Un trabajador de Emuasa inspecciona un contador para comprobar si ha sido manipulado. Ros Caval / AGM

Emuasa detecta sus principales bolsas de fraude entre los propietarios de piscinas en Murcia

Hasta 130.000 metros cúbicos 'recuperó' en 2022 la empresa pública de aguas, que constata un cambio de perfil en el defraudador: «No son de bajo poder adquisitivo»

Miércoles, 16 de agosto 2023, 07:22

Pocas cosas tiene más interiorizadas un murciano que un grifo debe cerrarse cuando no se está utilizando el agua que, casi como un milagro, mana de él. Y es que años y años de campañas de concienciación acaban calando tanto como la gota que no deja de caer. De igual manera, también provoca cierta desazón saber a ciencia cierta que alguien está desperdiciando importantes cantidades del líquido elemento o que, pudiendo hacerlo, no paga por su suministro, bien sea porque el coste limita el uso inadecuado, bien porque ese insolidario fraude acaba repercutiendo en todos los usuarios del sistema a través de un encarecimiento del precio.

Con esa filosofía, la empresa municipal responsable del suministro de agua potable, Emuasa, desarrolla anualmente campañas y labores de inspección para detectar fraudes en el consumo por parte de unos usuarios particulares que no responden desde hace unos años, precisamente, al perfil del que se busca la vida por necesidad, según explica Ángeles Martínez, responsable del Área de Gestión Técnica de Clientes de la compañía.

De esta manera, el año pasado se recuperaron, según cálculos de la sociedad pública, un total de 130.000 metros cúbicos, que es el cálculo realizado en relación al agua que se ha dejado de consumir ilegalmente con la detección de estas prácticas tipificadas como delictivas por el Código Penal. «Si se compara con el agua que se introduce a la red cada año, puede parecer una cantidad pequeña, ya que esta alcanza los 31 hectómetros cúbicos, pero en el contexto del consumo humano concretos, este volumen equivale al abastecimiento anual para una población de 3.200 personas o de una pedanía como Era Alta», ilustra Martínez.

El volumen de suministro que se deja de abonar anualmente equivale al consumo de una pedanía de 3.200 habitantes

Punto de inflexión

Lo que resulta más llamativo, como apuntaba la técnico antes, es el cambio en el perfil económico del defraudador. Si bien hace una década estas prácticas ilegales eran desarrolladas por ciudadanos con rentas bajas, que se ahorraban en ocasiones un pago que quizás no podían afrontar con soltura, la situación se ha dado totalmente la vuelta para estar protagonizadas en estos momentos por personas con un alto poder adquisitivo que se pueden permitir este consumo, por elevado que sea. «La entrada en funcionamiento en 2012 de la tarifa social, que reduce la factura del agua a un pago de apenas cinco euros mensuales, y las medidas para evitar que se corte el agua a familias en situación de vulnerabilidad eliminaron esta casuística», insiste Martínez.

Por ello, Emuasa tiene puesto ahora su punto de mira en usuarios que defraudan esa agua para llenar piscinas o regar grandes jardines anexos a un chalé, a los que normalmente suele conducir el rastro. «Comenzamos a sospechar cuando vemos en una sección importantes desfases entre el agua que introducimos en la red y el consumo que medimos finalmente para su facturación», expone Martínez. En ese momento se inicia un estudio de las causas de esa «falta de rendimiento hidráulico».

Los desfases entre el agua introducida en la red y el consumo medido para su facturación ponen sobre la pista a los inspectores

Fugas sin rastro

En la mayor parte de los casos, esta diferencia se debe a la existencia de fugas, pero en ciertas ocasiones, los trabajadores de la empresa no terminan de dar con la avería y acaban a las puertas de este tipo de fincas o parcelas, ubicadas en la periferia urbana. «Los propietarios suelen escudarse en la existencia de una fuga que desconocían y que nosotros sabemos que no existe; entonces nos toca negociar con ellos y llegar a un acuerdo, porque puede ser inviable iniciar un proceso judicial con cada uno», reconoce Martínez, apostillando, que, al menos, así se genera un efecto disuasorio.

Colaboración ciudadana y denuncias anónimas para mejorar el control

Para detectar los sistemas de defraudación empleados, que van desde la manipulación de los contadores, utilizando los tradicionales imanes, a los enganches directos o derivaciones, Emuasa cuenta con dos brigadas de inspección, que emplean tecnología como las microcámaras, con un alcance de hasta 20 metros dentro de la red y que permiten detectar bifurcaciones. Trabajan estas con una planificación anual, pero también actúan ante avisos ciudadanos, que pueden ser anónimos. «Muchas veces los vecinos nos permiten llegar hasta donde no podemos por nuestros propios medios; por eso es tan importante la colaboración ciudadana, que se puede articular incluso a través de la web de Emuasa, sin necesidad de aportar datos personales», añade Ángeles Martínez, responsable del Área de Gestión Técnica de Clientes de la empresa.

Es esta colaboración la que puede ayudar a dar un salto en la prevención y detección de este tipo de conductas incívicas. Es cierto que el volumen de agua defraudada intervenida ha ido creciendo en los últimos años gracias a estas actuaciones, pasando, por ejemplo, de los 90.000 m3 de 2018 a los 130.000 del año pasado. Sin embargo, estos registros parecen haberse estancado a pesar de intuirse que todavía hay margen para seguir sacando a la luz fraude oculto. También es más que patente que la introducción y expansión del sistema de telelectura, que abarca ya al 43% de los usuarios, está ayudando a frenar estas conductas. «El agua es un bien escaso en esta Región y hay que trabajar para evitar que se derroche», concluye Martínez, apelando a la solidaridad de todos.