Gómez asegura que se han reducido a la mitad los contratos menores en Murcia

Tras algo más de un año en barbecho, la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación se reunió ayer en el Ayuntamiento de Murcia, centrada en la firma de contratos menores. Tuvo al vicealcalde y concejal de Contratación, Mario Gómez, y a los ediles del PP (exsocios de gobierno en el Ayuntamiento) como principales protagonistas con intercambios de reproches.

Gómez defendió que desde que el nuevo equipo de gobierno municipal (PSOE-Cs) está al frente, se han reducido a la mitad este tipo de contratos: de los 11.827 que se firmaron en 2019 (año previo a la pandemia) a los 5.332 suscritos el año pasado. En la Comisión también se informó de que en dinero, esto había supuesto reducir su importe a 18.318.935 euros, ante los 28.452.064 de 2019.

Para el concejal socialista de Gestión Económica, Enrique Lorca, estos datos «son resultado de una mejor gestión y de una mayor transparencia en el Ayuntamiento, donde existía un claro abuso de los contratos menores».

El edil naranja, por su parte, anunció que la Comisión se reunirá de nuevo en marzo «para dar continuidad al seguimiento de la contratación pública de manera transparente». Y recordó que el objetivo de la misma es conseguir que las adjudicatarias cumplan lo establecido en los pliegos de condiciones.

Ambos destacaron que el Ayuntamiento analizará las irregularidades en la contratación indicadas por la Fiscalía «para tomar medidas correctoras», con protocolos internos que mejoren el control y los procedimientos administrativos, mejorando la calidad del servicio para los ciudadanos.

Los concejales populares, que acusaron a Gómez de incoherente por usar «más» que ellos la figura del contrato menor que tanto había criticado, centraron sus intervenciones en formular sus dudas acerca de la legalidad del contrato de iluminación navideña de este año. Calcularon que supuso un perjuicio económico superior al millón de euros para las arcas municipales.

Asimismo, expusieron otra sospecha acerca de la legalidad de ese contrato, «cuyo pliego e informe técnico solo están firmados por el concejal de Ciudadanos, sin que exista la rúbrica de ningún técnico, lo que denota discrecionalidad y falta de rigurosidad». Añadieron que carecía de estudio de mercado y que podía haberse producido un delito de administración desleal, sin descartar acciones legales.

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