El conflicto entre los vecinos y la junta del residencial Altaona de Murcia llega al juzgado

«En abril del año pasado nos enteramos de unas posibles irregularidades que se están produciendo desde la Junta Directiva, tales como el impedimento continuado de la apertura del centro comercial, falta de información por parte de la directiva y los administradores, gasto de recursos económicos que solo favorecen al principal inversor (Altaona)», explica Ignacio Rojas, propietario de dos viviendas en el complejo, que ha interpuesto una denuncia ante la justicia. En los gastos de mantenimiento del 2021, la comunidad de vecinos pagó 277.832 euros, pero el administrador justificó una cantidad inferior que supone un desfase de 120.000 euros, una diferencia que no se ha justificado, según los propietarios.

Además, Rojas asegura que han descubierto alteraciones en la adjudicación de participaciones (coeficiente comunitario) y de diferencias en los pagos de cuotas vecinales. Estas participaciones merman su toma decisión ante el administrador, quien está impidiendo que el centro comercial, quien debería tener más fuerza por su peso, siga sin poder abrirse, pese a haber obtenido en enero de este año la licencia de actividad por parte del Ayuntamiento. Según revela el abogado Juan Manuel Orenes, que defiende los intereses de los vecinos, se va a presentar en los próximos días otra denuncia ante el juzgado por parte del centro comercial por no concederle la participación que le corresponde.

Los propietarios también acusan al presidente de la entidad urbanística Mosa Trajectum, Damon White, por haber cobrado gastos de representación por encima de los 1.250 euros al mes, la cifra que se había acordado. «Tenemos la impresión de que no nos vemos representados ni por la Junta Directiva, ni por los administradores de la finca», precisa Santiago Navarro, otro vecino de la urbanización. Esta «guerra tediosa», como califican ambos afectados, ha empujado a los propietarios a iniciar acciones legales. Incluso, los vecinos han logrado que el Consistorio se implique, ya que consideran que el Gobierno municipal «tiene la responsabilidad directa de velar por el cumplimiento de la ley« al tratarse de una entidad urbanística. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Andrés Guerrero, expresa que el Gobierno local solo puede tomar medidas de tutela. Aún así, el edil consiguió que se suspendiera la Junta Extraordinaria del pasado 16 de marzo debido a irregularidades en la convocatoria y en las participaciones que podrían alterar el normal desarrollo de la reunión. Los administradores cambiaron los asuntos a tratar de los proponentes -los propietarios-, pese a que los estatutos contemplan que «solo podrán ser considerados los puntos de orden del día solicitados por los convocantes».

«Tras todas estas gestiones, nos hemos encontrado con un ataque continuado por parte de la Junta Directiva, donde a través de los administradores de fincas han estado enviando comunicados, descalificando y vertiendo mentiras sobre todo a aquellas personas que estamos implicadas en estas acciones; ni siquiera nos han permitido remitir nuestros comunicados al resto de propietarios para defendernos y argumentar las irregularidades, ni poder indicar a los propietarios los proyectos reales que deseamos acometer», subraya Rojas, quien incluso llega a acusar de abuso de poder a los gestores, al mismo tiempo que solo les pide que se les permita defenderse ante lo que tacha de falsas acusaciones. «Esta situación de indefensa, falta de neutralidad y respeto hacia un número importante de propietarios por parte de los administradores, nos ha conllevado a tener reuniones con el Ayuntamiento para solicitarles que tomen cartas en el asunto, y que ampare los derechos de los propietarios frente esta situación tan irregular», remarca Navarro, quien exige una mayor transparencia.

Los administradores de fincas INMHO negaron a LA VERDAD todas las acusaciones -pagos injustificados, participaciones incorrectas, mayor pago al presidente de la Junta, bloqueo al centro comercial y descalificaciones. Alegan que se trata de un conflicto de intereses entre los promotores y los propietarios, y esperan que, a través de la mediación del Consistorio, se revuelva esta situación que tildan de «compleja».