El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia, encabezado por el primer teniente de alcalde y concejal de Fomento, Mario Gómez, lanzó este jueves un órdago a sus socios de Gobierno tras presentar un plan de reactivación socieconómica pactado con PSOE y Podemos. «Cs es parte del Gobierno y tenemos la obligación de actuar de manera clara frente a esta crisis», proclamó Gómez, defendiendo que «nunca se ha tenido tan cerca llegar a un consenso de este tipo». El edil naranja aseguró que las 67 medidas presentadas buscan «cubrir las necesidades y demandas de unos vecinos que están afrontando con valentía y un comportamiento ejemplar la pandemia».
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El primer teniente de alcalde recordó que estas no son medidas nuevas, sino que algunas ya están en marcha o han sido debatidas previamente en «grupos de trabajo paralizados», y aseguró que sus socios de Gobierno habían sido informados previamente de esta iniciativa. Gómez negó que se hubiera producido ningún tipo de ruptura con el PP y quiso creer que la ausencia de ediles populares en la comparecencia conjunta de este jueves, en la que estuvo acompañado por los portavoces municipales de PSOE, José Antonio Serrano, y Podemos, Ginés Ruiz, podía deberse a «problemas de agenda». «El Gobierno está aquí representado porque estoy yo», zanjó.
Tanto él como Serrano y Ruiz defendieron que se trata de un documento abierto al consenso que será debatido en un Pleno extraordinario, que ya ha sido solicitado y podría tener lugar antes de la sesión correspondiente al mes de junio. Es el alcalde quien tiene ahora un plazo de 15 días para convocarlo y, de no hacerlo, se fijaría de forma automática una fecha en los 10 días siguientes.
«Tiene toda la validez y el apoyo de, al menos, parte del equipo de Gobierno», aseveró Gómez, tras ser preguntado sobre si el rechazo de los concejales populares a la propuesta podría dejarla en papel mojado, pese a contar con el respaldo de una mayoría absoluta de 15 ediles. La incorporación de estas medidas al Presupuesto de 2020, todavía en fase de elaboración, podría suponer un coste de casi 18 millones de euros, incidió el portavoz 'naranja', y puede deducirse de lo planteado ayer que su rechazo frontal comprometería la aprobación de las Cuentas municipales.
El socialista José Antonio Serrano remarcó que su grupo ha adoptado esta iniciativa después de que la mayoría de las medidas que habían estado siendo trabajadas se hayan visto rechazadas por los populares. «Me hubiera gustado no tener que haber realizado esta propuesta porque las cosas estuvieran saliendo bien», señaló, algo que «no está ocurriendo» y que en su opinión se refleja en cuestiones como la de la gestión de las becas comedor. «Ha habido un engaño sistemático a los grupos de la oposición y a parte del Gobierno en este asunto y hasta la vicepresidenta del Gobierno regional tuvo que pedir al alcalde que pusiera orden», apostilló.
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Serrano agradeció, asimismo, a Gómez su disposición al acuerdo y proclamó que es un buen momento para llegar, entre todos los grupos, a un certero «diagnóstico de la situación» para poner soluciones. «El PSOE no quiere ser un convidado de piedra», concluyó, añadiendo que se deberá hacer un seguimiento del grado de cumplimiento de este acuerdo cada 15 días.
Por su parte, Ginés Ruiz explicó que se trata de un plan consensuado de «mínimos comunes», en el que ningún grupo ha impuesto todas sus medidas, y defendió que este trabajo debería haber partido del propio Ayuntamiento de la capital. «Buscamos dar coherencia a la actuación municipal con el reflejo de este plan en unos presupuestos que se ejecuten», incidió, porque «sería un error volver a la Murcia del 1 de marzo». «Queremos un municipio más justo, ya que se ha visto que el actual está desarmado y no buscamos un parche», prosiguió, exponiendo que por ello se plantean medidas inmediatas, pero también otras «a medio y largo plazo que buscan una reorientación política». «Esto no es una crítica al Gobierno, porque nadie podía esperar esta situación; por ello seguimos abiertos a las aportaciones que puedan hacer todos los grupos políticos», concluyó.
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El plan incluye un total de 67 medidas, muchas sin coste, agrupadas en torno a cuatro ejes de actuación. Casi la mitad de las propuestas, 30, son actuaciones de protección social. De hecho, más de una cuarta parte de lo presupuestado -5 millones de euros- iría destinado a un paquete de ayudas municipales de emergencia, para todas aquellas personas que no puedan acceder a la renta básica, priorizando el reparto de alimentos. Mientras otras 17 iniciativas son de estímulo económico; 14 más de fomento del empleo, y cinco de adaptación urbanística y movilidad.
Entre las propuestas destacan, asimismo, el refuerzo de las plantillas de los servicios sociales, un plan de conciliación familiar, la ampliación de la cuantía de las becas de comedor o la universalización del servicio de teleasistencia. En lo que toca a las políticas de estímulo, la creación de un fondo de reactivación económica se llevaría otro millón y millón y medio el impulso de la actividad turística. Las bonificaciones en las tasas de terrazas y mercados, las ayudas e incentivos para pymes y autónomos para fomentar el empleo (600.000 euros) y el autoempleo (casi un millón), y los planes de movilidad también encuentran cabida en el documento.
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