El escudo que inició la lucha por la huerta de Murcia espera su regreso

Esa mañana, en plenas navidades, los vecinos se pusieron delante de la excavadora y consiguieron detener los trabajos de demolición. La batalla que iniciaron tuvo una onda expansiva, al despertar conciencias acerca de los riesgos que amenazan al cinturón verde de Murcia. Al día siguiente, la Concejalía de Urbanismo ratificó la paralización de las obras y abrió una investigación que, en 2010, derivó en una sanción «muy grave» contra la Junta de Hacendados por acometer sin permiso unos trabajos que alteraron un entorno considerado el principal punto de distribución del riego del Heredamiento del Sur, en la acequia mayor de Alquibla (también llamada Barreras). El expediente disciplinario obligaba a «restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infracción». Pero el requerimiento se ha quedado, de momento, en papel mojado.

Han pasado tres lustros y del conjunto solo se ha recuperado el escudo nobiliario que coronaba la construcción y que, misteriosamente, apareció entre la montaña de ladrillos cuando ya nadie lo buscaba. Presentaba graves daños, por lo que fue trasladado al Centro de Restauración de la Comunidad Autónoma para su rehabilitación. La intervención costó 3.000 euros y, tras los trabajos, a principios de 2010 acabó en el patio del Museo Arqueológico de Murcia (MAM), en régimen de custodia. Ahí sigue, en un exilio forzoso, mientras en Aljucer esperan su vuelta.

Pero el regreso continúa sin fecha, principalmente porque el emplazamiento original donde debería lucir -como establece la normativa al tratarse de un elemento protegido- no existe. La Junta de Hacendados mantiene que la resolución del Servicio de Disciplina Urbanística no le obliga a reedificar el molino. «Resulta imposible reconstruir algo que era una ruina», declara a LA VERDAD Juan Jesús Sánchez, secretario de esa comunidad de regantes, en referencia al estado de conservación que presentaba el inmueble. La asociación AJVA, que lidera la lucha por el molino de Oliver, rebate este argumento y aporta fotografías del antes y del después. «Ahí había una construcción, con unos metros cuadrados y unas alturas, a la que solo le faltaba la puerta. La normativa urbanística es clara y establece la reconstrucción», indica Pedro Jesús Fernández, presidente de dicho colectivo y que aquel 2 de enero se plantó delante de las máquinas. AJVA quiere que el molino de Aljucer, una vez recuperado, se convierta en un centro de estudios patrimoniales.

«La única obligación legal que tenemos es acondicionar la zona y volver a colocar el escudo en un paño de pared», insiste Juan Jesús Sánchez. Para ello, la Junta de Hacendados ya ha encargado un estudio arqueológico y ha remitido una memoria de la intervención a la Consejería de Cultura, a la espera de recibir la autorización para reponer el emblema nobiliario «en un monolito».

La destrucción parcial del molino abrió otro frente a la directiva de la Junta de Hacendados. A mediados de 2014, el entonces presidente de estos regantes, Sigifredo Hernández, fue condenado por un delito contra el patrimonio, ya que el derribo también se llevó por delante el escudo nobiliario de los Oliver, una pieza del siglo XVIII catalogada como bien de interés cultura (BIC), que se alzaba en la construcción. Admitió en el juicio que fue una «imprudencia». El informe de los restauradores dejó constancia de los daños que presentaba la piedra armera por la «agresión física que sufrió durante la demolición»: mostraba «importantes pérdidas de soporte», como los dos cuarteles superiores. Antes de su vuelta a Aljucer, la pieza tendrá que pasar de nuevo por el taller debido a las manchas de humedad e impurezas que ha ido acumulando en el patio del museo desde su restauración.

Según la asociación Huermur, el molino de Oliver «es un símbolo de que no podemos olvidar el daño que se ha hecho al patrimonio», aunque también hace una lectura positiva. El conflicto que se vivió en la pedanía marcó «un antes y un después, poniendo la conservación de la huerta en la agenda política», cree Sergio Pacheco, presidente de dicho colectivo. Además, «sirvió para mostrar a la sociedad que casi nada había cambiado desde que en 1953 se demolieron los baños árabes de la calle Madre de Dios para abrir la Gran Vía. Se seguía destruyendo patrimonio y eso provocó que los ciudadanos se concienciaran sobre la importancia de conservar el legado que hemos recibido», añade. Las repercusiones de aquel ataque también «supusieron un toque de atención para la Administración, al quedar de relieve que destruir patrimonio tiene consecuencias penales», añade.

En Huerta Viva coinciden en que «desde 2008 vemos un avance en la concienciación social, pero lamentablemente no apreciamos lo mismo en el ámbito político, donde los cambios han sido muy pequeños y no se terminan de abordar los problemas de fondo para evitar la degradación de la huerta y su patrimonio cultural». Por otro lado, según José Antonio Moreno, portavoz de dicho colectivo, «la Junta de Hacendados sigue sin comprender la necesidad de conservar la red hidráulica y su patrimonio ambiental y cultural. Los cauces de acequias y azarbes, en su conjunto y complejidad, aportan un enorme beneficio al municipio, pero la directiva de esta comunidad de regantes sigue viéndolos como unos simples canales de riego».

Pedro Jesús Fernández, de AJVA, sostiene que ese movimiento social de defensa del paisaje de la huerta y de sus elementos culturales asociados ya muestra algunos éxitos. «Molinos, partidores y acequias cuentan ahora con protección. Y el rechazo a los entubamientos va en aumento. Hace quince años eso parecía un sueño lejano, pero hoy ya es una realidad». Llama la atención, además, sobre el cambio que supuso dentro de los propios movimientos pro patrimonio el caso de Aljucer. «Los diferentes colectivos nos dimos cuenta de que no podíamos ir cada uno por nuestra cuenta, con acciones puntales aquí y allá. Debíamos actuar de manera conjunta y coordinada para la salvaguarda de la red hidráulica de la huerta y de todo el sistema paisaístico y patrimonial. Y ya no valían solo las acciones en la calle, también había que acudir a los tribunales y a la Administración». Entre medias, la pandemia de la covid vino a echar una mano en esa defensa. Según Fernández, «mucha gente volvió a las parcelas de sus abuelos. Ya no se veían esos terrenos como un lugar para construir, sino como un sitio donde respirar aire puro y cultivar. La huerta se está reinventando otra vez».