El concejal de Hacienda niega cualquier tipo de sanción sobre Tribugest

«Es absolutamente falso que se haya retirado una sanción a la empresa encargada de los servicios complementarios de apoyo a la aplicación de los tributos porque para eso debería haber sido impuesta, y eso no se ha producido», explicó el concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, Eduardo Martínez-Oliva, en relación con las manifestaciones realizadas por la oposición respecto al contrato con Tribugest.

Además, los jefes de servicio del Ayuntamiento encargados de ejercer el control sobre este contrato concluyeron que no procedía la imposición de ninguna sanción a la empresa y sí procedía estimar las alegaciones presentadas.

Este acuerdo, según apunta el Grupo Municipal Popular, está basado en los informes emitidos por los funcionarios responsables del contrato y se adoptó por la Junta de Gobierno el 5 de octubre pasado. Concretamente, en el punto 14 del orden del día, por lo que «sorprende que la oposición diga que no se había enterado, a no ser que reconozca su falta de atención hacia la gestión municipal como, por otra parte, es su obligación», añade Martínez Oliva.

La formación popular también desmiente que se vaya a renovar este contrato, puesto que la actual adjudicación prevé una duración de cuatro años -que vence en marzo- y dos prórrogas de un año.

Según constata el Grupo Municipal Popular, prestar este servicio por parte del Ayuntamiento en lugar de continuar con una empresa externa supondría un coste de 4.938.868 euros más, tal y como marca el documento que se presentó en 2017 a la comisión de vigilancia de la contratación que revisó el cumplimiento por parte de Tribugest.

Eduardo Martínez-Oliva apuntó que «el cabecilla de esta iniciativa es el concejal de lo que va quedando de IU, cuya animadversión ante cualquier aspecto que tenga que ver con la iniciativa privada es pública y manifiesta y considera maligno cualquier beneficio lícito que obtenga una empresa».

Sin embargo, sí le sorprende que «otras fuerzas políticas que se consideran liberales se sumen a este carro que persigue desprestigiar los servicios públicos prestados por la empresa privada».