas. Incluso, se han sumado las subvenciones recuperadas de la convocatoria de los fondos Feder, anterior al desembarco socialista en La Glorieta. En total, el Consistorio ya ha cosechado más de 48 millones de euros, sumando lo canalizado por la Comunidad Autónoma.

Al margen de la semipeatonalización de Juan de la Cierva –con un enfoque más turístico– la movilidad ha acaparado por el momento los cheques con firma comunitaria. Hasta 21 millones ha recibido una propuesta que inició el anterior gobierno, y que el actual asegura haber corregido e impulsado: la de los carriles segregados para transporte público –destinados en un principio a los llamados BTR o 'tranvibús'– y los nodos intermodales. Otros 20 millones han merecido propuestas como la ampliación de la red de carriles bici y los sistemas para una gestión inteligente para el tráfico. Sin embargo, la política de movilidad sigue marcada por el elefante en la habitación que constituye el tranvía. El equipo de gobierno lo ha enarbolado como un proyecto viable, pero sin concreción presupuestaria ni temporal. Por otra parte, se palpa cierta decepción vecinal por la patada hacia adelante que se ha dado al nuevo sistema de autobuses, postergado a finales de 2023. «El calendario que manejaba el PP no permitía ponerlo en marcha antes», ha defendido reiteradamente la edil del ramo, Carmen Fructuoso.

En la cola del gran banquete europeo hay otros proyectos que hunden sus raíces tiempos atrás y en gobiernos anteriores, pero que parecen haber encontrado ahora su ventana de oportunidad, entre las acusaciones populares de «ausencia de proyecto propio». Uno es el de los meandros del Segura, encargado inicialmente dentro de la marca 'Murcia Río' y que el PSOE ha hecho propio ahora, apostando por una «verdadera renaturalización» del cauce. Otro es el Parque Metropolitano Oeste, de Barriomar, que ha logrado su primer gran impulso en este periodo con la expropiación de los terrenos para acometer la primera fase.

Despertó el temor entre los vecinos de este periférico barrio que el ansiado proyecto se pudiera ver afectado por el mapa de avenidas publicado por la CHS y que el nuevo ejecutivo sacó casi de un cajón, destapando la caja de los truenos ganándose las iras de constructores y ciertos colectivos vecinales. «No podemos ignorar la ley», defendió el edil de Urbanismo, Andrés Guerrero, que ha promovido la declaración de alta inundabilidad del municipio, para salvar las restricciones a la urbanización y frente a una oposición que pedía impugnar la cartografía de la Confederación Hidrográfica del Segura. Poco a poco, los proyectos se están desatascando.

Esta es solo una de las patatas calientes a las que se enfrenta Guerrero. La otra está en el frente que se le ha abierto con la Junta de Hacendados, con la que ha cortado lazos tras la suspensión del convenio que vincula a estos con el Consistorio. No obstante, las actuaciones frente a «los abusos» que se achacan a esta comunidad de regantes por el entubamiento y encauzamiento de acequias no han acabado de convencer tampoco a las entidades conservacionistas, que han criticado al Consistorio por sus dudas y demoras a la hora de actuar en estos casos. Tampoco se ha terminado de conceptuar aún esa puesta en valor de la huerta que pueda convertirla, además, en un gancho turístico.

Las críticas de estas asociaciones se extienden a la protección del patrimonio, área en la que esperaban más de los socialistas. Sí parece haber recibido un impulso definitivo, después de casi una década, el acondicionamiento del yacimiento y jardín de San Esteban, cuyas obras se esperan para principios del año próximo. Esa cierta concreción temporal y presupuestaria es la misma que se echa en falta en lo que respecta a la urbanización en la zona liberada tras el soterramiento. Pese a que los planes de mayor peatonalización ya han sido presentados, el asfalto pintado y el puñado de bancos y maceteros colocados hasta ahora invitan a la fijación de horizontes temporales.

Largo fue el proceso de renovación en las juntas municipales, tras una dura negociación que llegó a poner a prueba la coalición. Finalmente, fue a principios de marzo, casi un año después de la moción, cuando el proceso de relevo se culminó, sacando al PP de la presidencia de 14 pedanías y eliminado a cinco de los seis pedáneos de Vox. Los populares han incluido entre sus batallas contra el nuevo ejecutivo la centralización de contrataciones en pedanías, que «eterniza la solución de cualquier pequeño problema». En este punto, el vicealcalde y concejal del área, Mario Gómez, presume de haber acabado con «un nido de corrupción», aunque se sigue esperando el gran contrato con el que pretende agilizar las obras y servicios en pedanías.