El Ayuntamiento de Murcia consumó ayer la firma del convenio a tres bandas, junto a la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Transportes, Movilidad y ... Agenda Urbana, por el cual recibirá fondos para construir 458 viviendas de protección pública destinadas a alquiler social o a un precio asequible. El documento recoge la aportación por parte del Gobierno de España de hasta 22,64 millones, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para desarrollar este proyecto, que comprende diez actuaciones en parcelas municipales de otras tantas pedanías y barrios de Murcia. Dicha cuantía saldrá de los 14,69 millones correspondientes a una primera anualidad, que ya han sido transferidos a la Administración autonómica –según indica el acuerdo–, y a los 14,695 millones que el Ministerio se compromete a abonar con cargo a lo previsto para este año 2023.
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El empleo de estos fondos se distribuye entre la construcción de 81 viviendas –incluidas en cuatro actuaciones– de manera directa por el Consistorio a través de la Urbanizadora Municipal (Urbamusa) y la edificación del resto mediante una fórmula de «colaboración público-privada». Esta última se acometerá a través de un «contrato administrativo especial, en el que la empresa adjudicataria asumirá los riesgos de construcción llave en mano, parcialmente el de la demanda durante el periodo de explotación y el coste de mantenimiento.
Las actuaciones alcanzarán una inversión superior a 52 millones de euros y deberán estar acabadas en junio de 2026
El documento recoge que todos los proyectos deben estar finalizados el 30 de junio de 2026. Las viviendas de ejecución municipal directa se ubicarán en Cabezo de Torres (44), Santo Ángel (13), Beniaján (12) y El Ranero (12). El resto se construirán en La Alberca (110), El Puntal (52), Churra (128) Santiago y Zaraíche (39) y Santiago el Mayor (48). La inversión prevista alcanzará así los 52,168 millones, de los cuales el Gobierno central aportará el 43,41%.
Cuatro de los proyectos serán ejecutados por el Consistorio directamente y el resto con colaboración público-privada
Los inmuebles deberán ser «energéticamente eficientes» y se destinarán al alquiler social o cesión de uso durante un plazo de «50 años». Los inquilinos no podrán tener unas rentas familiares superiores a 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), a 7 veces en el caso de las familias numerosas, y de 7,5 para las de categoría especial. El precio tasado oscilará entre los 6 euros y los 7,90 por metro cuadrado.
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