Los expedientes tramitados por el Ayuntamiento de Murcia entre 2017 y 2019 para la adjudicación de las luces de Navidad, en tiempos del gobierno popular de José Ballesta, contienen numerosas irregularidades, pero ninguna de ellas alcanza la categoría del delito de prevaricación. Así lo sostiene ... el fiscal Superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, en un decreto por el que acaba de decidir el archivo de la investigación que abrió meses atrás, a raíz de las denuncias y datos incriminatorios presentados por el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Mario Gómez, y por el abogado Diego de Ramón. La apertura de diligencias informativas por el Ministerio Público determinó que el exconcejal popular Jesús Pacheco, antiguo titular de Cultura, tuviera que prestar declaración como investigado.
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En concreto, el letrado De Ramón sostenía que el contrato originario de la iluminación navideña, suscrito en abril de 2017, fue objeto en diciembre de ese mismo año y en noviembre de 2018 de sendas modificaciones en su periodo de vigencia, por las que se determinó que de una adjudicación inicial por 648.000 euros se pasara a otra superior a los 730.000. Asimismo sostenía que por parte de las dos empresas adjudicatarias se habría procedido a fraccionar los contratos para rebajar las cuantías y soslayar los controles administrativos.
La Fiscalía recibió semanas atrás un informe del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se sostenía que no existía indicio alguno de delito en lo referente a esos posibles fraccionamientos de contratos. Sin embargo, sí apreciaba que podía haberse incurrido en prevaricación en lo referente a las modificaciones en el contrato de suministro, ya que se habrían acometido «sin aportar inicialmente las indispensables peticiones expresas de colectivos, distritos o áreas comerciales».
Además, cuando se aportaron tres peticiones concretas de asociaciones de comerciantes, estas solo habrían justificado dos de los 46 elementos que fueron instalados y ni siquiera se reseñaba las calles concretas en las que se iban a colocar esos elementos decorativos.
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El Ministerio Público, tras concluir su investigación, no duda de la existencia de múltiples irregularidades en la tramitación de esos expedientes. Sin embargo, a la vez reseña que no hay indicios de que desde el equipo de gobierno del PP se tuviera «la intención de simular un interés público inexistente», y añade a ese respecto que resulta «razonable pensar que existirían muchas otras peticiones no escritas de tales colectivos».
Las infracciones cometidas se reducirían así al ámbito administrativo y no alcanzarían el penal, ya que el delito de prevaricación obliga a que la vulneración de la ley sea arbitraria, flagrante, burda y completamente injustificada.
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