El Ayuntamiento de Murcia ultima la cesión de medio centenar de viviendas rescatadas por la Sareb

Murcia necesita incrementar el parque municipal de viviendas disponibles para situaciones de emergencia habitacional, así como para alquileres sociales, no en vano tiene una lista de espera de más de 900 personas. Además, el Tribunal de Cuentas ha criticado que el Ayuntamiento lleve desde 2007 sin promover ni construir ninguna.

Con este objetivo, el Servicio de Vivienda municipal está ultimando un convenio con la Sareb, también conocida como 'banco malo', para lograr la cesión de 47 viviendas que esta sociedad rescató tras la crisis del ladrillo que afectó a varias entidades financieras. Son inmuebles que van a estar repartidos por todo el municipio y para lo que está presupuestada una inversión de 600.000 euros.

La concejal responsable de este departamento, Paqui Pérez, explicó ayer que esperaba cerrar el acuerdo en un corto plazo. «Llevamos varios meses de reuniones, depurando las opciones y ahora solo nos falta perfilarlas. Todas están en buenas condiciones», aseguró, e indicó que «hay que definir muy bien el convenio para no tener problemas en el futuro, como ha ocurrido en otras ciudades». Pérez comentó que tiene en marcha otras actuaciones para aumentar el parque de viviendas sociales, que en conjunto supondrán 88 inmuebles más.

Doce de ellas se enmarcan en el Plan Estatal de Vivienda y serán subvencionadas a tres bandas (Ministerio de Fomento, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento). Se construirán en Espinardo, Senda de Los Garres, Barrio del Carmen y Churra, con una inversión de casi 860.000 euros. La adquisición de otras dos, de segunda mano y ubicadas en Cabezo de Torres y Javalí Viejo, están pendientes de recibir el visto bueno de Patrimonio.

A estas, la concejal de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo añadió los 13 apartamentos que tendrán disponibles cuando se rehabilite el edificio de Zarandona donde antes vivían las Hermanas de María Reparadora, y que han cedido al Consistorio; las 28 que forman parte del proyecto Almajov de alojamiento intergeneracional, localizadas en un edificio de Ronda Sur; las 25 que recibirán de la Comunidad Autónoma para la erradicación del chabolismo (ya les han adjudicado cinco); y las 8 viviendas de emergencia habitacional fruto de sendos convenios con las asociaciones Rasinet y Columbares.

El Servicio de Vivienda, además del capítulo de inversiones, destina más de 600.000 euros anuales en el mantenimiento (ordinario y urgente) del parque municipal de viviendas, para lo cual cuenta con un contrato que tiene como objetivo atender todas las incidencias.

En la actualidad, el parque municipal consta de 1.028 viviendas repartidas por barrios y pedanías, aunque el grueso está en los barrios del Infante Juan Manuel (conocidas como las 507) y en Espinardo, en el barrio del Espíritu Santo.

Ante las críticas vertidas por el Tribunal de Cuentas, la concejal Paqui Pérez, de Ciudadanos, que asumió la cartera de Vivienda hace casi dos años con la nueva Corporación municipal, lanzó un sincero «no tengo nada que alegar porque lo que dice es cierto». La edil quiso dejar claro, sin embargo, que estaban trabajando para dar un giro a la situación porque estaba «firmemente convencida» de que la vivienda «es la herramienta fundamental para dignificar a las familias», además de ser un derecho reconocido en la Constitución Española.

«Hemos avanzado, pero no estoy satisfecha con lo hecho», dijo, y lamentó el lastre que supone la burocracia para poder avanzar, así como la falta de personal. «Solo hay 25 funcionarios en el Servicio, a todas luces insuficiente para todo el trabajo que tienen que hacer», apuntó. Explicó que de ellos depende el mantenimiento del parque, el seguimiento del millar de familias en alquiler social; la atención a las peticiones de ayuda (han recibido 1.130 solicitudes de subvención durante 2020); y la minoración de la cuota de alquiler en función del cambio en los ingresos familiares.

La concejal se mostró de acuerdo con el tribunal fiscalizador en que el beneficio del patrimonio público del suelo, que en los ejercicios 2019-2020 fue de más de 2 millones de euros, debería revertir en la compra de vivienda social. De hecho, pedirá a sus socios del PP que, en los presupuestos de 2021, se incluya la venta de parcelas municipales con fines sociales, como también se recoge en el artículo 229 de la Ley del Suelo.